Luis Vives
viernes, 9 de octubre de 2009
jueves, 8 de octubre de 2009
“Los bastardos parricidas de Perón”
Unos meses antes del golpe de estado que derrocó al líder político, en 1955, el entonces Presidente de la República en su mensaje pronunciado ante el Congreso de la Nación, el día 1º de mayo de aquel año decía:
... "La honda preocupación de mi Gobierno por la niñez y la juventud va dando sus resultados. Repudiamos todos los privilegios, porque son injustos y lesivos de la dignidad humana, pero hemos consagrado una excepción en favor de la niñez, excepción en la que deben coincidir todos los hombres de buena voluntad, cualquiera sea su raza, su religión, su credo o partido. Seguiremos firmemente esa política, porque entendemos que al obrar así estamos echando las bases inconmovibles de la Argentina del futuro, con la que soñaron los hombres de nuestra historia y cuya consecución es el aliciente primordial en nuestra diaria y fatigosa labor.
Una niñez feliz y una juventud sana y fuerte, formada en los principios de la bondad, de la virtud y la comprensión, libre de prejuicios y sectarismos, brindará al país las generaciones de hombres dirigentes que habrán de llevarlo a sus más altos destinos.
Este Mensaje de 1955 ha de confrontar los principios de nuestra Doctrina con las realidades de nuestra acción para señalar después la ruta del porvenir en cada uno de aquellos principios; este Mensaje de 1955, tendido hacia un futuro en el que habrán de realizarse todos los sueños de nuestras vigilias, no podría tener otro destinatario que la nueva generación... ¡La juventud de la Nueva Argentina!
En 1943 declaré que en esta tierra 'los niños eran los únicos privilegiados'.Aquello no era una simple frase literaria... Decir que los niños eran los únicos privilegiados bajo el sol de nuestra tierra era declarar caducos todos los demás privilegios que oprimían el alma de nuestro Pueblo. ¡Y era, lógicamente, declararles la guerra!...".
Esto significa que, consciente el General Perón de la inminente caída de su gobierno, depositó su esperanza en la misma generación a la que exactamente 19 años después debió enfrentar anunciándole un escarmiento; esto ocurrió también un primero de mayo (1974). Esta decepción del general, posiblemente, aceleró su muerte y, por eso, para algunos peronistas de la primera hora, aquellos “infiltrados que se hicieron pasar por compañeros”; después de la muerte del padre del Movimiento Nacional Justicialista, pasarían a ser: “los bastardos parricidas de Perón”.
Tantos años después, cuando aquella generación llega al Gobierno, aflora nuevamente este sentimiento en el discurso de Hilda “Chiche” Duhalde –pronunciado por la senadora el 17 de octubre de 2008- al celebrarse el Día de la Lealtad.
Pero hoy estamos en condiciones de apreciar con mayor claridad el proceso político, económico y social iniciado en la década del ´70.
Hoy podemos hacer un paralelo, después de esta visión retrospectiva, para sacar nuestras propias conclusiones sin la asistencia –interesada- de intérpretes y traductores que cobran fortunas para funcionar como formadores de opinión.
Hoy podemos acercarnos un poco más a la verdad y reconocer, con mejores elementos de juicio, quienes han sido, o son, los verdaderos parricidas de Perón; pero fundamentalmente, estamos en condiciones de advertir quiénes son los enemigos de su legado histórico.
Ni el gobierno que ejerció el poder desde el primer día del segundo semestre del ´74 hasta fines del ´75; ni el neoliberalismo de la década del ´90 que culminórecién en el 2003, axhiben una política integral –económica, social y cultural- que pueda relacionarse con la filosofía humanista que parieron Eva Duarte y Juan Perón en Agentina.
La política y el derecho son dos caras de una misma moneda. En la práctica, cada lado opera como un teorema recíproco del otro, por lo que la conclusión de una cara le sirve de hipótesis a la otra.
Esto es claro; la política yel derecho se nutren en correspondencia.
El doctor Carlos Sánchez Viamonte, jurisconsulto y escritor –autor entre otras obras de “Hacia un nuevo Derecho Constitucional” y “La cultura frente a la Universidad”-, fue un destacado político y profesor de Derecho Público, que dictaba cátedra de Historia de las Instituciones Políticas en la Universidad de La Plata. Siempre se mostró interesado por la realidad poítica, económica y social de América del sur y fruto de ese particular interés fue la aparición pública de “Unión Latinoamericana” un espacio que abrió junto con Alfredo Palacios y otras destacadas personalidades que, como él, pensaban en la unificación regional como única alternativa.
Samchez Viamonte decía que un maestro del derecho “no lo arrastra, lo empuja”.
Esta regla de oro sería también de aplicación en la arena poítica.
El gran mérito del peronismo de los años ´40 al ´55 fue, precisamente, dejar de arrastrar la política y el derecho, para empezar a empujar ambas herramientas hacia la justicia social y el bien común.
Los parricidas de la doctrina serían, obviamente, quienes insisten en arrastrar los viejos vicios, privilegios y prebendas que indignaban a Evita y que enfrentó Perón sin conseciones.
Por ello, más allá de la diferencia generacional y de la distancia ideológica, los Kirchner estudiaron, se formaron y se graduaron en los pagos de Sánchez Viamonte, en las aulas de la Ciudad de La Plata que, seguramente, quedaron impregnadas del aporte intelectual del socialista. Por alguna razón o por varias, aquél lema de Sánchez Viamonte parecería guiarlos.
Los Kirchner empujan la política y el derecho, del mismo modo que demuestran un claro interés por el destino de los pueblos latinoamericanos.
Los sectores de izquierda les reclaman un mayor cambio revolucionario, sin reparar y sin reconocer la transformación y su profundidad en lo económico y social. La derecha renacentista defiende egoistamente sus exclusivos intereses sectoriales, procurando fortalecer esa tradición siempre orientada a garantizarse un enriquecimiento fácil; divorciándose definitivamente del bien común.
El conceptismo radical abraza ideas de la dictadura habilitada y, desde su posición política, opta por arrastrar el derecho haciendo un esfuerzo intelectual por intenta justificar y conservar normas legales anacrónicas.
El antikirchnerismo reune a diferentes fuerzas –al radicalismo, a la disidencia peronista, a los proconservadores y a las alianzas coyunturales sin contenido ideológico-.
Todas estas exspresiones políticas representan y reeditan la “Confederación de las Derechas”.
Ahora bien, más allá de las razones, de las motivaciones y de los errores, están los resultados; uno de ellos puede ser la conversión de las ideas, y otro, la transformación o traslación de la violencia.
La década del `70 quedó bañada en sangre, como consecuencia del choque entre ideologías. Era la violencia de las pasiones.
Luego vino la exclusión de los partidos políticos y finalmente, en los `90, la exclusión social; después la desesperanza; el desprecio por la vida propia y por la ajena.
Aquella violencia era por la disputa del poder; por la disputa entre dos modelos políticos, económicos y sociales.
Ahora, una parte de la violencia actual es también parte del modelo que se impuso. Es la violencia de la miseria.
Hoy, frente a la muerte, nos preguntamos nuevamente ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta cuándo?
El debate se reproduce entre la mano dura y la mano blanda; sobre el tipo de represión, sobre la ley penal y el procedimiento.
La lupa vuelve a estar sobre la juventud –sobre los adolescentes-.
No podemos volver a equivocarnos.
El egoísmo excluye la generosidad, del mismo modo que, la generosidad excluye el egoísmo.
La exclusión social excluye todas las garantías, de todos los ciudadanos.
Sólo la justicia social podrá excluir una inseguridad que es producto bruto de un modelo inmoderado que antepone, a todo, la conveniencia y el interés de pocos que piensan mucho, en perjuicio de muchos que hoy piensan poco, por ser las víctimas de la brutalidad de un modelo, que excluyó a sus padres, primero, y después los embruteció a ellos condenándolos a la pena anticipada de exclusión perpetua hereditaria.
Pero no queremos ser las víctimas de las víctimas, ni debemos ser sus verdugos.
Estamos hablando de la aplicación de una pena colectiva de exclusión social masiva y a perpetuidad que, para esta generación, ya reviste el carácter de hereditaria.
Lo cierto es que estamos ante un conflicto entre clases sociales, que derivó en un problema mayúsculo de difícil desenlace; y éste es el único gobierno –entre tantos que han pasado- empeñado seriamente en llevar adelante un proyecto nacional y popular. Sin embargo, no deberíamos esperar un milagro exprés; el daño acumulado ha sido tanto que hemos quedado separados. Unos afuera y otros encerrados; de un lado perturbados, violentos e impiadosos –por excluídos- y, del otro lado, ansiosos y con pánico.
Todos condenados sin poder pensar y sin hacernos cargo; pero todos arrastrando aquél bastón que nos cargaron –el penosos bastón del dictador-. Si pudieramos desprendernos de esta carga, qyedaríamos en condiciones de empujar unidos –en comunidad- hacia un mejor futuro.
Pero si insistimos en escuchar a los agoreros que predicen sin fundamentos males y desdichas, volveremos a caer en la vieja trampa de la profecía autocumplida, sin haber desaprendido nada, y eso nos convertiría en una generación perdida.
... "La honda preocupación de mi Gobierno por la niñez y la juventud va dando sus resultados. Repudiamos todos los privilegios, porque son injustos y lesivos de la dignidad humana, pero hemos consagrado una excepción en favor de la niñez, excepción en la que deben coincidir todos los hombres de buena voluntad, cualquiera sea su raza, su religión, su credo o partido. Seguiremos firmemente esa política, porque entendemos que al obrar así estamos echando las bases inconmovibles de la Argentina del futuro, con la que soñaron los hombres de nuestra historia y cuya consecución es el aliciente primordial en nuestra diaria y fatigosa labor.
Una niñez feliz y una juventud sana y fuerte, formada en los principios de la bondad, de la virtud y la comprensión, libre de prejuicios y sectarismos, brindará al país las generaciones de hombres dirigentes que habrán de llevarlo a sus más altos destinos.
Este Mensaje de 1955 ha de confrontar los principios de nuestra Doctrina con las realidades de nuestra acción para señalar después la ruta del porvenir en cada uno de aquellos principios; este Mensaje de 1955, tendido hacia un futuro en el que habrán de realizarse todos los sueños de nuestras vigilias, no podría tener otro destinatario que la nueva generación... ¡La juventud de la Nueva Argentina!
En 1943 declaré que en esta tierra 'los niños eran los únicos privilegiados'.Aquello no era una simple frase literaria... Decir que los niños eran los únicos privilegiados bajo el sol de nuestra tierra era declarar caducos todos los demás privilegios que oprimían el alma de nuestro Pueblo. ¡Y era, lógicamente, declararles la guerra!...".
Esto significa que, consciente el General Perón de la inminente caída de su gobierno, depositó su esperanza en la misma generación a la que exactamente 19 años después debió enfrentar anunciándole un escarmiento; esto ocurrió también un primero de mayo (1974). Esta decepción del general, posiblemente, aceleró su muerte y, por eso, para algunos peronistas de la primera hora, aquellos “infiltrados que se hicieron pasar por compañeros”; después de la muerte del padre del Movimiento Nacional Justicialista, pasarían a ser: “los bastardos parricidas de Perón”.
Tantos años después, cuando aquella generación llega al Gobierno, aflora nuevamente este sentimiento en el discurso de Hilda “Chiche” Duhalde –pronunciado por la senadora el 17 de octubre de 2008- al celebrarse el Día de la Lealtad.
Pero hoy estamos en condiciones de apreciar con mayor claridad el proceso político, económico y social iniciado en la década del ´70.
Hoy podemos hacer un paralelo, después de esta visión retrospectiva, para sacar nuestras propias conclusiones sin la asistencia –interesada- de intérpretes y traductores que cobran fortunas para funcionar como formadores de opinión.
Hoy podemos acercarnos un poco más a la verdad y reconocer, con mejores elementos de juicio, quienes han sido, o son, los verdaderos parricidas de Perón; pero fundamentalmente, estamos en condiciones de advertir quiénes son los enemigos de su legado histórico.
Ni el gobierno que ejerció el poder desde el primer día del segundo semestre del ´74 hasta fines del ´75; ni el neoliberalismo de la década del ´90 que culminórecién en el 2003, axhiben una política integral –económica, social y cultural- que pueda relacionarse con la filosofía humanista que parieron Eva Duarte y Juan Perón en Agentina.
La política y el derecho son dos caras de una misma moneda. En la práctica, cada lado opera como un teorema recíproco del otro, por lo que la conclusión de una cara le sirve de hipótesis a la otra.
Esto es claro; la política yel derecho se nutren en correspondencia.
El doctor Carlos Sánchez Viamonte, jurisconsulto y escritor –autor entre otras obras de “Hacia un nuevo Derecho Constitucional” y “La cultura frente a la Universidad”-, fue un destacado político y profesor de Derecho Público, que dictaba cátedra de Historia de las Instituciones Políticas en la Universidad de La Plata. Siempre se mostró interesado por la realidad poítica, económica y social de América del sur y fruto de ese particular interés fue la aparición pública de “Unión Latinoamericana” un espacio que abrió junto con Alfredo Palacios y otras destacadas personalidades que, como él, pensaban en la unificación regional como única alternativa.
Samchez Viamonte decía que un maestro del derecho “no lo arrastra, lo empuja”.
Esta regla de oro sería también de aplicación en la arena poítica.
El gran mérito del peronismo de los años ´40 al ´55 fue, precisamente, dejar de arrastrar la política y el derecho, para empezar a empujar ambas herramientas hacia la justicia social y el bien común.
Los parricidas de la doctrina serían, obviamente, quienes insisten en arrastrar los viejos vicios, privilegios y prebendas que indignaban a Evita y que enfrentó Perón sin conseciones.
Por ello, más allá de la diferencia generacional y de la distancia ideológica, los Kirchner estudiaron, se formaron y se graduaron en los pagos de Sánchez Viamonte, en las aulas de la Ciudad de La Plata que, seguramente, quedaron impregnadas del aporte intelectual del socialista. Por alguna razón o por varias, aquél lema de Sánchez Viamonte parecería guiarlos.
Los Kirchner empujan la política y el derecho, del mismo modo que demuestran un claro interés por el destino de los pueblos latinoamericanos.
Los sectores de izquierda les reclaman un mayor cambio revolucionario, sin reparar y sin reconocer la transformación y su profundidad en lo económico y social. La derecha renacentista defiende egoistamente sus exclusivos intereses sectoriales, procurando fortalecer esa tradición siempre orientada a garantizarse un enriquecimiento fácil; divorciándose definitivamente del bien común.
El conceptismo radical abraza ideas de la dictadura habilitada y, desde su posición política, opta por arrastrar el derecho haciendo un esfuerzo intelectual por intenta justificar y conservar normas legales anacrónicas.
El antikirchnerismo reune a diferentes fuerzas –al radicalismo, a la disidencia peronista, a los proconservadores y a las alianzas coyunturales sin contenido ideológico-.
Todas estas exspresiones políticas representan y reeditan la “Confederación de las Derechas”.
Ahora bien, más allá de las razones, de las motivaciones y de los errores, están los resultados; uno de ellos puede ser la conversión de las ideas, y otro, la transformación o traslación de la violencia.
La década del `70 quedó bañada en sangre, como consecuencia del choque entre ideologías. Era la violencia de las pasiones.
Luego vino la exclusión de los partidos políticos y finalmente, en los `90, la exclusión social; después la desesperanza; el desprecio por la vida propia y por la ajena.
Aquella violencia era por la disputa del poder; por la disputa entre dos modelos políticos, económicos y sociales.
Ahora, una parte de la violencia actual es también parte del modelo que se impuso. Es la violencia de la miseria.
Hoy, frente a la muerte, nos preguntamos nuevamente ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta cuándo?
El debate se reproduce entre la mano dura y la mano blanda; sobre el tipo de represión, sobre la ley penal y el procedimiento.
La lupa vuelve a estar sobre la juventud –sobre los adolescentes-.
No podemos volver a equivocarnos.
El egoísmo excluye la generosidad, del mismo modo que, la generosidad excluye el egoísmo.
La exclusión social excluye todas las garantías, de todos los ciudadanos.
Sólo la justicia social podrá excluir una inseguridad que es producto bruto de un modelo inmoderado que antepone, a todo, la conveniencia y el interés de pocos que piensan mucho, en perjuicio de muchos que hoy piensan poco, por ser las víctimas de la brutalidad de un modelo, que excluyó a sus padres, primero, y después los embruteció a ellos condenándolos a la pena anticipada de exclusión perpetua hereditaria.
Pero no queremos ser las víctimas de las víctimas, ni debemos ser sus verdugos.
Estamos hablando de la aplicación de una pena colectiva de exclusión social masiva y a perpetuidad que, para esta generación, ya reviste el carácter de hereditaria.
Lo cierto es que estamos ante un conflicto entre clases sociales, que derivó en un problema mayúsculo de difícil desenlace; y éste es el único gobierno –entre tantos que han pasado- empeñado seriamente en llevar adelante un proyecto nacional y popular. Sin embargo, no deberíamos esperar un milagro exprés; el daño acumulado ha sido tanto que hemos quedado separados. Unos afuera y otros encerrados; de un lado perturbados, violentos e impiadosos –por excluídos- y, del otro lado, ansiosos y con pánico.
Todos condenados sin poder pensar y sin hacernos cargo; pero todos arrastrando aquél bastón que nos cargaron –el penosos bastón del dictador-. Si pudieramos desprendernos de esta carga, qyedaríamos en condiciones de empujar unidos –en comunidad- hacia un mejor futuro.
Pero si insistimos en escuchar a los agoreros que predicen sin fundamentos males y desdichas, volveremos a caer en la vieja trampa de la profecía autocumplida, sin haber desaprendido nada, y eso nos convertiría en una generación perdida.
La transferencia del poder
El 19 de diciembre de 1975 fueron leídos por Secretaría dos proyectos de resolución presentados ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, ejercida por Sanchez Toranzo. El primero de ellos llevaba las firmas de José Carmelo Amerise, Antonio A. Tróccoli, Leopoldo Suárez y de otros quince diputados más.Mediante ese proyecto se expresaba un "categórico repudio al intento golpista"; y se exhortaba a "todos los sectores de la República a proceder con serenidad y prudencia en resguardo de la paz social".El segundo proyecto de resolución llevaba las firmas de Francisco J. Moyano, Ricardo Ramón Balestra y de otros ocho diputados nacionales. Se expresaba una "clara posición de defensa y sostenimiento de la Constitución y leyes de la Nación, como asimismo y muy especialmente de los mecanismos constitucionales previstos para asegurar la plena vigencia del orden democrático en el marco fundamental de la moral republicana y la paz social". Se condenaba "todo intento de alteración violenta de la Constitución provenga de donde proviniere, con la finalidad de subvertir el orden republicano y democrático".Se pedía, también, serenidad y prudencia, a todos los sectores de la Nación.El artículo 5º de este segundo proyecto, además decía: "Reafirmando esta voluntad de defender el orden constitucional y la moral pública, presentaremos el pedido de juicio político a la Presidente de la Nación".Se vota y aprueba el proyecto leído en primer término. Luego hace uso de la palabra el diputado Amerise, destacando la presencia de la barra que ocupaba las galerías “interesándose por los destinos del país”. Puestos de pie los diputados y los presentes, entonamos el Himno Nacional.
Ese día, a las 21:30hs, se le cedía el poder a las Fuerzas Armadas –que dejaron pasar el verano para después asumir, formalmente, la conducción del país-.
¿Se había votado, bajo presión de la barra, el proyecto equivocado?
Recuerdo que estaba en la galería del segundo piso; a mi lado se encontraban dos mujeres, una joven –tan joven como yo- y la otra una señora mayor que, después de cantar el himno, nos dijo: -“Le terminan de entregar el gobierno a los milicos; se viene el golpe”. Yo no la conocía, no contesté nada, me retiré en silencio.
Meses después, al recordar ese episodio, me dí cuenta de que yo tampoco había entendido lo que había sucedido ese 19 de diciembre. Me pasó lo mismo que a Leonardo Favio, aquel 20 de junio, en Ezeiza –no estabamos atentos-. El cineasta no habría entendido bien aquel inicio, y yo no había entendido bien aquel final. Con las firmas de Tróccoli y de Suárez, queda claro que los radicales no quicieron hacerse cargo. Los radicales no quisieron asumir la responsabiidad histórica de impedir la interrupción del proceso democrático a pesar de haber advertido, ellos mismos, que este golpe sería distinto; a pesar de haber anunciado en el mes de agosto que, de producirse un golpe, vendría para el país un “baño de sangre”. Los radicales no hicieron nada eficiente para evitar que se cumpliera “la profecía del dolor”.
El radicalismo optó entonces, como lo haría veinticinco años después, por las hélices horizontales que usa para ascender o descender; optó por el helicóptero que le puso fin al gobierno de Isabel, cuando despegó el 24 de marzo del ´76.
Con aquella decisión, peronistas y radicales abrieron “las puertas de las calamidades” y, detrás de ellas, ya se preparaba “el escarmiento”.
El 24 de marzo de 1976 se reúnen en el comando General del Ejercito, el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, quienes “proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República”. Resuelven constituir la Junta Militar con los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas; declaran caducos los mandatos “del Presidente” de la Nación, de los Gobernadores y Vicegobernadores.
La junta asume el poder político y determina disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales; asimismo decide remover a los miembros de la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación, como así también a los integrantes de los tribunales superiores de las provincias.
Los comandantes ordenan suspender la actividad de los partidos políticos y de los gremios.
Ese mismo día, Videla, Massera y Agosti firman el “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización Nacional”. hablaban de “restituir los valores esenciales”,... del “sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia”, ...de “erradicar la subversión”, de “promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal...”.
La Junta Militar señalaba, entre otras, la finalidad de dar prioridad al “interés nacional”, ubicándolo por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo”.
Se hacía hincapié en la necesidad de mantener la “Vigencia de los Valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. Importaba ”la seguridad nacional”; la “situación socio-económica”, el “bienestar general”, el “sistema educativo”, “el capital y el trabajo” y la “ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano...”- esto fue una síntesis de lo esgrimido -.
La Junta dió a conocer, además, el denominado “Estatuto para el proceso de reorganización nacional”, mediante el cual creaba una Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada por nueve oficiales superiores; tres por cada una de las Fuerzas.
Sería entonces la C.A.L. el organismo con facultades legislativas, que intervendría, en lugar del Congreso, en la formación y sanción de las leyes. Cuesta entender que aquel resultado electoral del 73, sin precedentes, no fuera de entidad suficiente a los efectos de garantizar una acción legislativa exitosa.
En lo que se refiere al estado de sitio, se terminó la anterior polémica sobre su origen y alcances. Los Comandantes se pronunciaron rápidamente; suspendieron de inmediato el derecho de opción para salir fuera del territorio nacional.
El otro gran tema no resuelto en democracia, el de las provincias intervenidas, también quedó, obviamente, fuera de toda discusión; cesaron en sus funciones aquellos interventores federales.
Ya no había nada que debatir. El consenso era tan irrelevante como el disenso. Los acuerdos de los partidos políticos en relación con asuntos de interés común, ya no interesaban, se había perdido la idea de unidad nacional; se había perdido la oportunidad histórica de la conciliación y por ende, se había perdido el objetivo.
Perón dijo a su arribo: Llego casi descarnado; nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida: servir lealmente a la patria.
Sólo pido de los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista, porquew ese ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciamos.
Tal vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa o imprecisa, pero hay que tener en cuenta las circunstancias enlas que la iniciamos. La situación del país es de tal gravedad, que nadie puede pensar en una construcción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, olo qrreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie.
Pro eso deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, paa que comencemos a ponernos de acuerdo”
Poco tiempo después deciá: “Existen, sin duda,
Factores negativops que provocan consecuencias a cuyas causas hay que ponerles remedio. Pero ocurren también hechos que sólo obedecen a causas provocadas o invocadas al servicio de una campaña psicológica con fines inconfesables, desarrollados ante la indiferencia de unos y la desaprención de otros y que provocan un estado de cosas que, si bien tioenen un objetivo bastardo, no por ello dejan de perjudicar la confianza popular y la firme decisión que el país debe tener en la reconstrucción y liberaciópn en que estamos empeñados.
Así podríamos estar acercándonos a una lucha cruenta que algunos insensatos intentan provocar en tanto el gobierno se esfuerza por evitarla”.
Desde su regreso a la Argentina, Perón estaba atento y alarmado por el accionar permanente de quienes esperaban el fracaso del sistema democrático y especulaban, una y otra vez, con la aparición de eventuales hechos que hicieran posible una renovada aventura reaccionaria.
Perón sabía que debía erradicar la violencia organizada.
Él solo no podía luchar con el extremismo; ya en 1974 debió implementarse un mecanismo de represión, parecía inevitable. Tenía que enfrentar también a grupos que antes habían colaborado con él, y que habían hecho, en su oportunidad, un valioso aporte en favor de su retorno.
La importancia que el General Perón le dio a la juventud fue directamente proporcional a la preocupación que ésta le generaba por la disputa de una cuota de poder dentro de un movimiento integrado por sectores.
Perón temía que aquella juventud fuera usada por supuestos líderes que hablaban de revolución, vendiendo falsas consignas, que podían significar mandar a morir a una generación entera. Él pretendía una revolución en paz, pero muchos jóvenes no entendían ni aceptaban aquella idea de revolución sin sangre; estaban guiados por nuevos dirigentes.
Es posible que esos jóvenes, usados o no, ignorasen entonces que los sangrientos ríos que iban a correr, llevarían su propia sangre y la de tantos otros inocentes.
El peronismo solo, no podía solucionar una problemática social tan compleja que lo superaba, lo excedía, lo sobrepasaba; y para colmo de males, aquella juventud tan politizada y organizada, se mostraba como nunca antes, ansiosa e impaciente, ya no pedía cambios, los demandaba imperiosamente y por la fuerza. Frente a tanta exigencia, el movimiento terminó por dividirse.
A mediados del 74 el enfrentamiento, entre los distintos grupos en pugna por la herencia política, ya era evidente, y la violencia se habría convertido en el único instrumento capaz de resolver las discrepancias internas.
Una vez fracturado el movimiento, quedaron de un lado los peronistas de siempre, “la ortodoxia”; y del otro, los que gritaban vivamente por “la patria socialista”. Perón quedó en el medio, sirviendo de equilibrio mientras pudo; siempre consciente y convencido de sus límites; él sólo no podía contra la adversidad y él más que nadie, lo sabía.Su interés en la conciliación se advierte, primero, con “la Hora del Pueblo” y, luego, por el diálogo que impulsó y mantuvo con la minoría, intentando la unidad nacional, desde su regreso y hasta la muerte.
Ese día, a las 21:30hs, se le cedía el poder a las Fuerzas Armadas –que dejaron pasar el verano para después asumir, formalmente, la conducción del país-.
¿Se había votado, bajo presión de la barra, el proyecto equivocado?
Recuerdo que estaba en la galería del segundo piso; a mi lado se encontraban dos mujeres, una joven –tan joven como yo- y la otra una señora mayor que, después de cantar el himno, nos dijo: -“Le terminan de entregar el gobierno a los milicos; se viene el golpe”. Yo no la conocía, no contesté nada, me retiré en silencio.
Meses después, al recordar ese episodio, me dí cuenta de que yo tampoco había entendido lo que había sucedido ese 19 de diciembre. Me pasó lo mismo que a Leonardo Favio, aquel 20 de junio, en Ezeiza –no estabamos atentos-. El cineasta no habría entendido bien aquel inicio, y yo no había entendido bien aquel final. Con las firmas de Tróccoli y de Suárez, queda claro que los radicales no quicieron hacerse cargo. Los radicales no quisieron asumir la responsabiidad histórica de impedir la interrupción del proceso democrático a pesar de haber advertido, ellos mismos, que este golpe sería distinto; a pesar de haber anunciado en el mes de agosto que, de producirse un golpe, vendría para el país un “baño de sangre”. Los radicales no hicieron nada eficiente para evitar que se cumpliera “la profecía del dolor”.
El radicalismo optó entonces, como lo haría veinticinco años después, por las hélices horizontales que usa para ascender o descender; optó por el helicóptero que le puso fin al gobierno de Isabel, cuando despegó el 24 de marzo del ´76.
Con aquella decisión, peronistas y radicales abrieron “las puertas de las calamidades” y, detrás de ellas, ya se preparaba “el escarmiento”.
El 24 de marzo de 1976 se reúnen en el comando General del Ejercito, el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, quienes “proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República”. Resuelven constituir la Junta Militar con los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas; declaran caducos los mandatos “del Presidente” de la Nación, de los Gobernadores y Vicegobernadores.
La junta asume el poder político y determina disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales; asimismo decide remover a los miembros de la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación, como así también a los integrantes de los tribunales superiores de las provincias.
Los comandantes ordenan suspender la actividad de los partidos políticos y de los gremios.
Ese mismo día, Videla, Massera y Agosti firman el “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización Nacional”. hablaban de “restituir los valores esenciales”,... del “sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia”, ...de “erradicar la subversión”, de “promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal...”.
La Junta Militar señalaba, entre otras, la finalidad de dar prioridad al “interés nacional”, ubicándolo por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo”.
Se hacía hincapié en la necesidad de mantener la “Vigencia de los Valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. Importaba ”la seguridad nacional”; la “situación socio-económica”, el “bienestar general”, el “sistema educativo”, “el capital y el trabajo” y la “ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano...”- esto fue una síntesis de lo esgrimido -.
La Junta dió a conocer, además, el denominado “Estatuto para el proceso de reorganización nacional”, mediante el cual creaba una Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada por nueve oficiales superiores; tres por cada una de las Fuerzas.
Sería entonces la C.A.L. el organismo con facultades legislativas, que intervendría, en lugar del Congreso, en la formación y sanción de las leyes. Cuesta entender que aquel resultado electoral del 73, sin precedentes, no fuera de entidad suficiente a los efectos de garantizar una acción legislativa exitosa.
En lo que se refiere al estado de sitio, se terminó la anterior polémica sobre su origen y alcances. Los Comandantes se pronunciaron rápidamente; suspendieron de inmediato el derecho de opción para salir fuera del territorio nacional.
El otro gran tema no resuelto en democracia, el de las provincias intervenidas, también quedó, obviamente, fuera de toda discusión; cesaron en sus funciones aquellos interventores federales.
Ya no había nada que debatir. El consenso era tan irrelevante como el disenso. Los acuerdos de los partidos políticos en relación con asuntos de interés común, ya no interesaban, se había perdido la idea de unidad nacional; se había perdido la oportunidad histórica de la conciliación y por ende, se había perdido el objetivo.
Perón dijo a su arribo: Llego casi descarnado; nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida: servir lealmente a la patria.
Sólo pido de los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista, porquew ese ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciamos.
Tal vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa o imprecisa, pero hay que tener en cuenta las circunstancias enlas que la iniciamos. La situación del país es de tal gravedad, que nadie puede pensar en una construcción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, olo qrreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie.
Pro eso deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, paa que comencemos a ponernos de acuerdo”
Poco tiempo después deciá: “Existen, sin duda,
Factores negativops que provocan consecuencias a cuyas causas hay que ponerles remedio. Pero ocurren también hechos que sólo obedecen a causas provocadas o invocadas al servicio de una campaña psicológica con fines inconfesables, desarrollados ante la indiferencia de unos y la desaprención de otros y que provocan un estado de cosas que, si bien tioenen un objetivo bastardo, no por ello dejan de perjudicar la confianza popular y la firme decisión que el país debe tener en la reconstrucción y liberaciópn en que estamos empeñados.
Así podríamos estar acercándonos a una lucha cruenta que algunos insensatos intentan provocar en tanto el gobierno se esfuerza por evitarla”.
Desde su regreso a la Argentina, Perón estaba atento y alarmado por el accionar permanente de quienes esperaban el fracaso del sistema democrático y especulaban, una y otra vez, con la aparición de eventuales hechos que hicieran posible una renovada aventura reaccionaria.
Perón sabía que debía erradicar la violencia organizada.
Él solo no podía luchar con el extremismo; ya en 1974 debió implementarse un mecanismo de represión, parecía inevitable. Tenía que enfrentar también a grupos que antes habían colaborado con él, y que habían hecho, en su oportunidad, un valioso aporte en favor de su retorno.
La importancia que el General Perón le dio a la juventud fue directamente proporcional a la preocupación que ésta le generaba por la disputa de una cuota de poder dentro de un movimiento integrado por sectores.
Perón temía que aquella juventud fuera usada por supuestos líderes que hablaban de revolución, vendiendo falsas consignas, que podían significar mandar a morir a una generación entera. Él pretendía una revolución en paz, pero muchos jóvenes no entendían ni aceptaban aquella idea de revolución sin sangre; estaban guiados por nuevos dirigentes.
Es posible que esos jóvenes, usados o no, ignorasen entonces que los sangrientos ríos que iban a correr, llevarían su propia sangre y la de tantos otros inocentes.
El peronismo solo, no podía solucionar una problemática social tan compleja que lo superaba, lo excedía, lo sobrepasaba; y para colmo de males, aquella juventud tan politizada y organizada, se mostraba como nunca antes, ansiosa e impaciente, ya no pedía cambios, los demandaba imperiosamente y por la fuerza. Frente a tanta exigencia, el movimiento terminó por dividirse.
A mediados del 74 el enfrentamiento, entre los distintos grupos en pugna por la herencia política, ya era evidente, y la violencia se habría convertido en el único instrumento capaz de resolver las discrepancias internas.
Una vez fracturado el movimiento, quedaron de un lado los peronistas de siempre, “la ortodoxia”; y del otro, los que gritaban vivamente por “la patria socialista”. Perón quedó en el medio, sirviendo de equilibrio mientras pudo; siempre consciente y convencido de sus límites; él sólo no podía contra la adversidad y él más que nadie, lo sabía.Su interés en la conciliación se advierte, primero, con “la Hora del Pueblo” y, luego, por el diálogo que impulsó y mantuvo con la minoría, intentando la unidad nacional, desde su regreso y hasta la muerte.
Una novedad que se pone vieja
Recordemos que el 5 de febrero del ´75, la Presidente de la Nación decretó, en acuerdo general de ministros, adoptar medidas para erradicar la subversión que actuaba en la provincia de Tucumán.
La norma legal utilizada para formalizar aquel acto de gobierno, fue un decreto secreto que ordenaba la ejecución de operaciones militares “que fueran necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...” el decreto establecía la participación del Comando General del Ejercito, del Ministerio del Interior, de la Policía Federa, del Ministerio de Defensa, de la Policía Provincial de Tucumán, de los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea, del Ministerio de Bienestar Social, y de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, el día 9 de febrero se iniciaba en aquella provincia el “Operativo Independencia”; las autoridades nacionales determinaron, así, enfrentar al Ejercito Revolucionario del Pueblo.
Se decía que el objetivo del E.R.P. era, desde hacía ya varios años, utilizar la zona rural y montuosa de Tucumán, para desarrollar ahí una gerrilla que posibilitara declarar a la provincia “Zona liberada”.
Este decreto llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón, Rocamora, Savino, López Rega, Ivanissevich, Gómez Morales, Vignes y Otero.
La Unión Cívica Radical señalaba que la ley sobre Defensa Nacional que se estaba considerando, no era ni más ni menos que la anterior "norma vigente durante el gobierno de la Revolución Argentina, a la que se incorporan tres decretos dictados en el interinato del Dr. Italo Argentino Luder..."Asimismo la U.C.R., destacaba la "preocupación del Poder Ejecutivo al someter a la decisión de este Parlamento, que es en definitiva la más auténtica representación del pueblo argentino, la aprobación de tres decretos, que algunos hombres de las Fuerzas Armadas llaman "decretos Luder" -porque fueron dictados durante su interinato- para que sean legitimados con la sanción del Congreso..." -y continuaba el diputado Eduardo Massolo diciendo- "...celebramos que el Poder Ejecutivo, respetando la decisión del pueblo argentino, no se haya querido manejar con los decretos dictados durante el interinato del Dr. Luder y requiera un pronunciamiento expreso del Parlamento respecto de su validez. Esto afianza el proceso institucional en que estamos todos comprometidos". Desde el radicalismo se hacía referencia a la "violencia protegida"; se hacía alusión a "la acción fascista de la derecha, particularmente “Las tres A...” Massolo hablaba de los "círculos minoritarios que quieren a toda costa el golpe de Estado porque es el único medio para poder seguir usufructuando, al margen del pueblo, de los poderes que el pueblo jamás les concedería a través de las urnas".Durante el debate parlamentario se recordó que el año anterior un Comandante General del Ejército, "dignísimo Comandante", a quien el General Perón había honrado con su confianza, advertía sobre la problemática socioeconómica que afectaba "las bases fundamentales de la sociedad tucumana".El Teniente General Anaya consideraba que el Ejército no podía mantenerse allí, en una acción "exclusivamente represiva"; reclamaba medidas de fondo a nivel social para dar solución a los problemas más acuciantes de los tucumanos. Ese Comandante General del Ejército Argentino, luego de entrevistarse con la señora Presidente, y de viajar a Tucumán con ella, regresó y horas después había dejado de ser el Comandante General. Massolo también se recordó el discurso pronunciado el 11 de agosto, Día de la Aeronáutica; dijo que en aquella oportunidad, el Brigadier General Fautario sostuvo que el proyecto nacional que ambicionaba la Fuerza Aérea y la mayoría del pueblo era: "una Nación donde los derechos y necesidades materiales fundamentales del hombre estén asegurados, para que éste pueda optar libremente por el destino trascendente que tiene como persona..." Según el diputado el Brigadier hablaba de "una Nación políticamente independiente"; hablaba de "la participación plena de la comunidad en las decisiones de la vida del país"; hablaba de "una Nación ligada solidariamente a la América Latina y promotora de su unión integral a efectos de potencializar la capacidad de defensa común contra los intentos imperialistas de dominación"; hablaba de "una Nación activamente respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos y, por ello, relacionada política y comercialmente con todos los países de la tierra cualquiera sean sus posturas ideológicas”; “una Nación donde el Estado no sea prescindente ni totalitario..."Aquel diputado nacional del bloque de la Unión Cívica Radical, luego de recordar lo antes expuesto y antes de finalizar, elevó una plegaria al Señor: "que Dios ilumine al Ejército Argentino y lo aleje definitivamente de un golpe de Estado que interrumpa el proceso, para dejar en manos del pueblo la decisión final de su destino".
El 20 de noviembre el diputado Cárdenas comentaba en el recinto, que Bernardo Neustadt había "podido escribir con autoridad lo siguiente": - "La guerrilla es una novedad que se pone vieja, pero está ahí, mortífera, fatal, enterrándonos de a uno, porque la sociedad no ha tomado consciencia de que estamos en una miniatura de guerra civil. Porque vamos de velatorio en velatorio y de sepelio en sepelio como un hábito. Nos amontonamos frente a la muerte. Cada día nos estremecemos menos, aunque gritemos más. Muchos porque la indiferencia forma parte del patrimonio nacional. Este año así como la inflación alcanzará el 300 por ciento, nuestros muertos en la famosa "revolución en paz" alcanzarán casi a los mil ochocientos. Un punto de inflación por día, seis muertos por jornada". -y sigue el periodista-: "¿Qué hacemos? El Ejército lucha en Tucumán. Los organismos de seguridad, policía y gendarmería, matan y mueren, todos desde la soledad. La sensación militar de soledad debe ser tremenda. Se muerden los labios. ¿Estamos en guerra o no?, se preguntan los que están en las trincheras. ¿Estamos en guerra todos o sólo nosotros?"Y aquel diputado nacional manifestaba: "Las campanas siguen doblando sobre la sangre de los combatientes muertos, y en las grandes ciudades los estadios siguen llenándose para ovacionar las exquisiteces de los cracks futbolísticos de moda; las campanas siguen tocando a duelo, y los hipódromos también se llenan, en esta ciudad y en otras, para empujar con los gritos de la multitud las patas del favorito. Pareciera que hay dos países, pero hay uno solo y está gravemente amenazado...”.
El 30 de septiembre del ´75 se había presentado en la Cámara un proyecto de declaración que expresaba un absolutorechazo frente a la posibilidad de que se incorpore a la Carta de Organización de los Estados Americanos –O.E.A.- como uno de sus objetivos fundamentales, el de controlar el desarrollo del poderío atómico de los países de América Latina.
El proyecto de Fernández Valoni –diputado del Frejuli- se basava en que Estados Unidos, siendo miembro, ya poseía un vasto arsenal de armas atómicas; por lo que se advertía la inconveniencia de acordar temas relacionados conla defensa y seguridad de los pueblos latinoamericanos en un foro en el cua alguno de sus integrantes –por su mayor poderío- intentaba ejercer un “tutelaje asfixiante” que operaba, en última instancia, contra el proyecto de unidad y liberación de América Latina.
Washington proponía como uno de los objetivos fundamentales de la O.E.A. coadyuvar a la proscripción de las armas nucleares en América Latina.
Fernández Valoni aclaraba que, “en el concepto nacional y popular de integración, lo continental es lo latinoamericano; y fue en ese marco en el que la política exterior del General Perón impulsó los pasos concretos hacia la unidad de los pueblos latinoamericanos a través –fundamentalmente- de las reuniones de sus cancilleres en una sola voz frente a los conductores de la política de la dependencia…
Este proyecto fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; pocos meses después asumía la conducción del país una junta militar. Hoy tenemos las bases del imperio en la región.
La norma legal utilizada para formalizar aquel acto de gobierno, fue un decreto secreto que ordenaba la ejecución de operaciones militares “que fueran necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...” el decreto establecía la participación del Comando General del Ejercito, del Ministerio del Interior, de la Policía Federa, del Ministerio de Defensa, de la Policía Provincial de Tucumán, de los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea, del Ministerio de Bienestar Social, y de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, el día 9 de febrero se iniciaba en aquella provincia el “Operativo Independencia”; las autoridades nacionales determinaron, así, enfrentar al Ejercito Revolucionario del Pueblo.
Se decía que el objetivo del E.R.P. era, desde hacía ya varios años, utilizar la zona rural y montuosa de Tucumán, para desarrollar ahí una gerrilla que posibilitara declarar a la provincia “Zona liberada”.
Este decreto llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón, Rocamora, Savino, López Rega, Ivanissevich, Gómez Morales, Vignes y Otero.
La Unión Cívica Radical señalaba que la ley sobre Defensa Nacional que se estaba considerando, no era ni más ni menos que la anterior "norma vigente durante el gobierno de la Revolución Argentina, a la que se incorporan tres decretos dictados en el interinato del Dr. Italo Argentino Luder..."Asimismo la U.C.R., destacaba la "preocupación del Poder Ejecutivo al someter a la decisión de este Parlamento, que es en definitiva la más auténtica representación del pueblo argentino, la aprobación de tres decretos, que algunos hombres de las Fuerzas Armadas llaman "decretos Luder" -porque fueron dictados durante su interinato- para que sean legitimados con la sanción del Congreso..." -y continuaba el diputado Eduardo Massolo diciendo- "...celebramos que el Poder Ejecutivo, respetando la decisión del pueblo argentino, no se haya querido manejar con los decretos dictados durante el interinato del Dr. Luder y requiera un pronunciamiento expreso del Parlamento respecto de su validez. Esto afianza el proceso institucional en que estamos todos comprometidos". Desde el radicalismo se hacía referencia a la "violencia protegida"; se hacía alusión a "la acción fascista de la derecha, particularmente “Las tres A...” Massolo hablaba de los "círculos minoritarios que quieren a toda costa el golpe de Estado porque es el único medio para poder seguir usufructuando, al margen del pueblo, de los poderes que el pueblo jamás les concedería a través de las urnas".Durante el debate parlamentario se recordó que el año anterior un Comandante General del Ejército, "dignísimo Comandante", a quien el General Perón había honrado con su confianza, advertía sobre la problemática socioeconómica que afectaba "las bases fundamentales de la sociedad tucumana".El Teniente General Anaya consideraba que el Ejército no podía mantenerse allí, en una acción "exclusivamente represiva"; reclamaba medidas de fondo a nivel social para dar solución a los problemas más acuciantes de los tucumanos. Ese Comandante General del Ejército Argentino, luego de entrevistarse con la señora Presidente, y de viajar a Tucumán con ella, regresó y horas después había dejado de ser el Comandante General. Massolo también se recordó el discurso pronunciado el 11 de agosto, Día de la Aeronáutica; dijo que en aquella oportunidad, el Brigadier General Fautario sostuvo que el proyecto nacional que ambicionaba la Fuerza Aérea y la mayoría del pueblo era: "una Nación donde los derechos y necesidades materiales fundamentales del hombre estén asegurados, para que éste pueda optar libremente por el destino trascendente que tiene como persona..." Según el diputado el Brigadier hablaba de "una Nación políticamente independiente"; hablaba de "la participación plena de la comunidad en las decisiones de la vida del país"; hablaba de "una Nación ligada solidariamente a la América Latina y promotora de su unión integral a efectos de potencializar la capacidad de defensa común contra los intentos imperialistas de dominación"; hablaba de "una Nación activamente respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos y, por ello, relacionada política y comercialmente con todos los países de la tierra cualquiera sean sus posturas ideológicas”; “una Nación donde el Estado no sea prescindente ni totalitario..."Aquel diputado nacional del bloque de la Unión Cívica Radical, luego de recordar lo antes expuesto y antes de finalizar, elevó una plegaria al Señor: "que Dios ilumine al Ejército Argentino y lo aleje definitivamente de un golpe de Estado que interrumpa el proceso, para dejar en manos del pueblo la decisión final de su destino".
El 20 de noviembre el diputado Cárdenas comentaba en el recinto, que Bernardo Neustadt había "podido escribir con autoridad lo siguiente": - "La guerrilla es una novedad que se pone vieja, pero está ahí, mortífera, fatal, enterrándonos de a uno, porque la sociedad no ha tomado consciencia de que estamos en una miniatura de guerra civil. Porque vamos de velatorio en velatorio y de sepelio en sepelio como un hábito. Nos amontonamos frente a la muerte. Cada día nos estremecemos menos, aunque gritemos más. Muchos porque la indiferencia forma parte del patrimonio nacional. Este año así como la inflación alcanzará el 300 por ciento, nuestros muertos en la famosa "revolución en paz" alcanzarán casi a los mil ochocientos. Un punto de inflación por día, seis muertos por jornada". -y sigue el periodista-: "¿Qué hacemos? El Ejército lucha en Tucumán. Los organismos de seguridad, policía y gendarmería, matan y mueren, todos desde la soledad. La sensación militar de soledad debe ser tremenda. Se muerden los labios. ¿Estamos en guerra o no?, se preguntan los que están en las trincheras. ¿Estamos en guerra todos o sólo nosotros?"Y aquel diputado nacional manifestaba: "Las campanas siguen doblando sobre la sangre de los combatientes muertos, y en las grandes ciudades los estadios siguen llenándose para ovacionar las exquisiteces de los cracks futbolísticos de moda; las campanas siguen tocando a duelo, y los hipódromos también se llenan, en esta ciudad y en otras, para empujar con los gritos de la multitud las patas del favorito. Pareciera que hay dos países, pero hay uno solo y está gravemente amenazado...”.
El 30 de septiembre del ´75 se había presentado en la Cámara un proyecto de declaración que expresaba un absolutorechazo frente a la posibilidad de que se incorpore a la Carta de Organización de los Estados Americanos –O.E.A.- como uno de sus objetivos fundamentales, el de controlar el desarrollo del poderío atómico de los países de América Latina.
El proyecto de Fernández Valoni –diputado del Frejuli- se basava en que Estados Unidos, siendo miembro, ya poseía un vasto arsenal de armas atómicas; por lo que se advertía la inconveniencia de acordar temas relacionados conla defensa y seguridad de los pueblos latinoamericanos en un foro en el cua alguno de sus integrantes –por su mayor poderío- intentaba ejercer un “tutelaje asfixiante” que operaba, en última instancia, contra el proyecto de unidad y liberación de América Latina.
Washington proponía como uno de los objetivos fundamentales de la O.E.A. coadyuvar a la proscripción de las armas nucleares en América Latina.
Fernández Valoni aclaraba que, “en el concepto nacional y popular de integración, lo continental es lo latinoamericano; y fue en ese marco en el que la política exterior del General Perón impulsó los pasos concretos hacia la unidad de los pueblos latinoamericanos a través –fundamentalmente- de las reuniones de sus cancilleres en una sola voz frente a los conductores de la política de la dependencia…
Este proyecto fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; pocos meses después asumía la conducción del país una junta militar. Hoy tenemos las bases del imperio en la región.
El enemigo
En aquel mismo homenaje que los diputados rendían a José Ignacio Rucci, Carmelo Vinti preguntó: "¿No estará la clase trabajadora redimiendo con su sangre los pecados que se cometen en la Argentina? ¿no querrá Dios que la clase obrera abandone las funciones específicas de su ámbito profesional y se proyecte más allá de ellas? ¿Hasta cuándo la clase obrera seguirá alimentando con su sudor el surco del que los corruptos sacan provecho para sus festines y para seguir explotándola y medrar en detrimento de la grandeza del país?" Monsalve hablaba de la "demencia colectiva"; sostenía que esa demencia se había apoderado de un sector de los argentinos. Hacía referencia a los atentados que se reiteraban a diario cobrando vidas inocentes, como las de niños y niñas que nada tenían que ver con aquellos conflictos que soportaba el país.
Ángel Citati recordaba: “cuando nuestro lider regresó al país nos convocó a sepultar revanchas y a acallar rencores”. Pero también advertía el diputado que Rucci –como Vandor, Alonso, Moreno, Mansilla, Bianculi y otros muchos- fue víctima de la emboscada, “de esas bestias que son alentadas y, con seguridad, mantenidas por aquellos mismos que nos están prometiendo nuevos baños de sangre o que aspiran a reconquistar prebendas que les arrebató el pueblo en la revolución pacífica de las urnas”… “y así como le dijimos al mundo que, con vocación democrática hicimos estallar las urnas de fe argentina y peronista, también estamos dispuestos a enfrentar esa provocación hasta agotar nuestra paciencia; y de ahí en más, estamos dispuestos a hacer tronar el escarmiento”.
Preocupaba cada vez más la situación de ciudadanos detenidos por supuestas infracciones a la ley 20840, de delitos contra el orden institucional y la paz social. Varios diputados entendían que la subversión y el terrorismo habían creado ya un estado de inseguridad e incertidumbre, pero además advertía que, en tales circunstancias, determinados procedimientos realizados por organismos dependientes del Poder Ejecutivo, agudizaban el problema que afrontaba la República. Se aseguraba que esos organismos, en reiteradas oportunidades actuaban por denuncias anónimos, efectuaban allanamientos y privaban de la libertad a ciudadanos que luego, los correspondientes pronunciamientos judiciales disponían libertad provisoria, en algunos casos, y definitiva en otros por falta de méritos; pero que no obstante las conclusiones de los magistrados seguían los detenidos, a disposición del Ejecutivo, razón por la cual se presentó un proyecto de declaración solicitando una mayor agilización en el tratamiento de las actuaciones relacionadas con la ley 20840. El proyecto de declaración había sido presentado por el diputado Vergara que integraba el bloque de la mayoría. Importa señalar que un hijo suyo llevaba seis meses a disposición del Poder Ejecutivo, y en igual situación se encontraban también un hermano y primos de aquel diputado nacional por la provincia de La Rioja. Todo esto se había ventilado, antes de ser tratado en el recinto, en el seno del Frente Justicialista de Liberación. Este proyecto contaba con más de veinte firmas, entre ellas la de Julio Bárbaro. Se trató el 26 de septiembre. El diputado había realizado gestiones orientadas a lograr la libertad de aquellos detenidos, de sus parientes y de otros hombres que él consideraba inocentes. El bloque se interesó y dispuso hacer las averiguaciones tendientes a esclarecer el caso de la familia Vergara. Ni el ministro del Interior, ni el de Defensa, ni el de Justicia, dieron respuesta a la inquietud cursada por escrito, que en su oportunidad remitiera el bloque Justicialista a cada unos de ellos. El único que contestó fue el juez federal de La Rioja, informando que los detenidos mencionados contaban con auto de libertad provisoria y sobreseimiento provisorio, "por no existir motivos jurídicos que aconsejen su detención"... Desde la U.C.R. se daba apoyo al proyecto de declaración, pero además se dejaba constancia de la protesta originada en la falta de tratamiento, por parte del Congreso, de un estado de sitio establecido por decreto, lo que implicaba vulnerar la Constitución Nacional. Otros bloques también adherían. Héctor Sandler destacaba, concretamente, la importancia de respetar la ley, de respetar los procedimientos de rigor y, obviamente, la importancia de respetar los derechos humanos.
El radical Mario Amaya reclamaba el derecho de la oposición de juzgar y llamar la atención al gobierno sobre situaciones que calificaba de “injustas”. Se refería a la situación de los detenidos.
Pidió entonces la palabra el diputado D´Angelo del Frejuli y dijo: “El 25 de mayo de 1973, cuando se votó la ley de amnistía, concurrimos a liberar a 16 detenidos en la carcel de Caseros. Justamente el señor diputado Amaya concurrió con nosotros. Teníamos que liberar a 16 detenidos y también teníamos que poner la firma y hacernos responsables. Pero cuando buscamos al señor diputado Amaya para que pusiera la firma ya no estaba más, se había retirado; y por lo tanto, no firmó la orden de libertad de os detenidos. Esta oportunidad, osea la de expresar lo que siento, hace dos años que la estaba esperando. Por lo tanto, si os detenidos esperan que el señor diputado Amaya ponga la firma para obtener su libertad, van a seguir por muchos años dentro de la cárcel”.
Amaya se justificó y le recordó a D´Angelo que, “en oportunidad de la conferencia de prensa producida por el director de Institutos Penales, Señor Petinatto, el señor diputado no mencionó lo que acaba de expresarme”.
Desde la vicepresidencia primera del bloque de la mayoría, Albeto Stecco, respaldaba total y absolutamente el proyecto presentado por el diputado Vergara, y se expresaba: "...nos duele profundamente, como gobierno y oficialistas, que ocurran estas cosas, que haya inocentes que estén en la cárcel pagando culpas que no son de ellos"(...)"Pero también repudiamos el atropello y la violencia de la guerrilla, y lamentamos tener que recordar en esta Honorable Cámara asesinatos como los de Rucci, Vandor y Mansilla, entre otros. También repudiamos otros hechos similares, como cuando vemos que compañeros de las Fuerzas Armadas caen acribillados, asesinados o maltratados por elementos subversivos que están al servicio de los mercenarios”(...)"Nosotros también repudiamos los asesinatos de los militares, de los sacerdotes, así como el de cualquier ciudadano argentino, entre ellos de los políticos".Por último, desde esa banca se dijo: "...pero también nosotros habremos de solicitar que se persiga implacablemente a los asesinos a sueldo y mercenarios que están en contra de los intereses del país y buscan por todos los medios enfrentar a las Fuerzas Armadas y al pueblo en estos momentos tan difíciles que vive el país; y que se los castigue, así sean estos sacerdotes, militares, dirigentes obreros o políticos que no estén al servicio del quehacer nacional". Juan Carlos Comínguez consideraba necesario, además, que el Congreso de la Nación se pronunciara "por la creación de una comisión investigadora de los crímenes, secuestros y torturas..."El diputado Luis Antonio García confirmó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había despachado un pedido de informes en relación al tema de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Se refería a los detenidos por los cuales los diputados se habían preocupado: "creo que pronto tendremos la información correspondiente para transmitirla a los legisladores que se han interesado por la suerte de quienes se encuentran detenidos y pueden estarlo, eventualmente, sin causa alguna". O Molina denunciaba: “...gran parte del proceso de violencia que vive el país está instrumentada para crear problemas, perseguir, molestar, disminuir y aherrojar a los jóvenes y para confundir, extraviar o detener la marcha del movimiento obrero hacia la conquista del poder”. Auyero entendía y con razón, que la violencia estaba instalada en nuestra patria; se refería a "la violencia por la privación ilegítima de la libertad".
El diputado Gilberto Molina se había preocupado por detenidos en Córdoba, denunciando que eran muchos los que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo. Hizo referencia al caso de la doctora Penayo, profesora de la Universidad de Córdoba, encarcelada y privada de asistencia médica.
El diputado se había interesado y, haciéndole llegar notas a los ministros Rocamora y Benítez, logró que la doctora fuera trasladada del Departamento de Policía a un lugar de seguridad y puesta a su disposición la correspondiente asistencia médica; finalmente se gestionó el derecho de opción para abandonar el país.
Gilberto Moina también se reunió con el ministro de Justicia Corvalán Nanclares, para conversar sobre los presos de la provincia. En esa oportunidad consiguió que el doctor Abraham Kosak, un profesional que intervino activamente en la reforma universitaria de Córdoba, pudiera optar por salir del país para dirigirse a Venezuela.
Además el diputado Molina pidió que se revisara de inmediato la situación de otros tres profesionales de Córdoba que permanecían detenidos: la doctora Buconic, la abogada y escritora Susana Aguad y el abogado Amalio Rey. Seguía esperando el resultado de su gestión.
Por su parte Carlos Auyero mencionaba otro caso particular, el de Mario Peralta, detenido hacía ya más de seis meses, sobreseído por la justicia pero que permanecía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Mario Peralta pertenecía a la fuerza política de Auyero; era el secretario de la Junta Provincial de Salta.
El 30 de septiembre del '75, la oposición reclamaba del Poder Ejecutivo Nacional, la investigación y el esclarecimiento de todos los crímenes impunes. En aquella oportunidad se dijo, entre otras cosas, que: "Ningún asesino de uno de los sectores ha sido localizado. Primero, fueron las “Tres A”, luego un comando restaurador, y ahora grupos que se desplazan sin impedimento y sin noticia policial cometiendo cómoda y alevosamente crímenes en serie". -y seguía- "En nuestro país existen ejecuciones; la muerte y las formas aberrantes de violencia física y moral crean un clima que no sólo nos priva de la paz social sino que paulatinamente va insensibilizando y corroyendo el espíritu de los argentinos". Por último, se advertía que: "...urgen las medidas decisivas para que no naufrague el proyecto de la democracia en el país". Desde el radicalismo, Horacio Fidel López sostenía que en la República Argentina se había "...instaurado la pena de muerte sin juicio previo"(...)"sin juez que la dicte, sin que haya una ley que la imponga". También dijo: "...pero no sería honesto conmigo mismo si dijera que únicamente la guerrilla dicta y ejecuta la pena de muerte en la República Argentina"(...)"Me refiero, señor Presidente, a la reacción también brutal, que quiere devolver la muerte con la muerte".Aquel diputado aseguraba que la pena de muerte se dictaba preferentemente contra los abogados defensores de los presos políticos. Y desde aquella tribuna se dirigía, el diputado, al entonces presidente en ejercicio de la República, Senador Italo Luder, para pedirle el esclarecimiento de aquellos hechos criminales y para que: "...se sepa que en la República nadie puede gozar de impunidad cuando se atenta contra la vida del hombre".
Se requería investigar particularmente el atentado contra la vida del doctor Felipe Rodríguez Araya y contra el procurador Luis Eduardo Lescano. Se expresaba el más enérgico repudio ante el atentado que les costara la vida. Entre las veinte firmas, que acompañan el proyecto, se lee Nilda Garré.
En octubre de aquel año, diputados de diferentes bloques se unieron en la presentación de un nuevo proyecto de declaración relacionado con la violencia y los crímenes políticos. Se repudiaba una vez más al terrorismo, y se hablaba de: "...intimidación pública; destrucción de barcos, aviones y otros elementos valiosos del patrimonio nacional; atentados domiciliarios y callejeros, a menudo causantes de víctimas inocentes; asesinatos de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de la policía; ejecuciones masivas, sistemáticas y sádicas de civiles, sin más imputación posible que sus ideas y actividades políticas legales; asaltos insensatos a unidades militares..." se hablaba de "odios y resentimientos". Por último, la Cámara de Diputados se pronunciaba afirmando: "que reitera su solidaridad con las fuerzas armadas, de seguridad y de la Policía al haber asumido en esta oportunidad la integralidad legal de la represión".Asimismo, se instaba al pueblo para que colaborase "estrechamente en la medida de sus posibilidades". Firman el Vicepresidente 1º del Bloque Justicialista, Alberto Stecco; el Presidente del Bloque Radical, Antonio Tróccoli y acompañan los diputados Falabella, Monsalve, Insúa, Sueldo y
El 13 de noviembre se plantea en la Cámara una cuestión de privilegio. Se denunciaba ante el cuerpo que mediante el "pasquín" -así se lo calificó- "El Caudillo", se había atacado el decoro de diputados de la Nación. El diputado Jesús Porto, afiliado peronista desde 1945, al plantear la cuestión de privilegio, dijo en la Cámara que: "Como está comprobado en el expediente respectivo, que tramita ante el juzgado federal del Dr. Teófilo Lafuente, las "Tres A" tenían su sede en ese momento en el domicilio de esta revista, en la calle Figueroa Alcorta, según verificara un Teniente primero en actividad del Ejército Argentino, quien transmitió por escrito su comprobación al señor jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Coronel Sosa Molina, quien lo elevó a la superioridad, llegando al Comandante en jefe del Ejército -entonces Teniente General Anaya- quien a su vez lo envió al ministro de Defensa de ese momento, Savino, sin saberse qué pasó después". Porto había sido objeto de "infamias" y amenazas, al igual que otros diputados de aquel entonces. Felizmente la "Triple A" no pudo ejecutar todos sus planes. Tengamos en cuenta que según se afirmó en aquella reunión del 13 de noviembre, el "libelo canallesco" tenía una leyenda que figuraba en todos sus números y que decía: "El mejor enemigo es el enemigo muerto".
Desde la revista acusaban a Porto de traidor y descalificaban a Héctor Sandler, a Luis Rubeo, a Osella Muñóz, a Calabró, a Nilda Garré de Abal Medina, a Juan Racchini y a Palacio Deheza. “A estos también los conocimos naranjos” … “Son los mismos de siempre” … “aprendices de Paladino o Cámpora”.
“El caudillo” además hacía referencia al “Finadito Ortega Peña” y advertían –amenazaban- a los nominados: “estos también están marcados.
El 19 de noviembre se trata en el recinto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la defensa nacional, luego de haber sido analizado por las comisiones de Defensa, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. El miembro informante, José Luis Lazzarini, entre otros conceptos, expresaba que los artículos 25 a 29 del proyecto en consideración, contemplaban los casos de guerra clásica, pero no los de guerra interna o guerrilla. El artículo 30 hacía referencia a una conmoción interior, pero calificada como grave. "Es decir, no se trata de una conmoción interior ordinaria, como las que han dado motivo a la declaración de estado de sitio" –aclaraba el diputado-. Por el artículo 30, el Presidente de la República podría declarar zona de emergencia, "para preservar, mantener o restablecer el orden". En estos casos se requeriría el auxilio de las Fuerzas Armadas. El miembro informante hacía hincapié en que a partir del artículo 30, las comisiones habían sostenido que el Congreso no fuera ajeno a las medidas que pudieran adoptarse. El proyecto también preveía convocar a las Fuerzas Armadas en operaciones militares, sin el previo requisito de la declaración de zona de emergencia.Más allá de las razones expuestas en favor del proyecto; otros legisladores interpretaban que tal como estaba redactado el mismo, de convertirse en ley, significaría dar facultades al Ejecutivo Nacional para decretar zonas de emergencia, designar los comandantes de las zonas afectadas, así como también implicaría imponer la justicia militar y llegado el caso, daría lugar al fusilamiento de militares o civiles, sin la intervención real del Congreso; toda vez que el artículo correspondiente sólo hablaba de "remitir la comunicación al Congreso a sus efectos". A Vicente Musacchio le preocupaba la interpretación del alcance de "a sus efectos". ¿Cuáles serían esos efectos?, inquietaba esto al diputado. En aquella reunión del 19 de noviembre, cuestionó la actitud de determinados sectores que "se dicen cristianos, pero que no están embebidos de la doctrina de Cristo; cumplen formalmente con los mandatos de la Iglesia y semanalmente, también de modo formal, cumplen esos preceptos, pero en realidad no practican los postulados de la Iglesia.” –aclaró Musacchio- y siguió… “Hay quienes se dicen democráticos, pero no están dispuestos a perder sus privilegios...” Y advertió: "No solamente delante de los cañones está el enemigo sino a veces atrás y aconsejando".El proyecto de Ley de Defensa llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón y de sus ministros Robledo, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, Vottero, Arrighi, Emery, Ruckauf y Cafiero.
Ángel Citati recordaba: “cuando nuestro lider regresó al país nos convocó a sepultar revanchas y a acallar rencores”. Pero también advertía el diputado que Rucci –como Vandor, Alonso, Moreno, Mansilla, Bianculi y otros muchos- fue víctima de la emboscada, “de esas bestias que son alentadas y, con seguridad, mantenidas por aquellos mismos que nos están prometiendo nuevos baños de sangre o que aspiran a reconquistar prebendas que les arrebató el pueblo en la revolución pacífica de las urnas”… “y así como le dijimos al mundo que, con vocación democrática hicimos estallar las urnas de fe argentina y peronista, también estamos dispuestos a enfrentar esa provocación hasta agotar nuestra paciencia; y de ahí en más, estamos dispuestos a hacer tronar el escarmiento”.
Preocupaba cada vez más la situación de ciudadanos detenidos por supuestas infracciones a la ley 20840, de delitos contra el orden institucional y la paz social. Varios diputados entendían que la subversión y el terrorismo habían creado ya un estado de inseguridad e incertidumbre, pero además advertía que, en tales circunstancias, determinados procedimientos realizados por organismos dependientes del Poder Ejecutivo, agudizaban el problema que afrontaba la República. Se aseguraba que esos organismos, en reiteradas oportunidades actuaban por denuncias anónimos, efectuaban allanamientos y privaban de la libertad a ciudadanos que luego, los correspondientes pronunciamientos judiciales disponían libertad provisoria, en algunos casos, y definitiva en otros por falta de méritos; pero que no obstante las conclusiones de los magistrados seguían los detenidos, a disposición del Ejecutivo, razón por la cual se presentó un proyecto de declaración solicitando una mayor agilización en el tratamiento de las actuaciones relacionadas con la ley 20840. El proyecto de declaración había sido presentado por el diputado Vergara que integraba el bloque de la mayoría. Importa señalar que un hijo suyo llevaba seis meses a disposición del Poder Ejecutivo, y en igual situación se encontraban también un hermano y primos de aquel diputado nacional por la provincia de La Rioja. Todo esto se había ventilado, antes de ser tratado en el recinto, en el seno del Frente Justicialista de Liberación. Este proyecto contaba con más de veinte firmas, entre ellas la de Julio Bárbaro. Se trató el 26 de septiembre. El diputado había realizado gestiones orientadas a lograr la libertad de aquellos detenidos, de sus parientes y de otros hombres que él consideraba inocentes. El bloque se interesó y dispuso hacer las averiguaciones tendientes a esclarecer el caso de la familia Vergara. Ni el ministro del Interior, ni el de Defensa, ni el de Justicia, dieron respuesta a la inquietud cursada por escrito, que en su oportunidad remitiera el bloque Justicialista a cada unos de ellos. El único que contestó fue el juez federal de La Rioja, informando que los detenidos mencionados contaban con auto de libertad provisoria y sobreseimiento provisorio, "por no existir motivos jurídicos que aconsejen su detención"... Desde la U.C.R. se daba apoyo al proyecto de declaración, pero además se dejaba constancia de la protesta originada en la falta de tratamiento, por parte del Congreso, de un estado de sitio establecido por decreto, lo que implicaba vulnerar la Constitución Nacional. Otros bloques también adherían. Héctor Sandler destacaba, concretamente, la importancia de respetar la ley, de respetar los procedimientos de rigor y, obviamente, la importancia de respetar los derechos humanos.
El radical Mario Amaya reclamaba el derecho de la oposición de juzgar y llamar la atención al gobierno sobre situaciones que calificaba de “injustas”. Se refería a la situación de los detenidos.
Pidió entonces la palabra el diputado D´Angelo del Frejuli y dijo: “El 25 de mayo de 1973, cuando se votó la ley de amnistía, concurrimos a liberar a 16 detenidos en la carcel de Caseros. Justamente el señor diputado Amaya concurrió con nosotros. Teníamos que liberar a 16 detenidos y también teníamos que poner la firma y hacernos responsables. Pero cuando buscamos al señor diputado Amaya para que pusiera la firma ya no estaba más, se había retirado; y por lo tanto, no firmó la orden de libertad de os detenidos. Esta oportunidad, osea la de expresar lo que siento, hace dos años que la estaba esperando. Por lo tanto, si os detenidos esperan que el señor diputado Amaya ponga la firma para obtener su libertad, van a seguir por muchos años dentro de la cárcel”.
Amaya se justificó y le recordó a D´Angelo que, “en oportunidad de la conferencia de prensa producida por el director de Institutos Penales, Señor Petinatto, el señor diputado no mencionó lo que acaba de expresarme”.
Desde la vicepresidencia primera del bloque de la mayoría, Albeto Stecco, respaldaba total y absolutamente el proyecto presentado por el diputado Vergara, y se expresaba: "...nos duele profundamente, como gobierno y oficialistas, que ocurran estas cosas, que haya inocentes que estén en la cárcel pagando culpas que no son de ellos"(...)"Pero también repudiamos el atropello y la violencia de la guerrilla, y lamentamos tener que recordar en esta Honorable Cámara asesinatos como los de Rucci, Vandor y Mansilla, entre otros. También repudiamos otros hechos similares, como cuando vemos que compañeros de las Fuerzas Armadas caen acribillados, asesinados o maltratados por elementos subversivos que están al servicio de los mercenarios”(...)"Nosotros también repudiamos los asesinatos de los militares, de los sacerdotes, así como el de cualquier ciudadano argentino, entre ellos de los políticos".Por último, desde esa banca se dijo: "...pero también nosotros habremos de solicitar que se persiga implacablemente a los asesinos a sueldo y mercenarios que están en contra de los intereses del país y buscan por todos los medios enfrentar a las Fuerzas Armadas y al pueblo en estos momentos tan difíciles que vive el país; y que se los castigue, así sean estos sacerdotes, militares, dirigentes obreros o políticos que no estén al servicio del quehacer nacional". Juan Carlos Comínguez consideraba necesario, además, que el Congreso de la Nación se pronunciara "por la creación de una comisión investigadora de los crímenes, secuestros y torturas..."El diputado Luis Antonio García confirmó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había despachado un pedido de informes en relación al tema de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Se refería a los detenidos por los cuales los diputados se habían preocupado: "creo que pronto tendremos la información correspondiente para transmitirla a los legisladores que se han interesado por la suerte de quienes se encuentran detenidos y pueden estarlo, eventualmente, sin causa alguna". O Molina denunciaba: “...gran parte del proceso de violencia que vive el país está instrumentada para crear problemas, perseguir, molestar, disminuir y aherrojar a los jóvenes y para confundir, extraviar o detener la marcha del movimiento obrero hacia la conquista del poder”. Auyero entendía y con razón, que la violencia estaba instalada en nuestra patria; se refería a "la violencia por la privación ilegítima de la libertad".
El diputado Gilberto Molina se había preocupado por detenidos en Córdoba, denunciando que eran muchos los que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo. Hizo referencia al caso de la doctora Penayo, profesora de la Universidad de Córdoba, encarcelada y privada de asistencia médica.
El diputado se había interesado y, haciéndole llegar notas a los ministros Rocamora y Benítez, logró que la doctora fuera trasladada del Departamento de Policía a un lugar de seguridad y puesta a su disposición la correspondiente asistencia médica; finalmente se gestionó el derecho de opción para abandonar el país.
Gilberto Moina también se reunió con el ministro de Justicia Corvalán Nanclares, para conversar sobre los presos de la provincia. En esa oportunidad consiguió que el doctor Abraham Kosak, un profesional que intervino activamente en la reforma universitaria de Córdoba, pudiera optar por salir del país para dirigirse a Venezuela.
Además el diputado Molina pidió que se revisara de inmediato la situación de otros tres profesionales de Córdoba que permanecían detenidos: la doctora Buconic, la abogada y escritora Susana Aguad y el abogado Amalio Rey. Seguía esperando el resultado de su gestión.
Por su parte Carlos Auyero mencionaba otro caso particular, el de Mario Peralta, detenido hacía ya más de seis meses, sobreseído por la justicia pero que permanecía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Mario Peralta pertenecía a la fuerza política de Auyero; era el secretario de la Junta Provincial de Salta.
El 30 de septiembre del '75, la oposición reclamaba del Poder Ejecutivo Nacional, la investigación y el esclarecimiento de todos los crímenes impunes. En aquella oportunidad se dijo, entre otras cosas, que: "Ningún asesino de uno de los sectores ha sido localizado. Primero, fueron las “Tres A”, luego un comando restaurador, y ahora grupos que se desplazan sin impedimento y sin noticia policial cometiendo cómoda y alevosamente crímenes en serie". -y seguía- "En nuestro país existen ejecuciones; la muerte y las formas aberrantes de violencia física y moral crean un clima que no sólo nos priva de la paz social sino que paulatinamente va insensibilizando y corroyendo el espíritu de los argentinos". Por último, se advertía que: "...urgen las medidas decisivas para que no naufrague el proyecto de la democracia en el país". Desde el radicalismo, Horacio Fidel López sostenía que en la República Argentina se había "...instaurado la pena de muerte sin juicio previo"(...)"sin juez que la dicte, sin que haya una ley que la imponga". También dijo: "...pero no sería honesto conmigo mismo si dijera que únicamente la guerrilla dicta y ejecuta la pena de muerte en la República Argentina"(...)"Me refiero, señor Presidente, a la reacción también brutal, que quiere devolver la muerte con la muerte".Aquel diputado aseguraba que la pena de muerte se dictaba preferentemente contra los abogados defensores de los presos políticos. Y desde aquella tribuna se dirigía, el diputado, al entonces presidente en ejercicio de la República, Senador Italo Luder, para pedirle el esclarecimiento de aquellos hechos criminales y para que: "...se sepa que en la República nadie puede gozar de impunidad cuando se atenta contra la vida del hombre".
Se requería investigar particularmente el atentado contra la vida del doctor Felipe Rodríguez Araya y contra el procurador Luis Eduardo Lescano. Se expresaba el más enérgico repudio ante el atentado que les costara la vida. Entre las veinte firmas, que acompañan el proyecto, se lee Nilda Garré.
En octubre de aquel año, diputados de diferentes bloques se unieron en la presentación de un nuevo proyecto de declaración relacionado con la violencia y los crímenes políticos. Se repudiaba una vez más al terrorismo, y se hablaba de: "...intimidación pública; destrucción de barcos, aviones y otros elementos valiosos del patrimonio nacional; atentados domiciliarios y callejeros, a menudo causantes de víctimas inocentes; asesinatos de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de la policía; ejecuciones masivas, sistemáticas y sádicas de civiles, sin más imputación posible que sus ideas y actividades políticas legales; asaltos insensatos a unidades militares..." se hablaba de "odios y resentimientos". Por último, la Cámara de Diputados se pronunciaba afirmando: "que reitera su solidaridad con las fuerzas armadas, de seguridad y de la Policía al haber asumido en esta oportunidad la integralidad legal de la represión".Asimismo, se instaba al pueblo para que colaborase "estrechamente en la medida de sus posibilidades". Firman el Vicepresidente 1º del Bloque Justicialista, Alberto Stecco; el Presidente del Bloque Radical, Antonio Tróccoli y acompañan los diputados Falabella, Monsalve, Insúa, Sueldo y
El 13 de noviembre se plantea en la Cámara una cuestión de privilegio. Se denunciaba ante el cuerpo que mediante el "pasquín" -así se lo calificó- "El Caudillo", se había atacado el decoro de diputados de la Nación. El diputado Jesús Porto, afiliado peronista desde 1945, al plantear la cuestión de privilegio, dijo en la Cámara que: "Como está comprobado en el expediente respectivo, que tramita ante el juzgado federal del Dr. Teófilo Lafuente, las "Tres A" tenían su sede en ese momento en el domicilio de esta revista, en la calle Figueroa Alcorta, según verificara un Teniente primero en actividad del Ejército Argentino, quien transmitió por escrito su comprobación al señor jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Coronel Sosa Molina, quien lo elevó a la superioridad, llegando al Comandante en jefe del Ejército -entonces Teniente General Anaya- quien a su vez lo envió al ministro de Defensa de ese momento, Savino, sin saberse qué pasó después". Porto había sido objeto de "infamias" y amenazas, al igual que otros diputados de aquel entonces. Felizmente la "Triple A" no pudo ejecutar todos sus planes. Tengamos en cuenta que según se afirmó en aquella reunión del 13 de noviembre, el "libelo canallesco" tenía una leyenda que figuraba en todos sus números y que decía: "El mejor enemigo es el enemigo muerto".
Desde la revista acusaban a Porto de traidor y descalificaban a Héctor Sandler, a Luis Rubeo, a Osella Muñóz, a Calabró, a Nilda Garré de Abal Medina, a Juan Racchini y a Palacio Deheza. “A estos también los conocimos naranjos” … “Son los mismos de siempre” … “aprendices de Paladino o Cámpora”.
“El caudillo” además hacía referencia al “Finadito Ortega Peña” y advertían –amenazaban- a los nominados: “estos también están marcados.
El 19 de noviembre se trata en el recinto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la defensa nacional, luego de haber sido analizado por las comisiones de Defensa, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. El miembro informante, José Luis Lazzarini, entre otros conceptos, expresaba que los artículos 25 a 29 del proyecto en consideración, contemplaban los casos de guerra clásica, pero no los de guerra interna o guerrilla. El artículo 30 hacía referencia a una conmoción interior, pero calificada como grave. "Es decir, no se trata de una conmoción interior ordinaria, como las que han dado motivo a la declaración de estado de sitio" –aclaraba el diputado-. Por el artículo 30, el Presidente de la República podría declarar zona de emergencia, "para preservar, mantener o restablecer el orden". En estos casos se requeriría el auxilio de las Fuerzas Armadas. El miembro informante hacía hincapié en que a partir del artículo 30, las comisiones habían sostenido que el Congreso no fuera ajeno a las medidas que pudieran adoptarse. El proyecto también preveía convocar a las Fuerzas Armadas en operaciones militares, sin el previo requisito de la declaración de zona de emergencia.Más allá de las razones expuestas en favor del proyecto; otros legisladores interpretaban que tal como estaba redactado el mismo, de convertirse en ley, significaría dar facultades al Ejecutivo Nacional para decretar zonas de emergencia, designar los comandantes de las zonas afectadas, así como también implicaría imponer la justicia militar y llegado el caso, daría lugar al fusilamiento de militares o civiles, sin la intervención real del Congreso; toda vez que el artículo correspondiente sólo hablaba de "remitir la comunicación al Congreso a sus efectos". A Vicente Musacchio le preocupaba la interpretación del alcance de "a sus efectos". ¿Cuáles serían esos efectos?, inquietaba esto al diputado. En aquella reunión del 19 de noviembre, cuestionó la actitud de determinados sectores que "se dicen cristianos, pero que no están embebidos de la doctrina de Cristo; cumplen formalmente con los mandatos de la Iglesia y semanalmente, también de modo formal, cumplen esos preceptos, pero en realidad no practican los postulados de la Iglesia.” –aclaró Musacchio- y siguió… “Hay quienes se dicen democráticos, pero no están dispuestos a perder sus privilegios...” Y advertió: "No solamente delante de los cañones está el enemigo sino a veces atrás y aconsejando".El proyecto de Ley de Defensa llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón y de sus ministros Robledo, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, Vottero, Arrighi, Emery, Ruckauf y Cafiero.
jueves, 1 de octubre de 2009
Desde el púlpito castrense
En el día de la Armada, el Almirante E. E. Massera pronunció un discurso. En esa oportunidad, entre otros conceptos expresó: "...la Armada, persuadida de su exacta ubicación dentro del contexto del Estado, reafirma aquí su vocación democrática y su decisión de trabajo, contribuyentes al logro de los objetivos nacionales que, el Preámbulo de nuestra Constitución define con claridad meridiana"(...)"cree en los derechos y garantías que asegura nuestra Carta Magna y está convencida que el sistema republicano, representativo y federal de gobierno es el que protege en mejor medida esa libertad, esos derechos y esas garantías"(...)"se sabe objetiva, prudente y directa, jamás ingenua o inocente. Puede reconocer a quienes, tal como hoy ocurre con la subversión, creen poder maniobrar impunemente o imponer su voluntad a otros hombres y, se siente segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos. Es por esta razón que ante el extremismo de cualquier signo y credo que compromete la seguridad interior con su secuela de crímenes, atentando contra la esencia misma del ser argentino, la Armada vive en guerra y participa en esta lucha con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico"(...)"Respeta el orden como elemento básico para las grandes realizaciones nacionales, pero orden en su concepto integral, amplio y profundo"(...)"puede y debe esperarse de la Armada el apoyo consciente al proceso institucional y su respeto y subordinación a las autoridades legítimamente elegidas por su pueblo"(...)-En su discurso, el Almirante destacó que la Armada modelaba a sus hombres, a esos hombres, "imbuidos del amor a Dios y a la patria y respetuosos del concepto cristiano de familia"...-El Almirante expresó que "...de estos hombres la Nación puede esperar el mayor de los sacrificios y desprendimientos y la máxima dedicación puesta al servicio de los intereses nacionales". Massera aseguraba entonces que: "...puede y debe esperarse de la Armada lealtad y sinceridad absolutas".
En el día del Ejército, el Comandante General Numa Laplane habló de "...aventar falsas apreciaciones motivadas por apresurados pronósticos sobre la realidad futura de la fuerza, realizados en los últimos días. El Ejército continuará en el cumplimiento de su misión de velar por la soberanía nacional y afianzar la consolidación de las instituciones, acompañando el proceso en desarrollo en la búsqueda y consecución de los grandes objetivos nacionales. Lo hará, brindando una imagen de profesionalismo, cohesión y eficiencia y sin incurrir en sectarismos de ninguna naturaleza"(...)"Es por lo menos ociosa la aflicción de algunos al pensar que la institución, saliéndose de madre, pueda atentar contra aquello por lo que debe velar. Es por lo menos capcioso el intento de otros, por lograr que la institución lejos de acompañar el proceso nacional lo interrumpa dando una muestra de inmadurez, o cometiendo pecado de inadvertencia e inexperiencia"."A todos los que dudan, a todos los que especulan, les anunciamos que será vano todo intento".-El Teniente General Numa Laplane también expresó que el Ejército "hace caso omiso de los que en una función didáctica digna de mejor destino, pretenden demostrarle que la eventual interrupción del proceso sería legítima, moral y justa. No cree en los modelos con que se lo pretende tentar pues los ensayó a todos".-Numa Laplane dijo también: "Repito, todo esto podrá parecer reiterativo pero todavía hay argentinos a los que ni nuestros muertos han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales, esto sólo serviría para sumir al país en un caos que lo entregaría inerme en manos de sus enemigos".-Aquel Comandante General afirmó que: "La eficiencia es la que nos ha permitido, en cumplimiento de directivas del Poder Ejecutivo Nacional, entrar en operaciones en Tucumán, con absoluta fe en el triunfo final. Todos deben ser conscientes que lo que allí se realiza no es espectacular, no es fácil, ni será rápido; pero todos los argentinos genuinos deben confiar en que el éxito ha de coronar la tarea".-Por último, el Comandante destacaba la tradición católica del Ejército y relacionaba la celebración de su día, que coincidía con el de la Sagrada Eucaristía.
Promediando mayo del ´75 fue relevado el Teniente General Leandro Anaya, después de haber advertido éste a Isabel Perón, sobre la necesidad de acompañar la actividad del Ejecutivo en Tucumán con medidas económicas y sociales. Anaya sostenía que la represión, por sí sola, no tenía mayor sentido al no estar acompañada de una política integral en la provincia.
Anaya fue entonces reemplazado por Numa Laplane, pero el malestar que generó meses después la designación del coronel Vicente Damasco como Ministro del Interior, derivó en una nueva sustitución.
El general Jorge Rafael Videla pasa así a ocupar el cargo que deja Laplane. Esto precipita la definición de una interna en el Ejército.
Es así que se produce un cambio en las Fuerzas Armadas, desplazándose a los sectores convencidos de mantenerse firmes del lado de la democracia; ubicando en su lugar a los golpistas.
En el día de la Fuerza Aérea, su Comandante General, Brigadier General Héctor Luis Fautario, pronunció el discurso de estilo, y entonces dijo: "Estamos atravesando una crisis. ¡Pero que no nos atemoricen las palabras! Crisis no significa otra cosa que una encrucijada con desembocadura; una instancia dramática, y a la vez esperanzada, que debe estimular el protagonismo de todos y cada uno de los compatriotas, y no sumirnos en el temor ni en el desaliento. Pareciera como si una misteriosa enfermedad nos aquejara, paralizando la tradicional capacidad de los argentinos para acometer las más difíciles empresas. Lo cierto es que vivimos inmersos en una atmósfera cargada de teorizaciones, de dialécticas y de retóricas que han terminado por agobiarnos, confundirnos y anularnos"(...)"Vivimos acumulando planes sobre planes, sin alcanzar nunca a materializarlos completamente. Nos hemos acostumbrado a vivir en la anarquía que produce el cambio permanente de las reglas de juego"..."Reclamamos constantemente moral y conducta, pero nos movemos, sin escandalizar de ello, en un clima donde se escucha hablar de corrupción y mentira, y donde la honradez y la probidad no cuentan cuando se trata de alcanzar o mantener posiciones de privilegio. Los argentinos somos conscientes de estos y otros muchos males. Todos tenemos algo de culpa en ellos"(...)"La crisis se origina siempre en el ánimo, y desarrollada, vuelve sobre él, cerrando un círculo. La crisis nacional se supera con un criterio nacional; con fe en el país y confianza en nosotros mismos, restableciendo el orden mental de cada uno y sobre todo el orden de los valores esenciales".-El Brigadier General se refería a las "creencias básicas como factores aglutinantes y orientadores del ser nacional". En aquella oportunidad, el Brigadier proponía que: "Hagamos los argentinos de hoy un gran acto de sinceramiento sobre nuestros males y sobre nuestras culpas. Y luego, con perseverancia, encaremos los problemas y acometamos las grandes tareas del despegue nacional, hasta que cada problema esté resuelto y cada tarea definitivamente cumplida".-Fautario destacaba la capacidad del argentino, su inteligencia, su imaginación, su nivel cultural y habilidad técnica para el trabajo; y agregaba: "Pero son sobre todo sus virtudes morales las que hacen vislumbrar la grandeza que le aguarda: su amor a la patria y su innato culto a la libertad; su comprensión del sentido del derecho natural de la propiedad y de la solidaridad social, su apego a la familia y al espíritu cristiano que informa toda su vida; su generosa entrega a las nobles causas; su afán de paz, y su coraje en la defensa de todo eso".-El Brigadier sostenía que: "...para llegar a destino los argentinos debemos tener claro hacia dónde queremos ir". Destacaba la importancia de enfrentar –racional e integralmente- la delincuencia subversiva con todos los medios que, legítimamente, la nación tiene a su alcance. "Tengan los compatriotas la seguridad de que su Fuerza Aérea no se presta a egoístas especulaciones sectoriales o personales, encuadrando su acción en el marco de su competencia, sin incursionar en áreas ajenas a su ámbito y sin responder a otros intereses que no sean los de la Nación misma".-Por último, el Brigadier Fautario decía: "Invoquemos con recogimiento a Dios. Pidámosle con cristiana convicción que nos guíe y nos proteja. Que inspire, ilumine y ayude a nuestros gobernantes en su difícil cometido de promotores del bien común. Que otorgue fortaleza y templanza a los argentinos para sobrellevar nuestras dificultades presentes. Y que bendiga a la patria toda, porque en su bendición, que imploramos, estará la gracia que precisamos".
En diciembre del ´75, este comandante general de la Fuerza Aérea, debió soportar una rebelión en la base de Morón –en la séptima brigada aérea- en el mismo lugar en que aterrizó el 20 de junio del ´73 el avión que trajo al país a Juan Domingo Perón. Ahí empezó y terminó un pasaje de nuestra historia.
La sublevación fue encabezada por el brigadier Jesús Capellini.
Esta crisis obligó a pasar a retiro a Héctor Faustario y a poner en ese cargo a Orlando Ramón Agosti.
Las piezas se iban acomodando una tras otra. El 19 de diciembre Isabel ya no gobernaba, pero los militares necesitaban unos tres meses para organizarse, para repartirse cuotas de poder y para cubrir los principales cargos públicos.
Los últimos decretos de Isabel Martínez se enmarcarían en el escenario del cambio de un estado a otro; sería una fase intermedia, un período de transición.
Ya no habría nada bueno que esperar.
El 20 de agosto de 1975, la Cámara de Diputados había votado afirmativamente un proyecto de declaración que decía: "Expresar su más enérgico repudio ante los atentados terroristas perpetrados de los que resultaron víctimas el Capitán del Ejército Mario Alberto Keller, el Cabo primero Miguel D. Juárez y la familia Pujadas" firman el proyecto de declaración Sánchez Toranzo, Pedrini, Tróccoli, Portero y otros. En aquella reunión se pidió agregar al texto en cuestión a los servidores del orden público caídos ese mismo día, en cumplimiento del deber, en la Capital Federal y en la ciudad de Córdoba.También se solicitó mencionar a los servidores del orden público caídos en la ciudad de Córdoba poco tiempo antes, al intentar desactivar bombas colocadas por terroristas. Se aclaraba entonces, en este último pedido, que no interesaba el signo del terrorismo, se lo condenaba sin importar cuál fuera su divisa o escarapela.La Cámara una vez más repudiaba un atentado terrorista; en esa oportunidad el “hecho criminal” había sido perpetrado en la provincia de Tucumán contra un avión de la Fuerza Aérea. Las víctimas, soldados argentinos, conscriptos y militares de carrera.En los fundamentos del proyecto de resolución presentado por el diputado Lencina, mediante el cual se manifestaba el repudio; entre otros conceptos se expresaba en relación a las víctimas: "Ellos son como los obreros del surco, como los bancarios, como los ferroviarios, como los médicos. Viven de un sueldo y con ese sueldo hacen frente a la vida para proyectar a sus familias en una sociedad a la que todos aspiramos hacerla mejor. Muy por el contrario, los asesinos de la emboscada no viven de profesiones conocidas. No tienen fondos lícitos para su supervivencia, ni la de ellos ni la de sus familias. Estos son los hijos del privilegio. Viven del pecoreo, de los asaltos, de los secuestros. No intentan corregir una sociedad que puede ser justa o injusta. Buscan la destrucción por la destrucción misma. Quieren quebrar al país. Por eso Tucumán es su teatro. Los hijos del privilegio afrentan a los hijos del trabajo”. Otro proyecto de resolución se presentó en la Reunión 28ª de la H.C.D. con la firma de Osvaldo Benedetti, quien expresó un enérgico repudio por las nuevas acciones terroristas del 27 de agosto del '75, ejecutadas en la ciudad de Buenos Aires y que ponían de manifiesto el desprecio por las vidas puestas en peligro y "por los más elementales valores humanos".El artículo 2º del proyecto textualmente decía: "Señalar su preocupación por la reiteración de estos episodios, y reclamar del Poder Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias y eficaces para asegurar la paz y el orden frente a la acción de estos grupos disolventes".En los fundamentos se destacaba la "honda preocupación y angustia por los hechos terroristas que ponen en peligro vidas y bienes de sus habitantes".En aquella reunión se condenaba una vez los reiterados hechos de barbarie.
Los tres proyectos fueron presentados en repudio ante las acciones terroristas consumadas en la ciudad de Córdoba, en la Capital Federal y en San Miguel de Tucumán.
El Teniente Coronel Julio Argentino del Valle Larrabure había sido secuestrado el 12 de agosto del año anterior por el E.R.P., durante el asalto a la fábrica militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba.
En abril de 1975 su hermano, Narciso Aurelio Larrabure, mediante una publicación, pide al E.R.P. entrevistar al teniente coronel “para certificar fehacientemente si se le da el trato de prisionero de guerra y, más aún el estado de su salud”.
El 23 de agosto del ´75 el Comando General del Ejército dio a conocer un comunicado informando que, ese día, había sido encontrado el cadaver de Larrabure en un baldío cercano a la ciudad de Rosario.
En la misa oficiada en memoria del Coronel Larrabure, el provicario castrense se habría expresado de manera agraviante contra las instituciones, incitando a las Fuerzas Armadas para que éstas actuasen directamente en ámbitos que irían más allá del marco de su misión y funciones establecidas conforme al ordenamiento constitucional. Las expresiones, que merecieron el calificativo de "insólitas", fueron interpretadas por diputados nacionales, como un auspicio al quiebre del orden institucional. Esto dio lugar a la presentación de un proyecto de declaración, contra los conceptos vertidos por Monseñor Victorio Bonamin, difundidos el 24 de septiembre del '75. El 25 de septiembre, se rendía homenaje a José Ignacio Rucci; y más allá de todas las palabras de reconocimiento hacia su persona, se escuchó en el recinto manifestaciones tales como: "No nos extraña, por ejemplo, que los voceros de delirantes propósitos golpistas sean los mismos que horas antes de cometerse el cobarde asesinato de Rucci suscribieran notas periodísticas que no eran más que un justificativo previo al alevoso crimen que habría de cometerse momentos después. Esos mismos que alentaban y promocionaban a la guerrilla sangrienta son los que hoy pretenden culpar al gobierno de la subversión terrorista. Porque entonces no hacían un balance de las muertes, como lo hacen hoy, sino que las justificaban, aún antes que éstas ocurrieran"(...)"Pero lo que sí nos acongoja, lo que sí nos duele, es que haya quienes, por vocación espiritual y por su propio ministerio, debieran ser portadores de mensajes de paz y no incitar al enfrentamiento fratricida. Porque nos duele como argentinos, como trabajadores, como cristianos, que se utilice el púlpito de la casa de Dios para crear diferencias entre compatriotas, para demostrar que hay réprobos y elegidos" –expresó Ángel Citati-.
Massera, navegando a dos aguas, hablaba de “guerra”; Numa Laplane y Fautario optaban por mantener la democracia, aunqueen terapia intensiva. La Iglesia temeraria, desde el púlpito castrense, auspiciaba el golpe.
En el día del Ejército, el Comandante General Numa Laplane habló de "...aventar falsas apreciaciones motivadas por apresurados pronósticos sobre la realidad futura de la fuerza, realizados en los últimos días. El Ejército continuará en el cumplimiento de su misión de velar por la soberanía nacional y afianzar la consolidación de las instituciones, acompañando el proceso en desarrollo en la búsqueda y consecución de los grandes objetivos nacionales. Lo hará, brindando una imagen de profesionalismo, cohesión y eficiencia y sin incurrir en sectarismos de ninguna naturaleza"(...)"Es por lo menos ociosa la aflicción de algunos al pensar que la institución, saliéndose de madre, pueda atentar contra aquello por lo que debe velar. Es por lo menos capcioso el intento de otros, por lograr que la institución lejos de acompañar el proceso nacional lo interrumpa dando una muestra de inmadurez, o cometiendo pecado de inadvertencia e inexperiencia"."A todos los que dudan, a todos los que especulan, les anunciamos que será vano todo intento".-El Teniente General Numa Laplane también expresó que el Ejército "hace caso omiso de los que en una función didáctica digna de mejor destino, pretenden demostrarle que la eventual interrupción del proceso sería legítima, moral y justa. No cree en los modelos con que se lo pretende tentar pues los ensayó a todos".-Numa Laplane dijo también: "Repito, todo esto podrá parecer reiterativo pero todavía hay argentinos a los que ni nuestros muertos han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales, esto sólo serviría para sumir al país en un caos que lo entregaría inerme en manos de sus enemigos".-Aquel Comandante General afirmó que: "La eficiencia es la que nos ha permitido, en cumplimiento de directivas del Poder Ejecutivo Nacional, entrar en operaciones en Tucumán, con absoluta fe en el triunfo final. Todos deben ser conscientes que lo que allí se realiza no es espectacular, no es fácil, ni será rápido; pero todos los argentinos genuinos deben confiar en que el éxito ha de coronar la tarea".-Por último, el Comandante destacaba la tradición católica del Ejército y relacionaba la celebración de su día, que coincidía con el de la Sagrada Eucaristía.
Promediando mayo del ´75 fue relevado el Teniente General Leandro Anaya, después de haber advertido éste a Isabel Perón, sobre la necesidad de acompañar la actividad del Ejecutivo en Tucumán con medidas económicas y sociales. Anaya sostenía que la represión, por sí sola, no tenía mayor sentido al no estar acompañada de una política integral en la provincia.
Anaya fue entonces reemplazado por Numa Laplane, pero el malestar que generó meses después la designación del coronel Vicente Damasco como Ministro del Interior, derivó en una nueva sustitución.
El general Jorge Rafael Videla pasa así a ocupar el cargo que deja Laplane. Esto precipita la definición de una interna en el Ejército.
Es así que se produce un cambio en las Fuerzas Armadas, desplazándose a los sectores convencidos de mantenerse firmes del lado de la democracia; ubicando en su lugar a los golpistas.
En el día de la Fuerza Aérea, su Comandante General, Brigadier General Héctor Luis Fautario, pronunció el discurso de estilo, y entonces dijo: "Estamos atravesando una crisis. ¡Pero que no nos atemoricen las palabras! Crisis no significa otra cosa que una encrucijada con desembocadura; una instancia dramática, y a la vez esperanzada, que debe estimular el protagonismo de todos y cada uno de los compatriotas, y no sumirnos en el temor ni en el desaliento. Pareciera como si una misteriosa enfermedad nos aquejara, paralizando la tradicional capacidad de los argentinos para acometer las más difíciles empresas. Lo cierto es que vivimos inmersos en una atmósfera cargada de teorizaciones, de dialécticas y de retóricas que han terminado por agobiarnos, confundirnos y anularnos"(...)"Vivimos acumulando planes sobre planes, sin alcanzar nunca a materializarlos completamente. Nos hemos acostumbrado a vivir en la anarquía que produce el cambio permanente de las reglas de juego"..."Reclamamos constantemente moral y conducta, pero nos movemos, sin escandalizar de ello, en un clima donde se escucha hablar de corrupción y mentira, y donde la honradez y la probidad no cuentan cuando se trata de alcanzar o mantener posiciones de privilegio. Los argentinos somos conscientes de estos y otros muchos males. Todos tenemos algo de culpa en ellos"(...)"La crisis se origina siempre en el ánimo, y desarrollada, vuelve sobre él, cerrando un círculo. La crisis nacional se supera con un criterio nacional; con fe en el país y confianza en nosotros mismos, restableciendo el orden mental de cada uno y sobre todo el orden de los valores esenciales".-El Brigadier General se refería a las "creencias básicas como factores aglutinantes y orientadores del ser nacional". En aquella oportunidad, el Brigadier proponía que: "Hagamos los argentinos de hoy un gran acto de sinceramiento sobre nuestros males y sobre nuestras culpas. Y luego, con perseverancia, encaremos los problemas y acometamos las grandes tareas del despegue nacional, hasta que cada problema esté resuelto y cada tarea definitivamente cumplida".-Fautario destacaba la capacidad del argentino, su inteligencia, su imaginación, su nivel cultural y habilidad técnica para el trabajo; y agregaba: "Pero son sobre todo sus virtudes morales las que hacen vislumbrar la grandeza que le aguarda: su amor a la patria y su innato culto a la libertad; su comprensión del sentido del derecho natural de la propiedad y de la solidaridad social, su apego a la familia y al espíritu cristiano que informa toda su vida; su generosa entrega a las nobles causas; su afán de paz, y su coraje en la defensa de todo eso".-El Brigadier sostenía que: "...para llegar a destino los argentinos debemos tener claro hacia dónde queremos ir". Destacaba la importancia de enfrentar –racional e integralmente- la delincuencia subversiva con todos los medios que, legítimamente, la nación tiene a su alcance. "Tengan los compatriotas la seguridad de que su Fuerza Aérea no se presta a egoístas especulaciones sectoriales o personales, encuadrando su acción en el marco de su competencia, sin incursionar en áreas ajenas a su ámbito y sin responder a otros intereses que no sean los de la Nación misma".-Por último, el Brigadier Fautario decía: "Invoquemos con recogimiento a Dios. Pidámosle con cristiana convicción que nos guíe y nos proteja. Que inspire, ilumine y ayude a nuestros gobernantes en su difícil cometido de promotores del bien común. Que otorgue fortaleza y templanza a los argentinos para sobrellevar nuestras dificultades presentes. Y que bendiga a la patria toda, porque en su bendición, que imploramos, estará la gracia que precisamos".
En diciembre del ´75, este comandante general de la Fuerza Aérea, debió soportar una rebelión en la base de Morón –en la séptima brigada aérea- en el mismo lugar en que aterrizó el 20 de junio del ´73 el avión que trajo al país a Juan Domingo Perón. Ahí empezó y terminó un pasaje de nuestra historia.
La sublevación fue encabezada por el brigadier Jesús Capellini.
Esta crisis obligó a pasar a retiro a Héctor Faustario y a poner en ese cargo a Orlando Ramón Agosti.
Las piezas se iban acomodando una tras otra. El 19 de diciembre Isabel ya no gobernaba, pero los militares necesitaban unos tres meses para organizarse, para repartirse cuotas de poder y para cubrir los principales cargos públicos.
Los últimos decretos de Isabel Martínez se enmarcarían en el escenario del cambio de un estado a otro; sería una fase intermedia, un período de transición.
Ya no habría nada bueno que esperar.
El 20 de agosto de 1975, la Cámara de Diputados había votado afirmativamente un proyecto de declaración que decía: "Expresar su más enérgico repudio ante los atentados terroristas perpetrados de los que resultaron víctimas el Capitán del Ejército Mario Alberto Keller, el Cabo primero Miguel D. Juárez y la familia Pujadas" firman el proyecto de declaración Sánchez Toranzo, Pedrini, Tróccoli, Portero y otros. En aquella reunión se pidió agregar al texto en cuestión a los servidores del orden público caídos ese mismo día, en cumplimiento del deber, en la Capital Federal y en la ciudad de Córdoba.También se solicitó mencionar a los servidores del orden público caídos en la ciudad de Córdoba poco tiempo antes, al intentar desactivar bombas colocadas por terroristas. Se aclaraba entonces, en este último pedido, que no interesaba el signo del terrorismo, se lo condenaba sin importar cuál fuera su divisa o escarapela.La Cámara una vez más repudiaba un atentado terrorista; en esa oportunidad el “hecho criminal” había sido perpetrado en la provincia de Tucumán contra un avión de la Fuerza Aérea. Las víctimas, soldados argentinos, conscriptos y militares de carrera.En los fundamentos del proyecto de resolución presentado por el diputado Lencina, mediante el cual se manifestaba el repudio; entre otros conceptos se expresaba en relación a las víctimas: "Ellos son como los obreros del surco, como los bancarios, como los ferroviarios, como los médicos. Viven de un sueldo y con ese sueldo hacen frente a la vida para proyectar a sus familias en una sociedad a la que todos aspiramos hacerla mejor. Muy por el contrario, los asesinos de la emboscada no viven de profesiones conocidas. No tienen fondos lícitos para su supervivencia, ni la de ellos ni la de sus familias. Estos son los hijos del privilegio. Viven del pecoreo, de los asaltos, de los secuestros. No intentan corregir una sociedad que puede ser justa o injusta. Buscan la destrucción por la destrucción misma. Quieren quebrar al país. Por eso Tucumán es su teatro. Los hijos del privilegio afrentan a los hijos del trabajo”. Otro proyecto de resolución se presentó en la Reunión 28ª de la H.C.D. con la firma de Osvaldo Benedetti, quien expresó un enérgico repudio por las nuevas acciones terroristas del 27 de agosto del '75, ejecutadas en la ciudad de Buenos Aires y que ponían de manifiesto el desprecio por las vidas puestas en peligro y "por los más elementales valores humanos".El artículo 2º del proyecto textualmente decía: "Señalar su preocupación por la reiteración de estos episodios, y reclamar del Poder Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias y eficaces para asegurar la paz y el orden frente a la acción de estos grupos disolventes".En los fundamentos se destacaba la "honda preocupación y angustia por los hechos terroristas que ponen en peligro vidas y bienes de sus habitantes".En aquella reunión se condenaba una vez los reiterados hechos de barbarie.
Los tres proyectos fueron presentados en repudio ante las acciones terroristas consumadas en la ciudad de Córdoba, en la Capital Federal y en San Miguel de Tucumán.
El Teniente Coronel Julio Argentino del Valle Larrabure había sido secuestrado el 12 de agosto del año anterior por el E.R.P., durante el asalto a la fábrica militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba.
En abril de 1975 su hermano, Narciso Aurelio Larrabure, mediante una publicación, pide al E.R.P. entrevistar al teniente coronel “para certificar fehacientemente si se le da el trato de prisionero de guerra y, más aún el estado de su salud”.
El 23 de agosto del ´75 el Comando General del Ejército dio a conocer un comunicado informando que, ese día, había sido encontrado el cadaver de Larrabure en un baldío cercano a la ciudad de Rosario.
En la misa oficiada en memoria del Coronel Larrabure, el provicario castrense se habría expresado de manera agraviante contra las instituciones, incitando a las Fuerzas Armadas para que éstas actuasen directamente en ámbitos que irían más allá del marco de su misión y funciones establecidas conforme al ordenamiento constitucional. Las expresiones, que merecieron el calificativo de "insólitas", fueron interpretadas por diputados nacionales, como un auspicio al quiebre del orden institucional. Esto dio lugar a la presentación de un proyecto de declaración, contra los conceptos vertidos por Monseñor Victorio Bonamin, difundidos el 24 de septiembre del '75. El 25 de septiembre, se rendía homenaje a José Ignacio Rucci; y más allá de todas las palabras de reconocimiento hacia su persona, se escuchó en el recinto manifestaciones tales como: "No nos extraña, por ejemplo, que los voceros de delirantes propósitos golpistas sean los mismos que horas antes de cometerse el cobarde asesinato de Rucci suscribieran notas periodísticas que no eran más que un justificativo previo al alevoso crimen que habría de cometerse momentos después. Esos mismos que alentaban y promocionaban a la guerrilla sangrienta son los que hoy pretenden culpar al gobierno de la subversión terrorista. Porque entonces no hacían un balance de las muertes, como lo hacen hoy, sino que las justificaban, aún antes que éstas ocurrieran"(...)"Pero lo que sí nos acongoja, lo que sí nos duele, es que haya quienes, por vocación espiritual y por su propio ministerio, debieran ser portadores de mensajes de paz y no incitar al enfrentamiento fratricida. Porque nos duele como argentinos, como trabajadores, como cristianos, que se utilice el púlpito de la casa de Dios para crear diferencias entre compatriotas, para demostrar que hay réprobos y elegidos" –expresó Ángel Citati-.
Massera, navegando a dos aguas, hablaba de “guerra”; Numa Laplane y Fautario optaban por mantener la democracia, aunqueen terapia intensiva. La Iglesia temeraria, desde el púlpito castrense, auspiciaba el golpe.
domingo, 27 de septiembre de 2009
La profecía del dolor
Diputados justicialistas entendían que determinada persona que hubiera recuperado su libertad por orden judicial, no obstante ello, podía ser nuevamente detenida por el Poder Ejecutivo por razones políticas de su exclusiva evaluación. Sostenían que el Presidente de la República podía disponer la detención política de aquellos individuos considerados, por el Ejecutivo Nacional, como peligrosos en un estado de emergencia. Jorge Salomón decía además que así como el Poder Judicial juzga y reprime, el Ejecutivo resguarda el orden y asegura la tranquilidad. De esa manera -decía- durante el estado de sitio permanecía vigente la división de poderes; pues la privación de la libertad en la esfera judicial respondía, como siempre, a la necesidad de procurar descubrir y sancionar delitos, y la dispuesta por el Ejecutivo obedecería a razones de seguridad pública en defensa de la Constitución Nacional.
El gobierno insistía en recordar que una vez iniciado el proceso democrático en 1973, por un acuerdo espontáneo de los partidos políticos, se dictó una ley de amnistía intentando borrar todo lo ocurrido hasta ese entónces. Sin embargo, los nuevos hechos de violencia que comenzaron a producirse en el país, al poner en peligro la vida institucional, la paz y la tranquilidad de la población, fueron generando la necesidad de decretar el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Una de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo era la existencia de grupos organizados que querían cambiar por la violencia el régiman de gobierno; el Ejecutivo sostenía que la intención de estos grupos ya no era cambiar un gobierno sino cambia el sistema de gobierno, cambiar la vida institucional de la República.
Pero además, desde el gabinete de ministros se decía que, incluso, quienes externamente querían someter al país a los grandes capitales, alentaban a la violencia de izquierda porque así se podría generar un estado de situación propicio para la destrucción de la Argentina.
Según el Poder Ejecutivo, éstas serían las causas que obligaron a dictar leyes penales represivas, para enfrentar la violencia alentada por elementos internos y por organizaciones externas de izquierda que actuaban en todo el mundo y organizaciones de capitales que también buscaban nuestro sometimiento.
Los diputados estaban preocupados por las organizaciones terroristas que actuaban en el país. Francisco Moyano quería investigar a fondo ese gravísimo problema que significaba el terrorismo. Reclamaba orden y seguridad; quería saber sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre los Montoneros, sobre la Triple "A". Consideraba que era muy poco lo que se les había informado sobre las organizaciones guerrilleras. Calificaba de escandaloso el caso de los hermanos Born, no sólo por el tema del rescate, sino además por el hecho de haber aparecido en los medios periodísticos la conferencia de prensa de los montoneros, declarando lo que habían realizado sobre el particular. Todo esto merecía una profunda investigación, al igual que el caso de la Standard Oil. Leopoldo Suárez opinaba que, el alejamiento de los ex ministros de Bienestar Social y de Economía, oxigenaba el ambiente del país y al mismo tiempo permitía manifestar ante el gobierno la visión del drama profundo que se estaba padeciendo.Apuntaba contra los interventores de provincias y otros funcionarios que cumplían funciones en puestos claves en el gobierno y en organismos oficiales. Invocaba la falta de confianza, y decía que todo funcionario cuestionado debía optar por un renunciamiento para favorecer la acción de la Presidente de la República. Pedía conformar un gabinete que inspirase confianza y generase un clima propicio para encarar medidas orientadas a superar aquella crisis. Dijo entonces: "Han caído obreros, de uno y otro sector; han caído dirigentes obreros importantes; han caído políticos y diputados; han caído figuras ponderables de las Fuerzas Armadas que han absorbido tales bajas en la lucha con gran patriotismo y gran serenidad, comprendiendo que se trataba de actos de provocación que realizaba la guerrilla, que las hostilizaba en procura de la ruptura del orden institucional". Lamentaba haber tenido que manifestar, en el recinto de aquella Cámara, la existencia de torturados. Ante las torturas se esperaba el accionar de la Justicia para condenar a los torturadores; pero también se reclamaba una acción del gobierno, tendiente a limpiar de torturadores a las fuerzas de la policía. Se decía que frente a los colaboradores de siempre que formaban el elenco estable en los golpes de Estado y que procuraban detener el proceso democrático, se debía imponer la responsabilidad del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Se planteaba que la gente quería que alguien ejerciera el poder, el gobierno; que no fuera un dictador sino que diera soluciones concretas.
Durante aquellas reuniones en la Cámara de Diputados, se había hablado de una serie de temas, todos relacionados entre sí. Se había hablado de los partidos políticos, de una eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, del estado de sitio, de la subversión, de la seguridad pública, de las intervenciones federales, de los presos políticos. También se habló de la política económica y de la política exterior; de la política universitaria. Se habló de estrategia y se pidió información técnica de carácter militar. Se describió el estado de crisis y violencia. Ricardo Falú admitió que los resultados obtenidos por el gobierno para desactivar la violencia no habían sido absolutamente satisfactorios; decía tener conciencia de ello, pero señalaba que no era una lucha fácil, ni era un fenómeno exclusivo de Argentina; también aseguró que era algo más que una lucha ideológica para quedarse con el poder por medio de la fuerza. Dijo que era algo mucho más complejo, donde jugaban otros intereses bastardos y subalternos. Insistía en aclarar que no se trataba de una guerrilla sencilla, sino que era un enemigo con grandes recursos, con armas y dinero. Luego habló de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, y en tal sentido afirmó que la filosofía política del movimiento justicialista no era materialista sino humanista y que su filosofía atendía a los derechos sociales, como a los derechos humanos. Y frente a los defectos en la lucha contra la subversión que pudieron dar origen a tantas críticas, así como también ante los eventuales excesos tal vez cometidos por los organismos de seguridad y los que todavía podrían llegar a cometerse, resultaba positivo que esos casos se ventilaran en el Parlamento para que los legisladores, de cualquier signo, informaran a las autoridades "que no siempre son responsables de la ejecución de tales actos". Aclaró que en el caso de haber torturas, no bastaba con denunciarlas y condenar a los torturadores, también había que evitarlas -decía- y afirmaba que no existía en los hombres del gobierno justicialista el menor deseo de dejar estos excesos en la impunidad.
Con relación a la independencia del Poder Judicial, Antonio Benítez destacaba la convicción de que “el buen juez es casi el que hace la paz de la República”. Y agregaba que ningún magistrado podía decir que había sido “presionado, hablado o indicado”.
El ministro del interior antes se había desempeñado como ministro de justicia y ofrecía dos casos a título de ejemplo: el del doctor Cermesoni, a quien había propuesto para su designación y Valerio Pico, ascendido a camarista. Según Benítez, ambos jueces con frecuencia resolvían los problemas en contra de las pretensiones del Poder Ejecutivo y, sin embargo, el gobierno mantenía con ellos cordiales relaciones. Además aseguraba tener un respeto reverencial por el Poder Judicial, ya que decía haber pertenecido a él desde temprana edad, cuando comenzó cosiendo expedientes.
También se habló de la determinación de Isabel Perón de realizar próximamente una convocatoria a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, a las Fuerzas Armadas y a los empresarios y obreros para apalear la crisis económica mediante un plan de emergencia que fuera consensuado por todos los sectores. El diputado Falú recordó en esa oportunidad aquella frase del General Perón: "A esto lo vamos a arreglar entre todos, o no lo arregla nadie". Además dijo: "...nosotros tuvimos vacilaciones, fallas, marchas y contramarchas; hay quienes formulan tales objeciones con el espíritu de mejorar, de perfeccionar y de colaborar con el gobierno de la República; pero también hay quienes los señalan no con ese espíritu, sino con el propósito de convocar a las fuerzas del mal y con la finalidad de destruir a las instituciones de la República, terminar con la democracia en que vivimos, instaurar una nueva dictadura...". Ya se advertía que se corría el riesgo de hacer correr tanta sangre por toda la Nación. Desde esa misma banca se pedía prudencia en la ponderación de la situación del país; se pedía no trasmitir una visión apocalíptica. Se requería serenar los espíritus y medir las expresiones. Preocupaba la imagen caótica que se trasmitía. –“están golpeando las puertas de las calamidades”-.
El radical Leopoldo Suárez anunciaba: “éste no será un golpe de Estado como los de siempre donde desfilen por la avenida de Mayo y pongan cuatro cañones en la Casa de Gobieno”… “este golpe no será como las revoluciones que derrocaron a Illia o a Frondizi, o al propio Perón. Han cambiado totalmente las circunstancias sociales y políticas del país. De manera que éste es un negocio que no le conviene a las fuerzas armadas ni a la civilidad”.
Se anunciaba “un baño de sangre” y el pueblo ni se enteró.
El ministro del Interior Antonio Benítez, en su juventud había sido el abogado defensor del derrocado presidente Hipólito Yrigoyen. Había sido una de sus primeras experiencias como hombre de leyes. Por defender a Yrigoyen había caído preso durante cuatro meses. Decía sentirse orgulloso de aquella prisión, y señalaba que a Yrigoyen lo conoció primero preso y luego liberado, y aseguraba haber recibido de él inolvidables enseñanzas. Benítez sostenía que: "Hipólito Yrigoyen fue el que dio vida política al país, así como llegó después Juan Perón y dio vida y libertad social a la Argentina".
Terminando aquella reunión manifestó el ministro: "He venido -dije- no a oír sino a escuchar. Y he escuchado. Saco de aquí muchas enseñanzas y muchas inquietudes, pero también un poco de dolor. En momentos en que casualmente, se llega al Congreso de la Nación utilizando este tono menor, pidiendo la colaboración y ofreciendo el cambio en aquellos aspectos que fueren necesarios, se dicen en esta Cámara quizá las palabras más grandilocuentes, más fuertes y airadas que haya oído este Parlamento en muchos años".
El gobierno de Isabel parecía agotarse. Intentó sacar fuerzas de flaqueza; quiso hacer un último esfuerzo y apostó al Parlamento –a los juegos florales, al certámen poético del radicalismo-. El gobierno intentó jugarse la última carta; pero el ministro al final quedó enredado, como tantos otros, en el viejo juego de las palabras, que no siempre es un juego limpio.
La oposición apostaba a un futuro mejor, a una mejor oportunidad, que llegaría después del trabajo sucio que harían “los uniformes”.
El gobierno insistía en recordar que una vez iniciado el proceso democrático en 1973, por un acuerdo espontáneo de los partidos políticos, se dictó una ley de amnistía intentando borrar todo lo ocurrido hasta ese entónces. Sin embargo, los nuevos hechos de violencia que comenzaron a producirse en el país, al poner en peligro la vida institucional, la paz y la tranquilidad de la población, fueron generando la necesidad de decretar el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Una de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo era la existencia de grupos organizados que querían cambiar por la violencia el régiman de gobierno; el Ejecutivo sostenía que la intención de estos grupos ya no era cambiar un gobierno sino cambia el sistema de gobierno, cambiar la vida institucional de la República.
Pero además, desde el gabinete de ministros se decía que, incluso, quienes externamente querían someter al país a los grandes capitales, alentaban a la violencia de izquierda porque así se podría generar un estado de situación propicio para la destrucción de la Argentina.
Según el Poder Ejecutivo, éstas serían las causas que obligaron a dictar leyes penales represivas, para enfrentar la violencia alentada por elementos internos y por organizaciones externas de izquierda que actuaban en todo el mundo y organizaciones de capitales que también buscaban nuestro sometimiento.
Los diputados estaban preocupados por las organizaciones terroristas que actuaban en el país. Francisco Moyano quería investigar a fondo ese gravísimo problema que significaba el terrorismo. Reclamaba orden y seguridad; quería saber sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre los Montoneros, sobre la Triple "A". Consideraba que era muy poco lo que se les había informado sobre las organizaciones guerrilleras. Calificaba de escandaloso el caso de los hermanos Born, no sólo por el tema del rescate, sino además por el hecho de haber aparecido en los medios periodísticos la conferencia de prensa de los montoneros, declarando lo que habían realizado sobre el particular. Todo esto merecía una profunda investigación, al igual que el caso de la Standard Oil. Leopoldo Suárez opinaba que, el alejamiento de los ex ministros de Bienestar Social y de Economía, oxigenaba el ambiente del país y al mismo tiempo permitía manifestar ante el gobierno la visión del drama profundo que se estaba padeciendo.Apuntaba contra los interventores de provincias y otros funcionarios que cumplían funciones en puestos claves en el gobierno y en organismos oficiales. Invocaba la falta de confianza, y decía que todo funcionario cuestionado debía optar por un renunciamiento para favorecer la acción de la Presidente de la República. Pedía conformar un gabinete que inspirase confianza y generase un clima propicio para encarar medidas orientadas a superar aquella crisis. Dijo entonces: "Han caído obreros, de uno y otro sector; han caído dirigentes obreros importantes; han caído políticos y diputados; han caído figuras ponderables de las Fuerzas Armadas que han absorbido tales bajas en la lucha con gran patriotismo y gran serenidad, comprendiendo que se trataba de actos de provocación que realizaba la guerrilla, que las hostilizaba en procura de la ruptura del orden institucional". Lamentaba haber tenido que manifestar, en el recinto de aquella Cámara, la existencia de torturados. Ante las torturas se esperaba el accionar de la Justicia para condenar a los torturadores; pero también se reclamaba una acción del gobierno, tendiente a limpiar de torturadores a las fuerzas de la policía. Se decía que frente a los colaboradores de siempre que formaban el elenco estable en los golpes de Estado y que procuraban detener el proceso democrático, se debía imponer la responsabilidad del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Se planteaba que la gente quería que alguien ejerciera el poder, el gobierno; que no fuera un dictador sino que diera soluciones concretas.
Durante aquellas reuniones en la Cámara de Diputados, se había hablado de una serie de temas, todos relacionados entre sí. Se había hablado de los partidos políticos, de una eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, del estado de sitio, de la subversión, de la seguridad pública, de las intervenciones federales, de los presos políticos. También se habló de la política económica y de la política exterior; de la política universitaria. Se habló de estrategia y se pidió información técnica de carácter militar. Se describió el estado de crisis y violencia. Ricardo Falú admitió que los resultados obtenidos por el gobierno para desactivar la violencia no habían sido absolutamente satisfactorios; decía tener conciencia de ello, pero señalaba que no era una lucha fácil, ni era un fenómeno exclusivo de Argentina; también aseguró que era algo más que una lucha ideológica para quedarse con el poder por medio de la fuerza. Dijo que era algo mucho más complejo, donde jugaban otros intereses bastardos y subalternos. Insistía en aclarar que no se trataba de una guerrilla sencilla, sino que era un enemigo con grandes recursos, con armas y dinero. Luego habló de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, y en tal sentido afirmó que la filosofía política del movimiento justicialista no era materialista sino humanista y que su filosofía atendía a los derechos sociales, como a los derechos humanos. Y frente a los defectos en la lucha contra la subversión que pudieron dar origen a tantas críticas, así como también ante los eventuales excesos tal vez cometidos por los organismos de seguridad y los que todavía podrían llegar a cometerse, resultaba positivo que esos casos se ventilaran en el Parlamento para que los legisladores, de cualquier signo, informaran a las autoridades "que no siempre son responsables de la ejecución de tales actos". Aclaró que en el caso de haber torturas, no bastaba con denunciarlas y condenar a los torturadores, también había que evitarlas -decía- y afirmaba que no existía en los hombres del gobierno justicialista el menor deseo de dejar estos excesos en la impunidad.
Con relación a la independencia del Poder Judicial, Antonio Benítez destacaba la convicción de que “el buen juez es casi el que hace la paz de la República”. Y agregaba que ningún magistrado podía decir que había sido “presionado, hablado o indicado”.
El ministro del interior antes se había desempeñado como ministro de justicia y ofrecía dos casos a título de ejemplo: el del doctor Cermesoni, a quien había propuesto para su designación y Valerio Pico, ascendido a camarista. Según Benítez, ambos jueces con frecuencia resolvían los problemas en contra de las pretensiones del Poder Ejecutivo y, sin embargo, el gobierno mantenía con ellos cordiales relaciones. Además aseguraba tener un respeto reverencial por el Poder Judicial, ya que decía haber pertenecido a él desde temprana edad, cuando comenzó cosiendo expedientes.
También se habló de la determinación de Isabel Perón de realizar próximamente una convocatoria a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, a las Fuerzas Armadas y a los empresarios y obreros para apalear la crisis económica mediante un plan de emergencia que fuera consensuado por todos los sectores. El diputado Falú recordó en esa oportunidad aquella frase del General Perón: "A esto lo vamos a arreglar entre todos, o no lo arregla nadie". Además dijo: "...nosotros tuvimos vacilaciones, fallas, marchas y contramarchas; hay quienes formulan tales objeciones con el espíritu de mejorar, de perfeccionar y de colaborar con el gobierno de la República; pero también hay quienes los señalan no con ese espíritu, sino con el propósito de convocar a las fuerzas del mal y con la finalidad de destruir a las instituciones de la República, terminar con la democracia en que vivimos, instaurar una nueva dictadura...". Ya se advertía que se corría el riesgo de hacer correr tanta sangre por toda la Nación. Desde esa misma banca se pedía prudencia en la ponderación de la situación del país; se pedía no trasmitir una visión apocalíptica. Se requería serenar los espíritus y medir las expresiones. Preocupaba la imagen caótica que se trasmitía. –“están golpeando las puertas de las calamidades”-.
El radical Leopoldo Suárez anunciaba: “éste no será un golpe de Estado como los de siempre donde desfilen por la avenida de Mayo y pongan cuatro cañones en la Casa de Gobieno”… “este golpe no será como las revoluciones que derrocaron a Illia o a Frondizi, o al propio Perón. Han cambiado totalmente las circunstancias sociales y políticas del país. De manera que éste es un negocio que no le conviene a las fuerzas armadas ni a la civilidad”.
Se anunciaba “un baño de sangre” y el pueblo ni se enteró.
El ministro del Interior Antonio Benítez, en su juventud había sido el abogado defensor del derrocado presidente Hipólito Yrigoyen. Había sido una de sus primeras experiencias como hombre de leyes. Por defender a Yrigoyen había caído preso durante cuatro meses. Decía sentirse orgulloso de aquella prisión, y señalaba que a Yrigoyen lo conoció primero preso y luego liberado, y aseguraba haber recibido de él inolvidables enseñanzas. Benítez sostenía que: "Hipólito Yrigoyen fue el que dio vida política al país, así como llegó después Juan Perón y dio vida y libertad social a la Argentina".
Terminando aquella reunión manifestó el ministro: "He venido -dije- no a oír sino a escuchar. Y he escuchado. Saco de aquí muchas enseñanzas y muchas inquietudes, pero también un poco de dolor. En momentos en que casualmente, se llega al Congreso de la Nación utilizando este tono menor, pidiendo la colaboración y ofreciendo el cambio en aquellos aspectos que fueren necesarios, se dicen en esta Cámara quizá las palabras más grandilocuentes, más fuertes y airadas que haya oído este Parlamento en muchos años".
El gobierno de Isabel parecía agotarse. Intentó sacar fuerzas de flaqueza; quiso hacer un último esfuerzo y apostó al Parlamento –a los juegos florales, al certámen poético del radicalismo-. El gobierno intentó jugarse la última carta; pero el ministro al final quedó enredado, como tantos otros, en el viejo juego de las palabras, que no siempre es un juego limpio.
La oposición apostaba a un futuro mejor, a una mejor oportunidad, que llegaría después del trabajo sucio que harían “los uniformes”.
jueves, 24 de septiembre de 2009
Muerte detrás de la catedral
Preocupaba un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se ascendería al personal policial retirado y, entre otros, a quienes habrían sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente enla Cámara se hacía referencia al caso del principal (R) Rodolfo Eduardo Almirón; También se mencionó el tema de Juan Ramón Morales, un ex comisario que había sido expulsado de la fuerza policial cinco años antes.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.
Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.
En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.
Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.
En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.
Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.
Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.
En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.
Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.
En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.
Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Ojalá que desaparezca
Desde el Gobierno Nacional se argumentaba que aquella ola de agitación política, que se vivía en el país, respondía exclusivamente a un próximo proceso electoral. Esa afirmación fue inmediatamente rechazada; el diputado Fernández Gill sostuvo en cambio que las fuerzas políticas no vivían en un estado de agitación sino en un estado de angustia por lo que estaba sucediendo en el país. Angustia que vivían además de los partidos políticos, el sector gremial y el de los empresarios, la universidad y la Iglesia y tal vez más profundamente las Fuerzas Armadas, que debían asumir la responsabilidad histórica de custodiar el orden constitucional.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Los recién nacidos y el almirante
Francisco Falabella planteaba con preocupación, el desborde de organizaciones gremiales y corporaciones destinadas a defender intereses sectoriales que habían estado trabando y dificultando la acción del gobierno. Consideraba que aquellas fuerzas podrían llegar a presionar sobre las demás y, al anularlas, llegarían tal vez a ocupar el poder político. Temía, ese diputado, que finalmente aquellas fuerzas fueran manejadas por otros signos. Temía que la Argentina llegase a padecer el mismo drama que ya habían sufrido otros países. Falabella hablaba de los “impulsos y desbordes de los poderes gremiales”.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
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