El enemigo

En aquel mismo homenaje que los diputados rendían a José Ignacio Rucci, Carmelo Vinti preguntó: "¿No estará la clase trabajadora redimiendo con su sangre los pecados que se cometen en la Argentina? ¿no querrá Dios que la clase obrera abandone las funciones específicas de su ámbito profesional y se proyecte más allá de ellas? ¿Hasta cuándo la clase obrera seguirá alimentando con su sudor el surco del que los corruptos sacan provecho para sus festines y para seguir explotándola y medrar en detrimento de la grandeza del país?" Monsalve hablaba de la "demencia colectiva"; sostenía que esa demencia se había apoderado de un sector de los argentinos. Hacía referencia a los atentados que se reiteraban a diario cobrando vidas inocentes, como las de niños y niñas que nada tenían que ver con aquellos conflictos que soportaba el país.
Ángel Citati recordaba: “cuando nuestro lider regresó al país nos convocó a sepultar revanchas y a acallar rencores”. Pero también advertía el diputado que Rucci –como Vandor, Alonso, Moreno, Mansilla, Bianculi y otros muchos- fue víctima de la emboscada, “de esas bestias que son alentadas y, con seguridad, mantenidas por aquellos mismos que nos están prometiendo nuevos baños de sangre o que aspiran a reconquistar prebendas que les arrebató el pueblo en la revolución pacífica de las urnas”… “y así como le dijimos al mundo que, con vocación democrática hicimos estallar las urnas de fe argentina y peronista, también estamos dispuestos a enfrentar esa provocación hasta agotar nuestra paciencia; y de ahí en más, estamos dispuestos a hacer tronar el escarmiento”.

Preocupaba cada vez más la situación de ciudadanos detenidos por supuestas infracciones a la ley 20840, de delitos contra el orden institucional y la paz social. Varios diputados entendían que la subversión y el terrorismo habían creado ya un estado de inseguridad e incertidumbre, pero además advertía que, en tales circunstancias, determinados procedimientos realizados por organismos dependientes del Poder Ejecutivo, agudizaban el problema que afrontaba la República. Se aseguraba que esos organismos, en reiteradas oportunidades actuaban por denuncias anónimos, efectuaban allanamientos y privaban de la libertad a ciudadanos que luego, los correspondientes pronunciamientos judiciales disponían libertad provisoria, en algunos casos, y definitiva en otros por falta de méritos; pero que no obstante las conclusiones de los magistrados seguían los detenidos, a disposición del Ejecutivo, razón por la cual se presentó un proyecto de declaración solicitando una mayor agilización en el tratamiento de las actuaciones relacionadas con la ley 20840. El proyecto de declaración había sido presentado por el diputado Vergara que integraba el bloque de la mayoría. Importa señalar que un hijo suyo llevaba seis meses a disposición del Poder Ejecutivo, y en igual situación se encontraban también un hermano y primos de aquel diputado nacional por la provincia de La Rioja. Todo esto se había ventilado, antes de ser tratado en el recinto, en el seno del Frente Justicialista de Liberación. Este proyecto contaba con más de veinte firmas, entre ellas la de Julio Bárbaro. Se trató el 26 de septiembre. El diputado había realizado gestiones orientadas a lograr la libertad de aquellos detenidos, de sus parientes y de otros hombres que él consideraba inocentes. El bloque se interesó y dispuso hacer las averiguaciones tendientes a esclarecer el caso de la familia Vergara. Ni el ministro del Interior, ni el de Defensa, ni el de Justicia, dieron respuesta a la inquietud cursada por escrito, que en su oportunidad remitiera el bloque Justicialista a cada unos de ellos. El único que contestó fue el juez federal de La Rioja, informando que los detenidos mencionados contaban con auto de libertad provisoria y sobreseimiento provisorio, "por no existir motivos jurídicos que aconsejen su detención"... Desde la U.C.R. se daba apoyo al proyecto de declaración, pero además se dejaba constancia de la protesta originada en la falta de tratamiento, por parte del Congreso, de un estado de sitio establecido por decreto, lo que implicaba vulnerar la Constitución Nacional. Otros bloques también adherían. Héctor Sandler destacaba, concretamente, la importancia de respetar la ley, de respetar los procedimientos de rigor y, obviamente, la importancia de respetar los derechos humanos.
El radical Mario Amaya reclamaba el derecho de la oposición de juzgar y llamar la atención al gobierno sobre situaciones que calificaba de “injustas”. Se refería a la situación de los detenidos.
Pidió entonces la palabra el diputado D´Angelo del Frejuli y dijo: “El 25 de mayo de 1973, cuando se votó la ley de amnistía, concurrimos a liberar a 16 detenidos en la carcel de Caseros. Justamente el señor diputado Amaya concurrió con nosotros. Teníamos que liberar a 16 detenidos y también teníamos que poner la firma y hacernos responsables. Pero cuando buscamos al señor diputado Amaya para que pusiera la firma ya no estaba más, se había retirado; y por lo tanto, no firmó la orden de libertad de os detenidos. Esta oportunidad, osea la de expresar lo que siento, hace dos años que la estaba esperando. Por lo tanto, si os detenidos esperan que el señor diputado Amaya ponga la firma para obtener su libertad, van a seguir por muchos años dentro de la cárcel”.
Amaya se justificó y le recordó a D´Angelo que, “en oportunidad de la conferencia de prensa producida por el director de Institutos Penales, Señor Petinatto, el señor diputado no mencionó lo que acaba de expresarme”.
Desde la vicepresidencia primera del bloque de la mayoría, Albeto Stecco, respaldaba total y absolutamente el proyecto presentado por el diputado Vergara, y se expresaba: "...nos duele profundamente, como gobierno y oficialistas, que ocurran estas cosas, que haya inocentes que estén en la cárcel pagando culpas que no son de ellos"(...)"Pero también repudiamos el atropello y la violencia de la guerrilla, y lamentamos tener que recordar en esta Honorable Cámara asesinatos como los de Rucci, Vandor y Mansilla, entre otros. También repudiamos otros hechos similares, como cuando vemos que compañeros de las Fuerzas Armadas caen acribillados, asesinados o maltratados por elementos subversivos que están al servicio de los mercenarios”(...)"Nosotros también repudiamos los asesinatos de los militares, de los sacerdotes, así como el de cualquier ciudadano argentino, entre ellos de los políticos".Por último, desde esa banca se dijo: "...pero también nosotros habremos de solicitar que se persiga implacablemente a los asesinos a sueldo y mercenarios que están en contra de los intereses del país y buscan por todos los medios enfrentar a las Fuerzas Armadas y al pueblo en estos momentos tan difíciles que vive el país; y que se los castigue, así sean estos sacerdotes, militares, dirigentes obreros o políticos que no estén al servicio del quehacer nacional". Juan Carlos Comínguez consideraba necesario, además, que el Congreso de la Nación se pronunciara "por la creación de una comisión investigadora de los crímenes, secuestros y torturas..."El diputado Luis Antonio García confirmó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había despachado un pedido de informes en relación al tema de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Se refería a los detenidos por los cuales los diputados se habían preocupado: "creo que pronto tendremos la información correspondiente para transmitirla a los legisladores que se han interesado por la suerte de quienes se encuentran detenidos y pueden estarlo, eventualmente, sin causa alguna". O Molina denunciaba: “...gran parte del proceso de violencia que vive el país está instrumentada para crear problemas, perseguir, molestar, disminuir y aherrojar a los jóvenes y para confundir, extraviar o detener la marcha del movimiento obrero hacia la conquista del poder”. Auyero entendía y con razón, que la violencia estaba instalada en nuestra patria; se refería a "la violencia por la privación ilegítima de la libertad".
El diputado Gilberto Molina se había preocupado por detenidos en Córdoba, denunciando que eran muchos los que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo. Hizo referencia al caso de la doctora Penayo, profesora de la Universidad de Córdoba, encarcelada y privada de asistencia médica.
El diputado se había interesado y, haciéndole llegar notas a los ministros Rocamora y Benítez, logró que la doctora fuera trasladada del Departamento de Policía a un lugar de seguridad y puesta a su disposición la correspondiente asistencia médica; finalmente se gestionó el derecho de opción para abandonar el país.
Gilberto Moina también se reunió con el ministro de Justicia Corvalán Nanclares, para conversar sobre los presos de la provincia. En esa oportunidad consiguió que el doctor Abraham Kosak, un profesional que intervino activamente en la reforma universitaria de Córdoba, pudiera optar por salir del país para dirigirse a Venezuela.
Además el diputado Molina pidió que se revisara de inmediato la situación de otros tres profesionales de Córdoba que permanecían detenidos: la doctora Buconic, la abogada y escritora Susana Aguad y el abogado Amalio Rey. Seguía esperando el resultado de su gestión.
Por su parte Carlos Auyero mencionaba otro caso particular, el de Mario Peralta, detenido hacía ya más de seis meses, sobreseído por la justicia pero que permanecía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Mario Peralta pertenecía a la fuerza política de Auyero; era el secretario de la Junta Provincial de Salta.

El 30 de septiembre del '75, la oposición reclamaba del Poder Ejecutivo Nacional, la investigación y el esclarecimiento de todos los crímenes impunes. En aquella oportunidad se dijo, entre otras cosas, que: "Ningún asesino de uno de los sectores ha sido localizado. Primero, fueron las “Tres A”, luego un comando restaurador, y ahora grupos que se desplazan sin impedimento y sin noticia policial cometiendo cómoda y alevosamente crímenes en serie". -y seguía- "En nuestro país existen ejecuciones; la muerte y las formas aberrantes de violencia física y moral crean un clima que no sólo nos priva de la paz social sino que paulatinamente va insensibilizando y corroyendo el espíritu de los argentinos". Por último, se advertía que: "...urgen las medidas decisivas para que no naufrague el proyecto de la democracia en el país". Desde el radicalismo, Horacio Fidel López sostenía que en la República Argentina se había "...instaurado la pena de muerte sin juicio previo"(...)"sin juez que la dicte, sin que haya una ley que la imponga". También dijo: "...pero no sería honesto conmigo mismo si dijera que únicamente la guerrilla dicta y ejecuta la pena de muerte en la República Argentina"(...)"Me refiero, señor Presidente, a la reacción también brutal, que quiere devolver la muerte con la muerte".Aquel diputado aseguraba que la pena de muerte se dictaba preferentemente contra los abogados defensores de los presos políticos. Y desde aquella tribuna se dirigía, el diputado, al entonces presidente en ejercicio de la República, Senador Italo Luder, para pedirle el esclarecimiento de aquellos hechos criminales y para que: "...se sepa que en la República nadie puede gozar de impunidad cuando se atenta contra la vida del hombre".
Se requería investigar particularmente el atentado contra la vida del doctor Felipe Rodríguez Araya y contra el procurador Luis Eduardo Lescano. Se expresaba el más enérgico repudio ante el atentado que les costara la vida. Entre las veinte firmas, que acompañan el proyecto, se lee Nilda Garré.

En octubre de aquel año, diputados de diferentes bloques se unieron en la presentación de un nuevo proyecto de declaración relacionado con la violencia y los crímenes políticos. Se repudiaba una vez más al terrorismo, y se hablaba de: "...intimidación pública; destrucción de barcos, aviones y otros elementos valiosos del patrimonio nacional; atentados domiciliarios y callejeros, a menudo causantes de víctimas inocentes; asesinatos de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de la policía; ejecuciones masivas, sistemáticas y sádicas de civiles, sin más imputación posible que sus ideas y actividades políticas legales; asaltos insensatos a unidades militares..." se hablaba de "odios y resentimientos". Por último, la Cámara de Diputados se pronunciaba afirmando: "que reitera su solidaridad con las fuerzas armadas, de seguridad y de la Policía al haber asumido en esta oportunidad la integralidad legal de la represión".Asimismo, se instaba al pueblo para que colaborase "estrechamente en la medida de sus posibilidades". Firman el Vicepresidente 1º del Bloque Justicialista, Alberto Stecco; el Presidente del Bloque Radical, Antonio Tróccoli y acompañan los diputados Falabella, Monsalve, Insúa, Sueldo y

El 13 de noviembre se plantea en la Cámara una cuestión de privilegio. Se denunciaba ante el cuerpo que mediante el "pasquín" -así se lo calificó- "El Caudillo", se había atacado el decoro de diputados de la Nación. El diputado Jesús Porto, afiliado peronista desde 1945, al plantear la cuestión de privilegio, dijo en la Cámara que: "Como está comprobado en el expediente respectivo, que tramita ante el juzgado federal del Dr. Teófilo Lafuente, las "Tres A" tenían su sede en ese momento en el domicilio de esta revista, en la calle Figueroa Alcorta, según verificara un Teniente primero en actividad del Ejército Argentino, quien transmitió por escrito su comprobación al señor jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Coronel Sosa Molina, quien lo elevó a la superioridad, llegando al Comandante en jefe del Ejército -entonces Teniente General Anaya- quien a su vez lo envió al ministro de Defensa de ese momento, Savino, sin saberse qué pasó después". Porto había sido objeto de "infamias" y amenazas, al igual que otros diputados de aquel entonces. Felizmente la "Triple A" no pudo ejecutar todos sus planes. Tengamos en cuenta que según se afirmó en aquella reunión del 13 de noviembre, el "libelo canallesco" tenía una leyenda que figuraba en todos sus números y que decía: "El mejor enemigo es el enemigo muerto".
Desde la revista acusaban a Porto de traidor y descalificaban a Héctor Sandler, a Luis Rubeo, a Osella Muñóz, a Calabró, a Nilda Garré de Abal Medina, a Juan Racchini y a Palacio Deheza. “A estos también los conocimos naranjos” … “Son los mismos de siempre” … “aprendices de Paladino o Cámpora”.
“El caudillo” además hacía referencia al “Finadito Ortega Peña” y advertían –amenazaban- a los nominados: “estos también están marcados.

El 19 de noviembre se trata en el recinto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la defensa nacional, luego de haber sido analizado por las comisiones de Defensa, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. El miembro informante, José Luis Lazzarini, entre otros conceptos, expresaba que los artículos 25 a 29 del proyecto en consideración, contemplaban los casos de guerra clásica, pero no los de guerra interna o guerrilla. El artículo 30 hacía referencia a una conmoción interior, pero calificada como grave. "Es decir, no se trata de una conmoción interior ordinaria, como las que han dado motivo a la declaración de estado de sitio" –aclaraba el diputado-. Por el artículo 30, el Presidente de la República podría declarar zona de emergencia, "para preservar, mantener o restablecer el orden". En estos casos se requeriría el auxilio de las Fuerzas Armadas. El miembro informante hacía hincapié en que a partir del artículo 30, las comisiones habían sostenido que el Congreso no fuera ajeno a las medidas que pudieran adoptarse. El proyecto también preveía convocar a las Fuerzas Armadas en operaciones militares, sin el previo requisito de la declaración de zona de emergencia.Más allá de las razones expuestas en favor del proyecto; otros legisladores interpretaban que tal como estaba redactado el mismo, de convertirse en ley, significaría dar facultades al Ejecutivo Nacional para decretar zonas de emergencia, designar los comandantes de las zonas afectadas, así como también implicaría imponer la justicia militar y llegado el caso, daría lugar al fusilamiento de militares o civiles, sin la intervención real del Congreso; toda vez que el artículo correspondiente sólo hablaba de "remitir la comunicación al Congreso a sus efectos". A Vicente Musacchio le preocupaba la interpretación del alcance de "a sus efectos". ¿Cuáles serían esos efectos?, inquietaba esto al diputado. En aquella reunión del 19 de noviembre, cuestionó la actitud de determinados sectores que "se dicen cristianos, pero que no están embebidos de la doctrina de Cristo; cumplen formalmente con los mandatos de la Iglesia y semanalmente, también de modo formal, cumplen esos preceptos, pero en realidad no practican los postulados de la Iglesia.” –aclaró Musacchio- y siguió… “Hay quienes se dicen democráticos, pero no están dispuestos a perder sus privilegios...” Y advertió: "No solamente delante de los cañones está el enemigo sino a veces atrás y aconsejando".El proyecto de Ley de Defensa llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón y de sus ministros Robledo, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, Vottero, Arrighi, Emery, Ruckauf y Cafiero.