Diputados justicialistas entendían que determinada persona que hubiera recuperado su libertad por orden judicial, no obstante ello, podía ser nuevamente detenida por el Poder Ejecutivo por razones políticas de su exclusiva evaluación. Sostenían que el Presidente de la República podía disponer la detención política de aquellos individuos considerados, por el Ejecutivo Nacional, como peligrosos en un estado de emergencia. Jorge Salomón decía además que así como el Poder Judicial juzga y reprime, el Ejecutivo resguarda el orden y asegura la tranquilidad. De esa manera -decía- durante el estado de sitio permanecía vigente la división de poderes; pues la privación de la libertad en la esfera judicial respondía, como siempre, a la necesidad de procurar descubrir y sancionar delitos, y la dispuesta por el Ejecutivo obedecería a razones de seguridad pública en defensa de la Constitución Nacional.
El gobierno insistía en recordar que una vez iniciado el proceso democrático en 1973, por un acuerdo espontáneo de los partidos políticos, se dictó una ley de amnistía intentando borrar todo lo ocurrido hasta ese entónces. Sin embargo, los nuevos hechos de violencia que comenzaron a producirse en el país, al poner en peligro la vida institucional, la paz y la tranquilidad de la población, fueron generando la necesidad de decretar el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Una de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo era la existencia de grupos organizados que querían cambiar por la violencia el régiman de gobierno; el Ejecutivo sostenía que la intención de estos grupos ya no era cambiar un gobierno sino cambia el sistema de gobierno, cambiar la vida institucional de la República.
Pero además, desde el gabinete de ministros se decía que, incluso, quienes externamente querían someter al país a los grandes capitales, alentaban a la violencia de izquierda porque así se podría generar un estado de situación propicio para la destrucción de la Argentina.
Según el Poder Ejecutivo, éstas serían las causas que obligaron a dictar leyes penales represivas, para enfrentar la violencia alentada por elementos internos y por organizaciones externas de izquierda que actuaban en todo el mundo y organizaciones de capitales que también buscaban nuestro sometimiento.
Los diputados estaban preocupados por las organizaciones terroristas que actuaban en el país. Francisco Moyano quería investigar a fondo ese gravísimo problema que significaba el terrorismo. Reclamaba orden y seguridad; quería saber sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre los Montoneros, sobre la Triple "A". Consideraba que era muy poco lo que se les había informado sobre las organizaciones guerrilleras. Calificaba de escandaloso el caso de los hermanos Born, no sólo por el tema del rescate, sino además por el hecho de haber aparecido en los medios periodísticos la conferencia de prensa de los montoneros, declarando lo que habían realizado sobre el particular. Todo esto merecía una profunda investigación, al igual que el caso de la Standard Oil. Leopoldo Suárez opinaba que, el alejamiento de los ex ministros de Bienestar Social y de Economía, oxigenaba el ambiente del país y al mismo tiempo permitía manifestar ante el gobierno la visión del drama profundo que se estaba padeciendo.Apuntaba contra los interventores de provincias y otros funcionarios que cumplían funciones en puestos claves en el gobierno y en organismos oficiales. Invocaba la falta de confianza, y decía que todo funcionario cuestionado debía optar por un renunciamiento para favorecer la acción de la Presidente de la República. Pedía conformar un gabinete que inspirase confianza y generase un clima propicio para encarar medidas orientadas a superar aquella crisis. Dijo entonces: "Han caído obreros, de uno y otro sector; han caído dirigentes obreros importantes; han caído políticos y diputados; han caído figuras ponderables de las Fuerzas Armadas que han absorbido tales bajas en la lucha con gran patriotismo y gran serenidad, comprendiendo que se trataba de actos de provocación que realizaba la guerrilla, que las hostilizaba en procura de la ruptura del orden institucional". Lamentaba haber tenido que manifestar, en el recinto de aquella Cámara, la existencia de torturados. Ante las torturas se esperaba el accionar de la Justicia para condenar a los torturadores; pero también se reclamaba una acción del gobierno, tendiente a limpiar de torturadores a las fuerzas de la policía. Se decía que frente a los colaboradores de siempre que formaban el elenco estable en los golpes de Estado y que procuraban detener el proceso democrático, se debía imponer la responsabilidad del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Se planteaba que la gente quería que alguien ejerciera el poder, el gobierno; que no fuera un dictador sino que diera soluciones concretas.
Durante aquellas reuniones en la Cámara de Diputados, se había hablado de una serie de temas, todos relacionados entre sí. Se había hablado de los partidos políticos, de una eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, del estado de sitio, de la subversión, de la seguridad pública, de las intervenciones federales, de los presos políticos. También se habló de la política económica y de la política exterior; de la política universitaria. Se habló de estrategia y se pidió información técnica de carácter militar. Se describió el estado de crisis y violencia. Ricardo Falú admitió que los resultados obtenidos por el gobierno para desactivar la violencia no habían sido absolutamente satisfactorios; decía tener conciencia de ello, pero señalaba que no era una lucha fácil, ni era un fenómeno exclusivo de Argentina; también aseguró que era algo más que una lucha ideológica para quedarse con el poder por medio de la fuerza. Dijo que era algo mucho más complejo, donde jugaban otros intereses bastardos y subalternos. Insistía en aclarar que no se trataba de una guerrilla sencilla, sino que era un enemigo con grandes recursos, con armas y dinero. Luego habló de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, y en tal sentido afirmó que la filosofía política del movimiento justicialista no era materialista sino humanista y que su filosofía atendía a los derechos sociales, como a los derechos humanos. Y frente a los defectos en la lucha contra la subversión que pudieron dar origen a tantas críticas, así como también ante los eventuales excesos tal vez cometidos por los organismos de seguridad y los que todavía podrían llegar a cometerse, resultaba positivo que esos casos se ventilaran en el Parlamento para que los legisladores, de cualquier signo, informaran a las autoridades "que no siempre son responsables de la ejecución de tales actos". Aclaró que en el caso de haber torturas, no bastaba con denunciarlas y condenar a los torturadores, también había que evitarlas -decía- y afirmaba que no existía en los hombres del gobierno justicialista el menor deseo de dejar estos excesos en la impunidad.
Con relación a la independencia del Poder Judicial, Antonio Benítez destacaba la convicción de que “el buen juez es casi el que hace la paz de la República”. Y agregaba que ningún magistrado podía decir que había sido “presionado, hablado o indicado”.
El ministro del interior antes se había desempeñado como ministro de justicia y ofrecía dos casos a título de ejemplo: el del doctor Cermesoni, a quien había propuesto para su designación y Valerio Pico, ascendido a camarista. Según Benítez, ambos jueces con frecuencia resolvían los problemas en contra de las pretensiones del Poder Ejecutivo y, sin embargo, el gobierno mantenía con ellos cordiales relaciones. Además aseguraba tener un respeto reverencial por el Poder Judicial, ya que decía haber pertenecido a él desde temprana edad, cuando comenzó cosiendo expedientes.
También se habló de la determinación de Isabel Perón de realizar próximamente una convocatoria a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, a las Fuerzas Armadas y a los empresarios y obreros para apalear la crisis económica mediante un plan de emergencia que fuera consensuado por todos los sectores. El diputado Falú recordó en esa oportunidad aquella frase del General Perón: "A esto lo vamos a arreglar entre todos, o no lo arregla nadie". Además dijo: "...nosotros tuvimos vacilaciones, fallas, marchas y contramarchas; hay quienes formulan tales objeciones con el espíritu de mejorar, de perfeccionar y de colaborar con el gobierno de la República; pero también hay quienes los señalan no con ese espíritu, sino con el propósito de convocar a las fuerzas del mal y con la finalidad de destruir a las instituciones de la República, terminar con la democracia en que vivimos, instaurar una nueva dictadura...". Ya se advertía que se corría el riesgo de hacer correr tanta sangre por toda la Nación. Desde esa misma banca se pedía prudencia en la ponderación de la situación del país; se pedía no trasmitir una visión apocalíptica. Se requería serenar los espíritus y medir las expresiones. Preocupaba la imagen caótica que se trasmitía. –“están golpeando las puertas de las calamidades”-.
El radical Leopoldo Suárez anunciaba: “éste no será un golpe de Estado como los de siempre donde desfilen por la avenida de Mayo y pongan cuatro cañones en la Casa de Gobieno”… “este golpe no será como las revoluciones que derrocaron a Illia o a Frondizi, o al propio Perón. Han cambiado totalmente las circunstancias sociales y políticas del país. De manera que éste es un negocio que no le conviene a las fuerzas armadas ni a la civilidad”.
Se anunciaba “un baño de sangre” y el pueblo ni se enteró.
El ministro del Interior Antonio Benítez, en su juventud había sido el abogado defensor del derrocado presidente Hipólito Yrigoyen. Había sido una de sus primeras experiencias como hombre de leyes. Por defender a Yrigoyen había caído preso durante cuatro meses. Decía sentirse orgulloso de aquella prisión, y señalaba que a Yrigoyen lo conoció primero preso y luego liberado, y aseguraba haber recibido de él inolvidables enseñanzas. Benítez sostenía que: "Hipólito Yrigoyen fue el que dio vida política al país, así como llegó después Juan Perón y dio vida y libertad social a la Argentina".
Terminando aquella reunión manifestó el ministro: "He venido -dije- no a oír sino a escuchar. Y he escuchado. Saco de aquí muchas enseñanzas y muchas inquietudes, pero también un poco de dolor. En momentos en que casualmente, se llega al Congreso de la Nación utilizando este tono menor, pidiendo la colaboración y ofreciendo el cambio en aquellos aspectos que fueren necesarios, se dicen en esta Cámara quizá las palabras más grandilocuentes, más fuertes y airadas que haya oído este Parlamento en muchos años".
El gobierno de Isabel parecía agotarse. Intentó sacar fuerzas de flaqueza; quiso hacer un último esfuerzo y apostó al Parlamento –a los juegos florales, al certámen poético del radicalismo-. El gobierno intentó jugarse la última carta; pero el ministro al final quedó enredado, como tantos otros, en el viejo juego de las palabras, que no siempre es un juego limpio.
La oposición apostaba a un futuro mejor, a una mejor oportunidad, que llegaría después del trabajo sucio que harían “los uniformes”.
domingo, 27 de septiembre de 2009
jueves, 24 de septiembre de 2009
Muerte detrás de la catedral
Preocupaba un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se ascendería al personal policial retirado y, entre otros, a quienes habrían sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente enla Cámara se hacía referencia al caso del principal (R) Rodolfo Eduardo Almirón; También se mencionó el tema de Juan Ramón Morales, un ex comisario que había sido expulsado de la fuerza policial cinco años antes.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.
Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.
En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.
Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.
En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.
Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.
Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.
En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.
Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.
En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.
Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Ojalá que desaparezca
Desde el Gobierno Nacional se argumentaba que aquella ola de agitación política, que se vivía en el país, respondía exclusivamente a un próximo proceso electoral. Esa afirmación fue inmediatamente rechazada; el diputado Fernández Gill sostuvo en cambio que las fuerzas políticas no vivían en un estado de agitación sino en un estado de angustia por lo que estaba sucediendo en el país. Angustia que vivían además de los partidos políticos, el sector gremial y el de los empresarios, la universidad y la Iglesia y tal vez más profundamente las Fuerzas Armadas, que debían asumir la responsabilidad histórica de custodiar el orden constitucional.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Los recién nacidos y el almirante
Francisco Falabella planteaba con preocupación, el desborde de organizaciones gremiales y corporaciones destinadas a defender intereses sectoriales que habían estado trabando y dificultando la acción del gobierno. Consideraba que aquellas fuerzas podrían llegar a presionar sobre las demás y, al anularlas, llegarían tal vez a ocupar el poder político. Temía, ese diputado, que finalmente aquellas fuerzas fueran manejadas por otros signos. Temía que la Argentina llegase a padecer el mismo drama que ya habían sufrido otros países. Falabella hablaba de los “impulsos y desbordes de los poderes gremiales”.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
sábado, 5 de septiembre de 2009
Días tristes para la Argentina
Otras fuerzas políticas con representación parlamentaria ponían el acento en la necesidad de recuperar el orden; hablaban del problema socioeconómico y fundamentalmente del tema psicosocial y lo relacionaban con la captación de la subversión. Preocupaba, especialmente, la crisis moral que afectaba al país. Y se expresaba que "la estructura moral del gobierno no es sino la estructura moral de los gobernantes". En estos términos, la diputada Cristina Guzmán requería de los funcionarios la capacidad de mostrar una virtud humana total, ser ejemplo de la moral predicada. Hablaba del riesgo de agotarnos en la mediocridad; cuestionaba tanto las improvisaciones como las vacilaciones y también las acciones inorgánicas.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.
Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.
Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.
Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.
El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.
Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.
Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.
El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.
Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.
Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.
Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.
Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.
El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.
Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.
Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.
El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.
Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.
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