La profecía del dolor

Diputados justicialistas entendían que determinada persona que hubiera recuperado su libertad por orden judicial, no obstante ello, podía ser nuevamente detenida por el Poder Ejecutivo por razones políticas de su exclusiva evaluación. Sostenían que el Presidente de la República podía disponer la detención política de aquellos individuos considerados, por el Ejecutivo Nacional, como peligrosos en un estado de emergencia. Jorge Salomón decía además que así como el Poder Judicial juzga y reprime, el Ejecutivo resguarda el orden y asegura la tranquilidad. De esa manera -decía- durante el estado de sitio permanecía vigente la división de poderes; pues la privación de la libertad en la esfera judicial respondía, como siempre, a la necesidad de procurar descubrir y sancionar delitos, y la dispuesta por el Ejecutivo obedecería a razones de seguridad pública en defensa de la Constitución Nacional.
El gobierno insistía en recordar que una vez iniciado el proceso democrático en 1973, por un acuerdo espontáneo de los partidos políticos, se dictó una ley de amnistía intentando borrar todo lo ocurrido hasta ese entónces. Sin embargo, los nuevos hechos de violencia que comenzaron a producirse en el país, al poner en peligro la vida institucional, la paz y la tranquilidad de la población, fueron generando la necesidad de decretar el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Una de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo era la existencia de grupos organizados que querían cambiar por la violencia el régiman de gobierno; el Ejecutivo sostenía que la intención de estos grupos ya no era cambiar un gobierno sino cambia el sistema de gobierno, cambiar la vida institucional de la República.
Pero además, desde el gabinete de ministros se decía que, incluso, quienes externamente querían someter al país a los grandes capitales, alentaban a la violencia de izquierda porque así se podría generar un estado de situación propicio para la destrucción de la Argentina.
Según el Poder Ejecutivo, éstas serían las causas que obligaron a dictar leyes penales represivas, para enfrentar la violencia alentada por elementos internos y por organizaciones externas de izquierda que actuaban en todo el mundo y organizaciones de capitales que también buscaban nuestro sometimiento.

Los diputados estaban preocupados por las organizaciones terroristas que actuaban en el país. Francisco Moyano quería investigar a fondo ese gravísimo problema que significaba el terrorismo. Reclamaba orden y seguridad; quería saber sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre los Montoneros, sobre la Triple "A". Consideraba que era muy poco lo que se les había informado sobre las organizaciones guerrilleras. Calificaba de escandaloso el caso de los hermanos Born, no sólo por el tema del rescate, sino además por el hecho de haber aparecido en los medios periodísticos la conferencia de prensa de los montoneros, declarando lo que habían realizado sobre el particular. Todo esto merecía una profunda investigación, al igual que el caso de la Standard Oil. Leopoldo Suárez opinaba que, el alejamiento de los ex ministros de Bienestar Social y de Economía, oxigenaba el ambiente del país y al mismo tiempo permitía manifestar ante el gobierno la visión del drama profundo que se estaba padeciendo.Apuntaba contra los interventores de provincias y otros funcionarios que cumplían funciones en puestos claves en el gobierno y en organismos oficiales. Invocaba la falta de confianza, y decía que todo funcionario cuestionado debía optar por un renunciamiento para favorecer la acción de la Presidente de la República. Pedía conformar un gabinete que inspirase confianza y generase un clima propicio para encarar medidas orientadas a superar aquella crisis. Dijo entonces: "Han caído obreros, de uno y otro sector; han caído dirigentes obreros importantes; han caído políticos y diputados; han caído figuras ponderables de las Fuerzas Armadas que han absorbido tales bajas en la lucha con gran patriotismo y gran serenidad, comprendiendo que se trataba de actos de provocación que realizaba la guerrilla, que las hostilizaba en procura de la ruptura del orden institucional". Lamentaba haber tenido que manifestar, en el recinto de aquella Cámara, la existencia de torturados. Ante las torturas se esperaba el accionar de la Justicia para condenar a los torturadores; pero también se reclamaba una acción del gobierno, tendiente a limpiar de torturadores a las fuerzas de la policía. Se decía que frente a los colaboradores de siempre que formaban el elenco estable en los golpes de Estado y que procuraban detener el proceso democrático, se debía imponer la responsabilidad del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Se planteaba que la gente quería que alguien ejerciera el poder, el gobierno; que no fuera un dictador sino que diera soluciones concretas.

Durante aquellas reuniones en la Cámara de Diputados, se había hablado de una serie de temas, todos relacionados entre sí. Se había hablado de los partidos políticos, de una eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, del estado de sitio, de la subversión, de la seguridad pública, de las intervenciones federales, de los presos políticos. También se habló de la política económica y de la política exterior; de la política universitaria. Se habló de estrategia y se pidió información técnica de carácter militar. Se describió el estado de crisis y violencia. Ricardo Falú admitió que los resultados obtenidos por el gobierno para desactivar la violencia no habían sido absolutamente satisfactorios; decía tener conciencia de ello, pero señalaba que no era una lucha fácil, ni era un fenómeno exclusivo de Argentina; también aseguró que era algo más que una lucha ideológica para quedarse con el poder por medio de la fuerza. Dijo que era algo mucho más complejo, donde jugaban otros intereses bastardos y subalternos. Insistía en aclarar que no se trataba de una guerrilla sencilla, sino que era un enemigo con grandes recursos, con armas y dinero. Luego habló de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, y en tal sentido afirmó que la filosofía política del movimiento justicialista no era materialista sino humanista y que su filosofía atendía a los derechos sociales, como a los derechos humanos. Y frente a los defectos en la lucha contra la subversión que pudieron dar origen a tantas críticas, así como también ante los eventuales excesos tal vez cometidos por los organismos de seguridad y los que todavía podrían llegar a cometerse, resultaba positivo que esos casos se ventilaran en el Parlamento para que los legisladores, de cualquier signo, informaran a las autoridades "que no siempre son responsables de la ejecución de tales actos". Aclaró que en el caso de haber torturas, no bastaba con denunciarlas y condenar a los torturadores, también había que evitarlas -decía- y afirmaba que no existía en los hombres del gobierno justicialista el menor deseo de dejar estos excesos en la impunidad.
Con relación a la independencia del Poder Judicial, Antonio Benítez destacaba la convicción de que “el buen juez es casi el que hace la paz de la República”. Y agregaba que ningún magistrado podía decir que había sido “presionado, hablado o indicado”.
El ministro del interior antes se había desempeñado como ministro de justicia y ofrecía dos casos a título de ejemplo: el del doctor Cermesoni, a quien había propuesto para su designación y Valerio Pico, ascendido a camarista. Según Benítez, ambos jueces con frecuencia resolvían los problemas en contra de las pretensiones del Poder Ejecutivo y, sin embargo, el gobierno mantenía con ellos cordiales relaciones. Además aseguraba tener un respeto reverencial por el Poder Judicial, ya que decía haber pertenecido a él desde temprana edad, cuando comenzó cosiendo expedientes.

También se habló de la determinación de Isabel Perón de realizar próximamente una convocatoria a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, a las Fuerzas Armadas y a los empresarios y obreros para apalear la crisis económica mediante un plan de emergencia que fuera consensuado por todos los sectores. El diputado Falú recordó en esa oportunidad aquella frase del General Perón: "A esto lo vamos a arreglar entre todos, o no lo arregla nadie". Además dijo: "...nosotros tuvimos vacilaciones, fallas, marchas y contramarchas; hay quienes formulan tales objeciones con el espíritu de mejorar, de perfeccionar y de colaborar con el gobierno de la República; pero también hay quienes los señalan no con ese espíritu, sino con el propósito de convocar a las fuerzas del mal y con la finalidad de destruir a las instituciones de la República, terminar con la democracia en que vivimos, instaurar una nueva dictadura...". Ya se advertía que se corría el riesgo de hacer correr tanta sangre por toda la Nación. Desde esa misma banca se pedía prudencia en la ponderación de la situación del país; se pedía no trasmitir una visión apocalíptica. Se requería serenar los espíritus y medir las expresiones. Preocupaba la imagen caótica que se trasmitía. –“están golpeando las puertas de las calamidades”-.
El radical Leopoldo Suárez anunciaba: “éste no será un golpe de Estado como los de siempre donde desfilen por la avenida de Mayo y pongan cuatro cañones en la Casa de Gobieno”… “este golpe no será como las revoluciones que derrocaron a Illia o a Frondizi, o al propio Perón. Han cambiado totalmente las circunstancias sociales y políticas del país. De manera que éste es un negocio que no le conviene a las fuerzas armadas ni a la civilidad”.
Se anunciaba “un baño de sangre” y el pueblo ni se enteró.

El ministro del Interior Antonio Benítez, en su juventud había sido el abogado defensor del derrocado presidente Hipólito Yrigoyen. Había sido una de sus primeras experiencias como hombre de leyes. Por defender a Yrigoyen había caído preso durante cuatro meses. Decía sentirse orgulloso de aquella prisión, y señalaba que a Yrigoyen lo conoció primero preso y luego liberado, y aseguraba haber recibido de él inolvidables enseñanzas. Benítez sostenía que: "Hipólito Yrigoyen fue el que dio vida política al país, así como llegó después Juan Perón y dio vida y libertad social a la Argentina".

Terminando aquella reunión manifestó el ministro: "He venido -dije- no a oír sino a escuchar. Y he escuchado. Saco de aquí muchas enseñanzas y muchas inquietudes, pero también un poco de dolor. En momentos en que casualmente, se llega al Congreso de la Nación utilizando este tono menor, pidiendo la colaboración y ofreciendo el cambio en aquellos aspectos que fueren necesarios, se dicen en esta Cámara quizá las palabras más grandilocuentes, más fuertes y airadas que haya oído este Parlamento en muchos años".
El gobierno de Isabel parecía agotarse. Intentó sacar fuerzas de flaqueza; quiso hacer un último esfuerzo y apostó al Parlamento –a los juegos florales, al certámen poético del radicalismo-. El gobierno intentó jugarse la última carta; pero el ministro al final quedó enredado, como tantos otros, en el viejo juego de las palabras, que no siempre es un juego limpio.
La oposición apostaba a un futuro mejor, a una mejor oportunidad, que llegaría después del trabajo sucio que harían “los uniformes”.