Ojalá que desaparezca

Desde el Gobierno Nacional se argumentaba que aquella ola de agitación política, que se vivía en el país, respondía exclusivamente a un próximo proceso electoral. Esa afirmación fue inmediatamente rechazada; el diputado Fernández Gill sostuvo en cambio que las fuerzas políticas no vivían en un estado de agitación sino en un estado de angustia por lo que estaba sucediendo en el país. Angustia que vivían además de los partidos políticos, el sector gremial y el de los empresarios, la universidad y la Iglesia y tal vez más profundamente las Fuerzas Armadas, que debían asumir la responsabilidad histórica de custodiar el orden constitucional.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.

Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.

Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.

Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.

Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.

Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.