Días tristes para la Argentina

Otras fuerzas políticas con representación parlamentaria ponían el acento en la necesidad de recuperar el orden; hablaban del problema socioeconómico y fundamentalmente del tema psicosocial y lo relacionaban con la captación de la subversión. Preocupaba, especialmente, la crisis moral que afectaba al país. Y se expresaba que "la estructura moral del gobierno no es sino la estructura moral de los gobernantes". En estos términos, la diputada Cristina Guzmán requería de los funcionarios la capacidad de mostrar una virtud humana total, ser ejemplo de la moral predicada. Hablaba del riesgo de agotarnos en la mediocridad; cuestionaba tanto las improvisaciones como las vacilaciones y también las acciones inorgánicas.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.

Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.

Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.

Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.

El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.

Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.

Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.

El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.

Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.