El bastón del dictador

Con relación a la crisis moral, Balestra decía que la misma se manifestaba en diferentes aspectos; uno sería la subversión, a la que primero se alentó. Otro aspecto de la crisis moral estaría dado por un fuerte enfrentamiento por detentar el poder que, según este diputado, se advertía en una lucha sin límites entre grupos antagónicos del mismo movimiento que ejercía el gobierno. Además sostenía que la crisis de origen moral golpeaba en lo político provocando anarquía, también en lo económico, provocando inflación y recesión, y en lo social con la subversión permanente. Todo esto gravitaba en la composición de la sociedad, empobreciendo a la clase media y empujando al caos y a la anarquía con fines inconfesables –decía Balestra-.

Insúa planteaba que el estado de sitio era una medida que se mantenía como herramienta utilizada para la persecución ideológica y para detener y encarcelar personas no involucradas con la subversión, ciudadanos a quienes, sin proceso, se los mantenía presos, desconociendo las órdenes de libertad firmadas por Jueces de la Nación. Hablaba claramente de los excesos, y pedía que el Ejecutivo hiciera todo lo necesario para evitar injusticias.

Insúa hacía referencia a la protesta de instituciones, organizaciones, partidos políticos y familiares, requiriendo la libertad de centenares de presos políticos. También hablaba del régimen inhumano al que eran sometidos, generalmente por persecución ideológica y reclamaba hacer efectivo el derecho de opción de los detenidos para poder salir del país.

Desde la oposición se le reprochaba al gobierno la aplicación abusiva del estado de sitio que, en algunos casos, como en el del ex senador uruguayo Enrique Erro, implicaba la violación de convenciones internacionales y que, en lo interno, significaba la detención de ciudadanos a los que no se les conocía ninguna actividad que pudiera alterar la paz interior de la República.

Se pretendía conocer cuales eran los mecanismos de decisión por los que atravesaba el dictado de cada decreto que ponía a disposición del Poder Ejecutivo a particulares, y cuál era el control que se llevaba sobre la razonabilidad de esas medidas.

Valenzuela consideraba que cuando el Poder Ejecutivo pedía confianza a los argentinos, frase reiterada en todos los ámbitos oficiales, significaba que ella no estaba presente, y por tal motivo se imponía recuperarla, generarla con hechos concretos. Decía que en las provincias en general, salvo excepciones, no había dialogo político, y señalaba que se estaba dando un éxodo de jóvenes por falta de fuentes de trabajo. En tal sentido le preocupaba que dicho éxodo fuera, en parte, destinado al reclutamiento de organizaciones subversivas.

Desde el Movimiento Línea Popular se expresaba que la convivencia política inaugurada en 1973 era inédita en la República Argentina, y que el apoyo concreto realizado por los diferentes sectores para ayudar al gobierno a lograr el mayor éxito, no registraba antecedentes históricos. Pero entones quedaba claro que dicha convivencia política resultaba insuficiente. Así le aparecían las preguntas a Ferreyra, ¿qué pasó? y ¿por qué estábamos ante semejante fracaso, no habiendo perdido guerra alguna? ¿por qué?, si no habíamos sufrido un cataclismo, ni afrontábamos una guerra civil. Dijo entonces, a modo de respuesta, que hacía más de cuarenta años que, en diferentes aspectos, estábamos aferrados a una etapa y a una estructura que, debiendo haber sido superadas, permanecíamos en ellas sin atrevernos a parir el cambio necesario que imponía la realidad del país.

Monsalve le preguntaba al doctor Benítez, si consideraba factible recuperar la confianza frente a insistentes versiones "sobre el surgimiento de fortunas colosales de la noche a la mañana, cuyos titulares tenían alguna vinculación más o menos cercana con esferas gubernativas?"

Los observadores político-económicos señalaban que algún grupo financiero se dedicaba a adquirir enormes cantidades de las más diversas mercaderías, justo antes del shock provocado por los conductores de la economía, llegando a triplicar las inversiones.

Monsalve advertía que no podía infundirse confianza al pueblo, cuando se lo convocaba primero, para anunciarle medidas favorables relacionadas con su salario, y luego, un día después, se lo reunía para informarle lo contrario.

Acevedo destacaba una profunda ansiedad y angustia y una ausencia de fe; decía entonces que ello daba un resultado absolutamente negativo para cada ciudadano y, desde luego, para el país. Por todo ello alertaba que el hecho de no saber a qué atenerse era el signo de aquellos tiempos. Analizaba el rol del Estado frente a la inseguridad y reclamaba el cumplimiento de su fundamental función, que se expresaba era, garantizar la seguridad, la vida y la integridad personal de cada componente de la comunidad. Decía que si el principal requerimiento que justifica la existencia del Estado no puede ser satisfecho, ¿qué otra cosa se le podía pedir al Gobierno?

Jesús Mira denunciaba públicamente que la represión crecía, a medida que aumentaba el desfasaje entre los salarios y los precios liberados. Por otra parte aseguraba que las medidas tomadas para realizar la persecución de los sectores de ultraizquierda, no eran las mismas que se ejercían en relación al terrorismo de ultraderecha, cuando la “Triple A” –decía- ya había cometido más de quinientos crímenes.

Mira quería saber cuantos eran los presos políticos que se encontraban a disposición del P.E.N. y sin proceso; consideraba que serían entre mil setecientos y dos mil, pero requería conocer la cantidad exacta. Agregaba que la aplicación del estado de sitio, había dado lugar a tantas arbitrariedades, por lo que invitaba al Ejecutivo a considerar la posibilidad de levantar esa medida extrema. Solicitaba formalmente conocer qué tipo de investigaciones había encarado el gobierno, orientadas a descubrir cuanto fuera necesario en relación con el accionar de "las tres A", y preguntaba si algún miembro de esa organización había sido detenido. El primer atentado que se le adjudica a esta agrupación de extrema derecha lo realiza contra el Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, quien resulta herido por un explosivo colocado en su automóvil en octubre de 1973. Unos meses después, en mayo de 1974, asesinan al sacerdote Carlos Mugica, éste encabezaría la lista de cadáveres adjudicados a la “Triple A”.

A renglón seguido, el 31 de julio de ese mismo año, la organización le quita la vida al diputado peronista de izquierda Rodolfo David Ortega Peña, quien se había incorporado a la Cámara recién el 13 de marzo del `74 para cubrir una de las vacantes producidas el día 6 de febrero, fecha en las que renuncian a sus bancas ocho diputados nacionales, entre ellos, Carlos Kunkel, referente político del entonces estudiante de derecho Néstor Kirchner, un jóven prometedor de veinticuatro añosde dad.

A Ortega Peña lo reemplaza Bernardo Montenegro.

Sandler volvía a hacer hincapié en la ausencia del general Perón y de su carisma. Afirmaba que en 1973 había votado el noventa por ciento de la población y se llegó a la Presidencia de la Nación con más del sesenta por ciento de los votos.

Sandler manifestaba su impresión sobre la violencia que se había ido generando paulatinamente y sobre el particular decía: "cada argentino democrático trae inconscientemente en su mochila el bastón de dictador”. Advertía que se estaba generando toda suerte de autoritarismos, cuya fuente principal se encontraba en el orden jurídico estatal. Por ello pensaba que la consistencia final podía terminar en un tremendo y desgraciado despotismo. Despotismo que no lograría una sociedad de hombres libres ni socialmente justa, pero que pretendería, al menos, conseguir la seguridad que toda sociedad necesita. Ese efecto sería inevitable de mantenerse la situación descripta.

Sandler además advertía que la violencia, como realidad indiscutible, también podía "venir acompañada por un fenómeno mitológico de la violencia subversiva". Y agregaba que en eso no se podían engañar los responsables del poder político, los legisladores. Esa violencia debía ser analizada; pero señalaba la posibilidad de caer en el error de considerar violencia subversiva el solo deseo de cambiar el estado de cosas imperante.

Vinculaba el tema de la violencia con el de la penetración extranjera y aparecían los interrogantes: ¿la penetración extranjera sólo operaba a nivel del orden económico?, ¿o también podía operar penetrando en otros órdenes de la sociedad?, ¿podía haber una penetración extranjera dentro de las fuerzas de seguridad? "Uno debe pensar hasta dónde nuestras propias estructuras estatales no han sido objeto de esa penetración".

En otro orden de cosas, se mencionaba que una vez analizado el plan Rodrigo, resultaba obvio que su aplicación exigiría poner en marcha el aparato represivo. La movilización sindical había impedido su puesta en práctica.

Tanto a Marino como a Sandler les preocupaba que el reglamento de máxima peligrosidad dictado por la dictadura militar, y que fuera derogado por ley del Congreso en mayo del '73, se estuviera aplicando en la prisión de Rawson y también en Sierra Chica.

Cuando Carlos Kunkel renuncia a la banca, también lo hacen Armando Croatto, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glellel, Diego Muñiz Barreto, Roberto Vidaña, Rodolfo Oscar Vittar y Anibal Iturrieta; este último había dicho cuatro meses antes de decidir renunciar junto a los otros siete diputados, entre otras cosas, lo siguiente: “Nos equivocaríamos si pensáramos que hemos arribado a la paz. La paz se da cuando la guerra finaliza, y ésta sólo concluirá cuando hayamos liquidado a las oligarquías vendepatrias y a quienes se constituyen en sus aliados. Si estas fuerzas sociales reaccionarias permiten o no el desarrollo de las tareas de reconstrucción y liberación, de ello dependerá nuestro destino de paz o de violencia”.

Todo parecería indicar que los diputados vinculados a Montoneros, asumían que esa organización estaba en “guerra” contra las “oligarquías nativas” y sus aliados. Así lo hacían saber.