En el filo de la desesperanza

El Poder Ejecutivo finalmente dispuso el estado de sitio en todo el territorio del país; aquel decreto invocaba el accionar subversivo y así fundamentaba la determinación extrema. Fue dictado el 6 de noviembre del '74; en sus considerandos sostenía que no obstante y a pesar de las reiteradas expresiones de repudio y recomendaciones efectuadas por "las instituciones y sectores políticos, religiosos, económicos y sociales"; la situación se había agravado por los hechos de subversión y por las nuevas amenazas dirigidas contra niños en edad escolar. Se consideraba entonces la necesidad y el deber de "erradicar expresiones de una barbarie patológica".

Este decreto lo firma la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en acuerdo de ministros –Savino, Ivanissevich, López Rega, Gómez Morales y Rocamora.

Esto ocurría un mes después de entrar en vigencia la ley 20.840, sobre delitos contra el orden institucional y la paz social.

El 14 de febrero de 1975 cayó ultimado el diputado nacional Hipólito Acuña. El brutal atentado contra aquel legislador dio lugar al homenaje que le rindiera la Cámara en mayo del '75. Era secretario gremial en la Provincia de Santa Fe; integraba la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y era también miembro de la Comisión Investigadora sobre Producción, Industrialización y Comercialización de la Carne.

En aquella oportunidad, desde el bloque Justicialista se expresaba: “…la oligarquía todavía no está convencida de que en el país ha llegado, con el movimiento obrero a la Cámara de Diputados, la liberación que el pueblo quiere y que desean los componentes de todos los partidos que están compenetrados de nuestra misma causa”.

Tres décadas más tarde, la Cámara vota a favor de “las retenciones” pero el Senado de la Nación dice que no.

El 31 de julio del 75 a las cuatro y media de la tarde, en la Cámara de Diputados, comenzaba a informar el ministro del Interior, Dr. Antonio J. Benítez, sobre la situación institucional y política del país.

Luego de una serie de consideraciones expresadas por el titular de esa cartera, se dio inicio a las exposiciones de los diputados anotados para hacer uso de la palabra y para formular preguntas.

En aquella oportunidad se analizó en profundidad el nuevo proceso de institucionalización, y se marcó un antes y un después del primero de julio de 1974, día del fallecimiento del Teniente General Perón. Se dijo que antes de esa fecha "el dialogo político fue fluido, fácil y eficaz", pero después "el dialogo político se fue extinguiendo, y aunque en apariencia se mantuvo, no hubo eficacia, resultados concretos ni logros demostrativos de la misma aptitud para la preservación de este importante instrumento de la política argentina".

Antonio Tróccoli dijo además esa tarde que inclusive la Iglesia se había visto "sometida a situaciones equívocas en más de una ceremonia"... y que nadie ignoraba que algún importante obispo y varios sacerdotes ya habían sido amenazados.

Se cuestionó la política universitaria, la política internacional, y la económica, así como también el manejo de los medios de difusión, de la administración pública, del aparato administrativo y de los instrumentos políticos. Se marcaba, ante el ministro y desde la oposición, el avance del deterioro en las diferentes áreas.

Se reclamaba recuperar y poner en práctica aquellos presupuestos básicos para llegar a conseguir la reconstrucción nacional: "sumar y no dividir; incorporar y no excluir; convocar a un esfuerzo común a todos los argentinos para cosas trascendentes, dejando lo anecdótico y lo secundario para otra circunstancia; afirmar la participación de todos, para que por medio de espacios políticos adecuados exista un cometido que domine este objetivo fundamental y condicionante de la reconstrucción".

Se advertía, se decía con toda claridad que el gobierno ya no tenía "la autoridad carismática que poseía el presidente fallecido", era algo para tener en cuenta.

Se le preguntaba al señor ministro ¿qué pasaba en la Argentina con las organizaciones terroristas? ¿qué pasaba con el E.R.P. y con los Montoneros?

Moyano preguntaba concretamente, ¿qué grado de infiltración existía en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Nacional, por parte de esas organizaciones? y ¿cuál era la actividad de la contraguerrilla, cuál era la actuación de organizaciones de represión terrorista que actuaban al margen, en muchos casos, de los controles policiales?; agregaba que tanto unas como otras generaban crímenes aberrantes secuestros y pedidos de rescate.

“¿Cómo es posible que hayamos visto publicada en un periódico la conferencia de prensa dada por el presunto jefe de una organización clandestina?”

Moyano quería saber qué pasó con el rescate que aseguró haber percibido la organización guerrillera, que se jactó que representaba, la suma recibida, un tercio del presupuesto anual de las Fuerzas Armadas argentinas ¿qué pasó con el asalto a la fábrica Halcón, de armamentos?; aseguraba que además de dinero, se llevaron armas que luego usarían contra el país. Se llevaron más de cien ametralladoras, ciento cincuenta fusiles y cantidad de material bélico. Moyano planteaba que se habían realizado cientos de asaltos contra comisarías y unidades del Ejército, y que la repercusión que tenía la guerrilla con su accionar era gravísima, con respecto al sector de la economía, y agregaba que se estaba al borde del precipicio. Preguntaba por el secuestro de los hermanos Born; el doctor Benítez contestó que, los señores Born, en ningún momento denunciaron su secuestro, ni facilitaron la investigación. La familia Born prefirió pagar varios millones de dólares.

Se le planteaba al ministro la situación de las provincias intervenidas; el problema de las economías regionales.

Se le reclamaba con insistencia que se convocase a elecciones en los distritos intervenidos.

Preocupaba el tema de los secuestros; algunos diputados consideraban importante encontrar a los autores. Advertían además que por el monto de los rescates y por los arreglos privados celebrados en la clandestinidad para liberar a los secuestrados, se imponía la necesidad de establecer medidas relacionadas con la eventual y consiguiente salida de divisas de nuestro país.

Alarmaba el clima en que se encontraba la República a nivel económico; se calificaba tal situación como estado de anarquía y paralización.

Lorences destacaba la grave crisis que conmovía a la República, y entonces decía que la presencia, de alguna manera, podría significar un cambio en la actitud antes adoptada por sectores del gobierno que habían elegido el aislamiento y, desde la soledad, habían ejecutado una "política suicida" que estaba padeciendo el pueblo.

Decía que era necesario "destruir la mentalidad retrógrada" de aquellos que creían que el área de poder que se les había confiado, fuera una especie de "feudo propio", manejable a su arbitrio.

Lorences recordaba que el General Perón habría dejado bien establecido el riesgo que implicaba, a su juicio, confundir el aparato del Estado con el partido político que ejerciera la conducción del gobierno. Sostenía que esa sabia reflexión del ex presidente no había sido tenida en cuenta, y deploraba que el Estado, para resguardar el orden, hiciera uso de los mismos métodos utilizados por las organizaciones clandestinas. El pueblo –decía- no podría advertir la diferencia entre ambas fuerzas y ambas serían igualmente, ante la opinión pública, indignas de respeto. Dentro de este clima, se cuestionaba el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Se decía que la crisis económica no tenía precedentes y que lo político afectaba en lo económico y en lo social; y se le preguntaba al ministro si él creía que el incumplimiento del programa votado, para la gestión de gobierno, en 1973, tenía relación con el estado de crisis interna del peronismo, que a su vez repercutía, en todos los ámbitos del país.

En ese orden de cosas, Cárdenas afirmaba que una crisis política no nace nunca por generación espontánea.

Habría entonces, elementos visibles y otros ocultos que la habrían generado.

El país vio alejarse de su territorio a un hombre considerado "nefasto". Según Cárdenas se imponía una pregunta ¿tuvo ese hombre toda la culpa de todos los males?, si la repuesta es por el sí, las instituciones y todos los políticos evidenciarían una extrema debilidad frente a tales aventuras. Pero si la respuesta es por el no, habría que hacer una autocrítica, buscando la cuota de responsabilidad que debería asumir cada sector.

Se dijo en aquella reunión que "en las trágicas plazas del medioevo, las gentes quemaban a los brujos creyéndolos culpables de todos sus males"; y Cárdenas agregaba que, si López Rega cometió delitos, debía pronunciarse la Justicia en tal sentido.

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Habían sido secuestrados en la ciudad de Tucumán, el 8 de julio del '75, un periodista francés y su compañera; Maurice Jeger –o Jaeger- trabajaba en el diario "La Gaceta". Se le pedía al ministro del Interior que se interesara en la búsqueda del ciudadano francés y de Cristina González.

Analizando la cuestión de la salud de la señora Presidente de la República; se recomendaba... "ahuyentar a los cuervos agoreros que por una rara virtud transformista aparecen no sólo como críticos de ocasión y analistas por encargo, sino también como consejeros paternales a quienes nadie pidió consejo". Y, entre otras cosas, Juan Carlos Cárdenas advertía: "mientras ciña su banda y empuñe su bastón por mandato de casi ocho millones de argentinos, tenemos que apoyarla y respetarla, aún criticándola, aún señalándole errores, porque en su escueta figura están resumidas las instituciones de la República..."

..."si alguien cree que Isabel no está en condiciones de gobernar, que plantee formalmente la cuestión y no ande detrás de las puertas alentando a algún desprevenido. Lo demás es chisme de desocupados, especulación menuda, vergonzoso ejercicio del rumor que va desde el cuento grosero del hortera, hasta las exquisiteces literarias de ciertos analistas que todos conocemos”. En otro orden de ideas el diputado insistía, una y otra vez, en que el mejor antídoto contra el veneno de la guerrilla era la justicia social, y él decía, que no había sido lograda.

Por otra parte, desde el Partido Federal expresaban “... queríamos y queremos defender un orden constitucional en serio. Porque no queremos que desde el institucionalismo se haga, como más de una vez se ha hecho en el país, un culto a la hipocresía".

Preocupaba el nivel de desprestigio internacional en que –según Fernández Gil-, había caído la Argentina; hablaba del problema de la deuda externa, pretendía conocer el verdadero análisis y pensamiento del gobierno en la materia. Este mismo diputado destacaba el valor de las reservas humanas, factibles de movilizar mediante un "poder moral de convocatoria, poniendo en marcha una genuina audacia creadora".

Francisco Manrique, en su calidad de presidente del Partido Federal, enviaba una carta a la señora Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en la que expresaba, entre otras cosas: "Van ya casi treinta días que el país está paralizado, enredado en sus penas e inquietudes, sin producción suficiente y consumiendo sus entrañas. Sin embargo, gente sana de toda condición social, de todos los rincones de esta patria, que mereció mejor suerte, la mira a usted, señora presidente, heredera de responsabilidades, esperando la adopción de actitudes positivas que nos pongan en marcha hacia la fe perdida" (...) "Levante entonces su vista, señora presidente, atraviese el cerco de mediocridades e intereses que la rodean, cierre sus oídos a las mezquindades y advierta que esta Argentina, que quizás usted no conoce en profundidad, espera, ya en el filo de la desesperanza, que la autoridad presidencial se recupere con actitudes claras y coherentes en función del país y no de un enloquecido e inoperante afán de perdurar".