Preocupaba un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se ascendería al personal policial retirado y, entre otros, a quienes habrían sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente enla Cámara se hacía referencia al caso del principal (R) Rodolfo Eduardo Almirón; También se mencionó el tema de Juan Ramón Morales, un ex comisario que había sido expulsado de la fuerza policial cinco años antes.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.
Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.
En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.
Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.
En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.
Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.
jueves, 24 de septiembre de 2009
jueves, 17 de septiembre de 2009
Ojalá que desaparezca
Desde el Gobierno Nacional se argumentaba que aquella ola de agitación política, que se vivía en el país, respondía exclusivamente a un próximo proceso electoral. Esa afirmación fue inmediatamente rechazada; el diputado Fernández Gill sostuvo en cambio que las fuerzas políticas no vivían en un estado de agitación sino en un estado de angustia por lo que estaba sucediendo en el país. Angustia que vivían además de los partidos políticos, el sector gremial y el de los empresarios, la universidad y la Iglesia y tal vez más profundamente las Fuerzas Armadas, que debían asumir la responsabilidad histórica de custodiar el orden constitucional.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.
Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.
Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.
Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.
Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.
Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Los recién nacidos y el almirante
Francisco Falabella planteaba con preocupación, el desborde de organizaciones gremiales y corporaciones destinadas a defender intereses sectoriales que habían estado trabando y dificultando la acción del gobierno. Consideraba que aquellas fuerzas podrían llegar a presionar sobre las demás y, al anularlas, llegarían tal vez a ocupar el poder político. Temía, ese diputado, que finalmente aquellas fuerzas fueran manejadas por otros signos. Temía que la Argentina llegase a padecer el mismo drama que ya habían sufrido otros países. Falabella hablaba de los “impulsos y desbordes de los poderes gremiales”.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.
También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.
Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.
No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.
Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.
El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.
Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.
Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.
sábado, 5 de septiembre de 2009
Días tristes para la Argentina
Otras fuerzas políticas con representación parlamentaria ponían el acento en la necesidad de recuperar el orden; hablaban del problema socioeconómico y fundamentalmente del tema psicosocial y lo relacionaban con la captación de la subversión. Preocupaba, especialmente, la crisis moral que afectaba al país. Y se expresaba que "la estructura moral del gobierno no es sino la estructura moral de los gobernantes". En estos términos, la diputada Cristina Guzmán requería de los funcionarios la capacidad de mostrar una virtud humana total, ser ejemplo de la moral predicada. Hablaba del riesgo de agotarnos en la mediocridad; cuestionaba tanto las improvisaciones como las vacilaciones y también las acciones inorgánicas.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.
Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.
Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.
Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.
El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.
Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.
Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.
El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.
Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.
Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.
Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.
Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.
El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.
Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.
Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.
El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.
Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.
domingo, 23 de agosto de 2009
El bastón del dictador
Con relación a la crisis moral, Balestra decía que la misma se manifestaba en diferentes aspectos; uno sería la subversión, a la que primero se alentó. Otro aspecto de la crisis moral estaría dado por un fuerte enfrentamiento por detentar el poder que, según este diputado, se advertía en una lucha sin límites entre grupos antagónicos del mismo movimiento que ejercía el gobierno. Además sostenía que la crisis de origen moral golpeaba en lo político provocando anarquía, también en lo económico, provocando inflación y recesión, y en lo social con la subversión permanente. Todo esto gravitaba en la composición de la sociedad, empobreciendo a la clase media y empujando al caos y a la anarquía con fines inconfesables –decía Balestra-.
Insúa planteaba que el estado de sitio era una medida que se mantenía como herramienta utilizada para la persecución ideológica y para detener y encarcelar personas no involucradas con la subversión, ciudadanos a quienes, sin proceso, se los mantenía presos, desconociendo las órdenes de libertad firmadas por Jueces de la Nación. Hablaba claramente de los excesos, y pedía que el Ejecutivo hiciera todo lo necesario para evitar injusticias.
Insúa hacía referencia a la protesta de instituciones, organizaciones, partidos políticos y familiares, requiriendo la libertad de centenares de presos políticos. También hablaba del régimen inhumano al que eran sometidos, generalmente por persecución ideológica y reclamaba hacer efectivo el derecho de opción de los detenidos para poder salir del país.
Desde la oposición se le reprochaba al gobierno la aplicación abusiva del estado de sitio que, en algunos casos, como en el del ex senador uruguayo Enrique Erro, implicaba la violación de convenciones internacionales y que, en lo interno, significaba la detención de ciudadanos a los que no se les conocía ninguna actividad que pudiera alterar la paz interior de la República.
Se pretendía conocer cuales eran los mecanismos de decisión por los que atravesaba el dictado de cada decreto que ponía a disposición del Poder Ejecutivo a particulares, y cuál era el control que se llevaba sobre la razonabilidad de esas medidas.
Valenzuela consideraba que cuando el Poder Ejecutivo pedía confianza a los argentinos, frase reiterada en todos los ámbitos oficiales, significaba que ella no estaba presente, y por tal motivo se imponía recuperarla, generarla con hechos concretos. Decía que en las provincias en general, salvo excepciones, no había dialogo político, y señalaba que se estaba dando un éxodo de jóvenes por falta de fuentes de trabajo. En tal sentido le preocupaba que dicho éxodo fuera, en parte, destinado al reclutamiento de organizaciones subversivas.
Desde el Movimiento Línea Popular se expresaba que la convivencia política inaugurada en 1973 era inédita en la República Argentina, y que el apoyo concreto realizado por los diferentes sectores para ayudar al gobierno a lograr el mayor éxito, no registraba antecedentes históricos. Pero entones quedaba claro que dicha convivencia política resultaba insuficiente. Así le aparecían las preguntas a Ferreyra, ¿qué pasó? y ¿por qué estábamos ante semejante fracaso, no habiendo perdido guerra alguna? ¿por qué?, si no habíamos sufrido un cataclismo, ni afrontábamos una guerra civil. Dijo entonces, a modo de respuesta, que hacía más de cuarenta años que, en diferentes aspectos, estábamos aferrados a una etapa y a una estructura que, debiendo haber sido superadas, permanecíamos en ellas sin atrevernos a parir el cambio necesario que imponía la realidad del país.
Monsalve le preguntaba al doctor Benítez, si consideraba factible recuperar la confianza frente a insistentes versiones "sobre el surgimiento de fortunas colosales de la noche a la mañana, cuyos titulares tenían alguna vinculación más o menos cercana con esferas gubernativas?"
Los observadores político-económicos señalaban que algún grupo financiero se dedicaba a adquirir enormes cantidades de las más diversas mercaderías, justo antes del shock provocado por los conductores de la economía, llegando a triplicar las inversiones.
Monsalve advertía que no podía infundirse confianza al pueblo, cuando se lo convocaba primero, para anunciarle medidas favorables relacionadas con su salario, y luego, un día después, se lo reunía para informarle lo contrario.
Acevedo destacaba una profunda ansiedad y angustia y una ausencia de fe; decía entonces que ello daba un resultado absolutamente negativo para cada ciudadano y, desde luego, para el país. Por todo ello alertaba que el hecho de no saber a qué atenerse era el signo de aquellos tiempos. Analizaba el rol del Estado frente a la inseguridad y reclamaba el cumplimiento de su fundamental función, que se expresaba era, garantizar la seguridad, la vida y la integridad personal de cada componente de la comunidad. Decía que si el principal requerimiento que justifica la existencia del Estado no puede ser satisfecho, ¿qué otra cosa se le podía pedir al Gobierno?
Jesús Mira denunciaba públicamente que la represión crecía, a medida que aumentaba el desfasaje entre los salarios y los precios liberados. Por otra parte aseguraba que las medidas tomadas para realizar la persecución de los sectores de ultraizquierda, no eran las mismas que se ejercían en relación al terrorismo de ultraderecha, cuando la “Triple A” –decía- ya había cometido más de quinientos crímenes.
Mira quería saber cuantos eran los presos políticos que se encontraban a disposición del P.E.N. y sin proceso; consideraba que serían entre mil setecientos y dos mil, pero requería conocer la cantidad exacta. Agregaba que la aplicación del estado de sitio, había dado lugar a tantas arbitrariedades, por lo que invitaba al Ejecutivo a considerar la posibilidad de levantar esa medida extrema. Solicitaba formalmente conocer qué tipo de investigaciones había encarado el gobierno, orientadas a descubrir cuanto fuera necesario en relación con el accionar de "las tres A", y preguntaba si algún miembro de esa organización había sido detenido. El primer atentado que se le adjudica a esta agrupación de extrema derecha lo realiza contra el Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, quien resulta herido por un explosivo colocado en su automóvil en octubre de 1973. Unos meses después, en mayo de 1974, asesinan al sacerdote Carlos Mugica, éste encabezaría la lista de cadáveres adjudicados a la “Triple A”.
A renglón seguido, el 31 de julio de ese mismo año, la organización le quita la vida al diputado peronista de izquierda Rodolfo David Ortega Peña, quien se había incorporado a la Cámara recién el 13 de marzo del `74 para cubrir una de las vacantes producidas el día 6 de febrero, fecha en las que renuncian a sus bancas ocho diputados nacionales, entre ellos, Carlos Kunkel, referente político del entonces estudiante de derecho Néstor Kirchner, un jóven prometedor de veinticuatro añosde dad.
A Ortega Peña lo reemplaza Bernardo Montenegro.
Sandler volvía a hacer hincapié en la ausencia del general Perón y de su carisma. Afirmaba que en 1973 había votado el noventa por ciento de la población y se llegó a la Presidencia de la Nación con más del sesenta por ciento de los votos.
Sandler manifestaba su impresión sobre la violencia que se había ido generando paulatinamente y sobre el particular decía: "cada argentino democrático trae inconscientemente en su mochila el bastón de dictador”. Advertía que se estaba generando toda suerte de autoritarismos, cuya fuente principal se encontraba en el orden jurídico estatal. Por ello pensaba que la consistencia final podía terminar en un tremendo y desgraciado despotismo. Despotismo que no lograría una sociedad de hombres libres ni socialmente justa, pero que pretendería, al menos, conseguir la seguridad que toda sociedad necesita. Ese efecto sería inevitable de mantenerse la situación descripta.
Sandler además advertía que la violencia, como realidad indiscutible, también podía "venir acompañada por un fenómeno mitológico de la violencia subversiva". Y agregaba que en eso no se podían engañar los responsables del poder político, los legisladores. Esa violencia debía ser analizada; pero señalaba la posibilidad de caer en el error de considerar violencia subversiva el solo deseo de cambiar el estado de cosas imperante.
Vinculaba el tema de la violencia con el de la penetración extranjera y aparecían los interrogantes: ¿la penetración extranjera sólo operaba a nivel del orden económico?, ¿o también podía operar penetrando en otros órdenes de la sociedad?, ¿podía haber una penetración extranjera dentro de las fuerzas de seguridad? "Uno debe pensar hasta dónde nuestras propias estructuras estatales no han sido objeto de esa penetración".
En otro orden de cosas, se mencionaba que una vez analizado el plan Rodrigo, resultaba obvio que su aplicación exigiría poner en marcha el aparato represivo. La movilización sindical había impedido su puesta en práctica.
Tanto a Marino como a Sandler les preocupaba que el reglamento de máxima peligrosidad dictado por la dictadura militar, y que fuera derogado por ley del Congreso en mayo del '73, se estuviera aplicando en la prisión de Rawson y también en Sierra Chica.
Cuando Carlos Kunkel renuncia a la banca, también lo hacen Armando Croatto, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glellel, Diego Muñiz Barreto, Roberto Vidaña, Rodolfo Oscar Vittar y Anibal Iturrieta; este último había dicho cuatro meses antes de decidir renunciar junto a los otros siete diputados, entre otras cosas, lo siguiente: “Nos equivocaríamos si pensáramos que hemos arribado a la paz. La paz se da cuando la guerra finaliza, y ésta sólo concluirá cuando hayamos liquidado a las oligarquías vendepatrias y a quienes se constituyen en sus aliados. Si estas fuerzas sociales reaccionarias permiten o no el desarrollo de las tareas de reconstrucción y liberación, de ello dependerá nuestro destino de paz o de violencia”.
Todo parecería indicar que los diputados vinculados a Montoneros, asumían que esa organización estaba en “guerra” contra las “oligarquías nativas” y sus aliados. Así lo hacían saber.
martes, 18 de agosto de 2009
En el filo de la desesperanza
El Poder Ejecutivo finalmente dispuso el estado de sitio en todo el territorio del país; aquel decreto invocaba el accionar subversivo y así fundamentaba la determinación extrema. Fue dictado el 6 de noviembre del '74; en sus considerandos sostenía que no obstante y a pesar de las reiteradas expresiones de repudio y recomendaciones efectuadas por "las instituciones y sectores políticos, religiosos, económicos y sociales"; la situación se había agravado por los hechos de subversión y por las nuevas amenazas dirigidas contra niños en edad escolar. Se consideraba entonces la necesidad y el deber de "erradicar expresiones de una barbarie patológica".
Este decreto lo firma la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en acuerdo de ministros –Savino, Ivanissevich, López Rega, Gómez Morales y Rocamora.
Esto ocurría un mes después de entrar en vigencia la ley 20.840, sobre delitos contra el orden institucional y la paz social.
El 14 de febrero de 1975 cayó ultimado el diputado nacional Hipólito Acuña. El brutal atentado contra aquel legislador dio lugar al homenaje que le rindiera la Cámara en mayo del '75. Era secretario gremial en la Provincia de Santa Fe; integraba la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y era también miembro de la Comisión Investigadora sobre Producción, Industrialización y Comercialización de la Carne.
En aquella oportunidad, desde el bloque Justicialista se expresaba: “…la oligarquía todavía no está convencida de que en el país ha llegado, con el movimiento obrero a la Cámara de Diputados, la liberación que el pueblo quiere y que desean los componentes de todos los partidos que están compenetrados de nuestra misma causa”.
Tres décadas más tarde, la Cámara vota a favor de “las retenciones” pero el Senado de la Nación dice que no.
El 31 de julio del 75 a las cuatro y media de la tarde, en la Cámara de Diputados, comenzaba a informar el ministro del Interior, Dr. Antonio J. Benítez, sobre la situación institucional y política del país.
Luego de una serie de consideraciones expresadas por el titular de esa cartera, se dio inicio a las exposiciones de los diputados anotados para hacer uso de la palabra y para formular preguntas.
En aquella oportunidad se analizó en profundidad el nuevo proceso de institucionalización, y se marcó un antes y un después del primero de julio de 1974, día del fallecimiento del Teniente General Perón. Se dijo que antes de esa fecha "el dialogo político fue fluido, fácil y eficaz", pero después "el dialogo político se fue extinguiendo, y aunque en apariencia se mantuvo, no hubo eficacia, resultados concretos ni logros demostrativos de la misma aptitud para la preservación de este importante instrumento de la política argentina".
Antonio Tróccoli dijo además esa tarde que inclusive la Iglesia se había visto "sometida a situaciones equívocas en más de una ceremonia"... y que nadie ignoraba que algún importante obispo y varios sacerdotes ya habían sido amenazados.
Se cuestionó la política universitaria, la política internacional, y la económica, así como también el manejo de los medios de difusión, de la administración pública, del aparato administrativo y de los instrumentos políticos. Se marcaba, ante el ministro y desde la oposición, el avance del deterioro en las diferentes áreas.
Se reclamaba recuperar y poner en práctica aquellos presupuestos básicos para llegar a conseguir la reconstrucción nacional: "sumar y no dividir; incorporar y no excluir; convocar a un esfuerzo común a todos los argentinos para cosas trascendentes, dejando lo anecdótico y lo secundario para otra circunstancia; afirmar la participación de todos, para que por medio de espacios políticos adecuados exista un cometido que domine este objetivo fundamental y condicionante de la reconstrucción".
Se advertía, se decía con toda claridad que el gobierno ya no tenía "la autoridad carismática que poseía el presidente fallecido", era algo para tener en cuenta.
Se le preguntaba al señor ministro ¿qué pasaba en la Argentina con las organizaciones terroristas? ¿qué pasaba con el E.R.P. y con los Montoneros?
Moyano preguntaba concretamente, ¿qué grado de infiltración existía en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Nacional, por parte de esas organizaciones? y ¿cuál era la actividad de la contraguerrilla, cuál era la actuación de organizaciones de represión terrorista que actuaban al margen, en muchos casos, de los controles policiales?; agregaba que tanto unas como otras generaban crímenes aberrantes secuestros y pedidos de rescate.
“¿Cómo es posible que hayamos visto publicada en un periódico la conferencia de prensa dada por el presunto jefe de una organización clandestina?”
Moyano quería saber qué pasó con el rescate que aseguró haber percibido la organización guerrillera, que se jactó que representaba, la suma recibida, un tercio del presupuesto anual de las Fuerzas Armadas argentinas ¿qué pasó con el asalto a la fábrica Halcón, de armamentos?; aseguraba que además de dinero, se llevaron armas que luego usarían contra el país. Se llevaron más de cien ametralladoras, ciento cincuenta fusiles y cantidad de material bélico. Moyano planteaba que se habían realizado cientos de asaltos contra comisarías y unidades del Ejército, y que la repercusión que tenía la guerrilla con su accionar era gravísima, con respecto al sector de la economía, y agregaba que se estaba al borde del precipicio. Preguntaba por el secuestro de los hermanos Born; el doctor Benítez contestó que, los señores Born, en ningún momento denunciaron su secuestro, ni facilitaron la investigación. La familia Born prefirió pagar varios millones de dólares.
Se le planteaba al ministro la situación de las provincias intervenidas; el problema de las economías regionales.
Se le reclamaba con insistencia que se convocase a elecciones en los distritos intervenidos.
Preocupaba el tema de los secuestros; algunos diputados consideraban importante encontrar a los autores. Advertían además que por el monto de los rescates y por los arreglos privados celebrados en la clandestinidad para liberar a los secuestrados, se imponía la necesidad de establecer medidas relacionadas con la eventual y consiguiente salida de divisas de nuestro país.
Alarmaba el clima en que se encontraba la República a nivel económico; se calificaba tal situación como estado de anarquía y paralización.
Lorences destacaba la grave crisis que conmovía a la República, y entonces decía que la presencia, de alguna manera, podría significar un cambio en la actitud antes adoptada por sectores del gobierno que habían elegido el aislamiento y, desde la soledad, habían ejecutado una "política suicida" que estaba padeciendo el pueblo.
Decía que era necesario "destruir la mentalidad retrógrada" de aquellos que creían que el área de poder que se les había confiado, fuera una especie de "feudo propio", manejable a su arbitrio.
Lorences recordaba que el General Perón habría dejado bien establecido el riesgo que implicaba, a su juicio, confundir el aparato del Estado con el partido político que ejerciera la conducción del gobierno. Sostenía que esa sabia reflexión del ex presidente no había sido tenida en cuenta, y deploraba que el Estado, para resguardar el orden, hiciera uso de los mismos métodos utilizados por las organizaciones clandestinas. El pueblo –decía- no podría advertir la diferencia entre ambas fuerzas y ambas serían igualmente, ante la opinión pública, indignas de respeto. Dentro de este clima, se cuestionaba el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Se decía que la crisis económica no tenía precedentes y que lo político afectaba en lo económico y en lo social; y se le preguntaba al ministro si él creía que el incumplimiento del programa votado, para la gestión de gobierno, en 1973, tenía relación con el estado de crisis interna del peronismo, que a su vez repercutía, en todos los ámbitos del país.
En ese orden de cosas, Cárdenas afirmaba que una crisis política no nace nunca por generación espontánea.
Habría entonces, elementos visibles y otros ocultos que la habrían generado.
El país vio alejarse de su territorio a un hombre considerado "nefasto". Según Cárdenas se imponía una pregunta ¿tuvo ese hombre toda la culpa de todos los males?, si la repuesta es por el sí, las instituciones y todos los políticos evidenciarían una extrema debilidad frente a tales aventuras. Pero si la respuesta es por el no, habría que hacer una autocrítica, buscando la cuota de responsabilidad que debería asumir cada sector.
Se dijo en aquella reunión que "en las trágicas plazas del medioevo, las gentes quemaban a los brujos creyéndolos culpables de todos sus males"; y Cárdenas agregaba que, si López Rega cometió delitos, debía pronunciarse la Justicia en tal sentido.
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Habían sido secuestrados en la ciudad de Tucumán, el 8 de julio del '75, un periodista francés y su compañera; Maurice Jeger –o Jaeger- trabajaba en el diario "La Gaceta". Se le pedía al ministro del Interior que se interesara en la búsqueda del ciudadano francés y de Cristina González.
Analizando la cuestión de la salud de la señora Presidente de la República; se recomendaba... "ahuyentar a los cuervos agoreros que por una rara virtud transformista aparecen no sólo como críticos de ocasión y analistas por encargo, sino también como consejeros paternales a quienes nadie pidió consejo". Y, entre otras cosas, Juan Carlos Cárdenas advertía: "mientras ciña su banda y empuñe su bastón por mandato de casi ocho millones de argentinos, tenemos que apoyarla y respetarla, aún criticándola, aún señalándole errores, porque en su escueta figura están resumidas las instituciones de la República..."
..."si alguien cree que Isabel no está en condiciones de gobernar, que plantee formalmente la cuestión y no ande detrás de las puertas alentando a algún desprevenido. Lo demás es chisme de desocupados, especulación menuda, vergonzoso ejercicio del rumor que va desde el cuento grosero del hortera, hasta las exquisiteces literarias de ciertos analistas que todos conocemos”. En otro orden de ideas el diputado insistía, una y otra vez, en que el mejor antídoto contra el veneno de la guerrilla era la justicia social, y él decía, que no había sido lograda.
Por otra parte, desde el Partido Federal expresaban “... queríamos y queremos defender un orden constitucional en serio. Porque no queremos que desde el institucionalismo se haga, como más de una vez se ha hecho en el país, un culto a la hipocresía".
Preocupaba el nivel de desprestigio internacional en que –según Fernández Gil-, había caído la Argentina; hablaba del problema de la deuda externa, pretendía conocer el verdadero análisis y pensamiento del gobierno en la materia. Este mismo diputado destacaba el valor de las reservas humanas, factibles de movilizar mediante un "poder moral de convocatoria, poniendo en marcha una genuina audacia creadora".
Francisco Manrique, en su calidad de presidente del Partido Federal, enviaba una carta a la señora Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en la que expresaba, entre otras cosas: "Van ya casi treinta días que el país está paralizado, enredado en sus penas e inquietudes, sin producción suficiente y consumiendo sus entrañas. Sin embargo, gente sana de toda condición social, de todos los rincones de esta patria, que mereció mejor suerte, la mira a usted, señora presidente, heredera de responsabilidades, esperando la adopción de actitudes positivas que nos pongan en marcha hacia la fe perdida" (...) "Levante entonces su vista, señora presidente, atraviese el cerco de mediocridades e intereses que la rodean, cierre sus oídos a las mezquindades y advierta que esta Argentina, que quizás usted no conoce en profundidad, espera, ya en el filo de la desesperanza, que la autoridad presidencial se recupere con actitudes claras y coherentes en función del país y no de un enloquecido e inoperante afán de perdurar".
viernes, 7 de agosto de 2009
“¡¡¡Ojalá que no nos duela en nuestros hijos!!!”
Importaba analizar en el Congreso el tema de la represión de actividades subversivas, en el marco de un verdadero estado de angustia y de interrogantes de todo el pueblo.
La Presidente de la Nación, en su mensaje al Parlamento al enviar el proyecto de ley de reforma al Código Penal, se refería al repudio a la violencia de cualquier origen y a la necesidad de fortalecer la unión nacional. El Poder Ejecutivo reclamaba el tratamiento urgente de ese proyecto; se denunciaba que había grupos realizando una sutil y sostenida campaña de proselitismo y adoctrinamiento.
En esa oportunidad Tróccoli destacaba que efectivamente el país estaba transitando por un momento difícil, decía que era víctima de una complicada estrategia de subversión que, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, en una suerte de coincidencia tácita, se estaba tratando de abatir al sistema constitucional.
Tula Durán dudaba que realmente el proyecto del Ejecutivo fuera un remedio eficaz para la subversión.
Tróccoli argumentaba que aquella iniciativa no tocaba el fondo de la cuestión y que, por el contrario, se entraría en un sendero que podría coartar otras libertades que no tenían nada que ver con las vertientes subversivas.
El proyecto de ley antisubversiva enviado al Parlamento por el P.E.N. ya había sido aprobado por el Senado.
Porto consideraba que era necesario convertirlo en ley para erradicar la acción subversiva que se había propuesto afectar la seguridad interior de la República, crear el caos, subvertir las instituciones políticas, sociales y económicas; señalaba que el código vigente al tiempo del debate, sus figuras delictivas y sus correspondientes penas, eran manifiestamente insuficientes para preservar el orden institucional y la paz social.
Porto recordaba, en el recinto, la toma de comisarías y el asalto a cuarteles de las fuerzas armadas; recordaba los asesinatos con premeditación, con alevosía, con ensañamiento, por placer, para preparar, facilitar o consumar otros delitos; recordaba también las bombas, los secuestros, el pedido de rescates; planteaba con preocupación el imperio de la “ley de la selva” y consideraba que la voluntad general ya no era la obediencia. Algunos ya se preguntaban si la potestad otorgada al poder central se había dado a una autoridad que ya no regía, que aparentemente ya no era obedecida. ¿Qué pasaba con la voluntad general?, ¿tenía, o no tenía vigencia? frente a la voluntad de sectores minoritarios que se burlaban del pueblo y de la ley, de la Constitución, pretendiendo atentar contra las instituciones y acabar con la paz social.
Una y otra vez se calificaba a esa violencia, era “subversión y guerra” y ya muchos se negaban a permanecer cruzados de brazos, sin tomar rápidas medidas, frente a la alevosía, al ensañamiento, al homicidio por precio, a las sevicias graves, a las torturas, a los impulsos de perversidad brutal. Sostenían que no hacer nada frente a todo eso los haría cómplices de los que apuntaban al pecho de la democracia con una metralleta.
En aquel Congreso se aseguraba, cada vez con mayor fuerza, que estábamos frente a verdaderas organizaciones armadas, con mucho dinero, con uniformes, con muchas armas y que estaban atentando contra el orden institucional y contra la paz social. Proponían desde el oficialismo endurecer la legislación en materia penal para empezar, desde sus orígenes, a terminar, de una vez por todas -decían- , con la guerrilla y con la subversión que, según Porto, atentaban contra los derechos del pueblo y contra su soberanía.
Pero, desde la oposición, Day sostenía que el proyecto del Ejecutivo nada tenía que ver con la guerrilla, y desestimaba la idea de resolver el problema poniendo en marcha el aparato represivo o aumentando las penas, dejando a un lado los aspectos previos y preventivos, más eficaces y menos cruentos.
Day decía además que se perseguían las ideas y que eso era sumamente peligroso. Argumentaba que la ley en su afán persecutorio de las ideas, se introducía en la vida privada, por penar a quien fuera sorprendido con elementos de propaganda de las conductas tipificadas, como si en realidad tuviera un explosivo peligroso en su casa.
Day cuestionaba también el hecho de sancionar el Congreso una ley que podría afectar la libertad de prensa, poniéndole injustificados límites. Preocupaba la persecución y el castigo por un delito de pensamiento o ideológico.
El Partido Intransigente advertía que con un clima de zozobra y pesimismo, creado deliberadamente a través de diversas formas, con acción psicológica y con la acción de las fuerzas del terrorismo y del crimen, se iría llevando al pueblo a distanciarse del gobierno, si no se reaccionaba a Tiempo.
A la oposición le preocupaba y mucho que la anunciada represión, en nombre de la ley y la Constitución se hiciera en medio del caos, o sembrando el caos; Portero remarcaba la gravedad que implicaba correr el riesgo de invocar, en determinado momento, que la represión se realizara no contra el pueblo, ni con el pueblo; lo grave sería que se llegase a decir que se realizaba por el pueblo. “Eso sería lo peor que le podría ocurrir a nuestra democracia y a nuestros intereses nacionales”. Había que tener entonces un gobierno que dominase la situación, resultaba imprescindible.
Desde el mismo Congreso se expresaba que el remedio no era únicamente legislativo; se decía que estaba bien dictar y votar leyes de protección, pero no leyes de este tipo. Algunos insistían que el remedio debía ser esencialmente político.
Era fundamental que se intentase enfrentar el avance de la escalada terrorista.
Se proponían medida positivas a ejecutar frente al terror y la violencia y se exigía que no se hicieran desde el gobierno diferencias arbitrarias, imputando como causal válida la adherencia o adscripción a ideologías; que no se estuviera esperando día a día conocer la identidad de la víctima para enjuiciar el crimen, en vez de estar todos juntos buscando y hurgando para encontrar al victimario; y se agregaba que, nunca habría lógica ni justicia en los resultados del atentado. Portero afirmaba que en la Argentina no se inspiraba seguridad al pueblo mediante la represión.
Balestra sostenía que “Los crímenes contra la humanidad , donde exista una degradada perversidad contra el género humano, tampoco encuentran justificativos en tiempos de gobiernos constitucionales o de facto. En definitiva, la violencia es repudiable en cualquiera de sus manifestaciones; y ésta ha de ser una actitud constante, porque de no ser así, corremos el riesgo de que en nombre de supuestas motivaciones políticas o ideológicas, se legitimen determinadas formas de crímenes contra la humanidad, alentando así a la comisión de estos crímenes contra ella en otro tiempo”. También requería que se formase conciencia de que no era válida la táctica o la estrategia política de alentar a los criminales atroces a cometer los más vandálicos crímenes aunque fueran en nombre del sagrado derecho de que el pueblo recuperase el gobierno de sus instituciones, “porque luego, cuando se pida a estos aliados vandálicos paz y orden, responderán con guerra y anarquía por cuanto su vida es el caos, su finalidad es la anarquía , y sus designios inconfesables, la destrucción de todo vestigio de nacionalidad”.
Por aquellas horas ya se conocía la noticia de otro hecho luctuoso, habían asesinado al Dr. Silvio Frondizi , se estaban cumpliendo algunos vaticinios.
Un matutino, de la capital, días atrás había elaborado una macabra estadística que se analizaba en el recinto. El diputado Marino insistía en que aquella ley nos iba a doler a todos; nos iba a doler en nuestra carne y en nuestra sangre, y agregaba “¡Ojalá que no nos duela en nuestros hijos!!!”
Otros legisladores repetían que no se sabía quien mataba y sí se sabía quién moría. Moyano reclamaba el escarmiento público en cabeza de quien fuera responsable auténtico de tanto delito impune; hablaba del estado de sitio en la República, medida que debía propiciar -decía- el Poder Ejecutivo, porque era el que estaba en condiciones de merituar si había llegado o no el momento de la suspensión de las garantías constitucionales.
En aquella reunión del 28 de septiembre del '74, se comentaba que, según declaraciones públicas del Ministro del Interior, éste entendía que no había llegado el tiempo aún de declarar el estado de sitio. Algunos se preguntaban si la Policía Federal y las policías provinciales estaban dotadas de recursos económicos y materiales y si estaban suficientemente respaldadas en su accionar.
Según Jesús Mira estábamos ante dos tipos de terrorismo, individual o de grupos, uno de la ultraizquierda, “que independientemente de los altos fines que preconiza, creemos que sirven para perturbar el proceso de liberación, e independientemente de la buena voluntad que pueden tener algunos jóvenes que equivocadamente participan en los hechos, pensamos que están sirviendo al enemigo que ellos desean combatir”; otro de la ultraderecha, “que asesina, que mata, que secuestra todos los días en las calles de Bs. As., actuando con una impunidad tremenda”. Prueba de ello –decía Mira- es el asesinato que se cometiera contra una conocida figura política argentina, el señor Silvio Frondizi, por parte de la A.A.A., organización que tiene amenazados también a muchos señores diputados. Estos grupos contaban con medios cuantiosos y con una impunidad que es difícil de explicar; sin embargo –señalaba el diputado del P.C.-, contra este terrorismo de derecha muy poco o nada se dice. El proyecto en discusión apuntaría, si se lo analizaba, a los grupos terroristas de ultraizquierda -sostenían algunos diputados-.
Observaba Pedrini que al mismo tiempo que de todos los sectores políticos con representación parlamentaria se repudiaban los hechos del terrorismo, se buscaba triturar y destruir, por todos los medios, el instrumento legal que pedía el Ejecutivo Nacional, para tratar de abatir aquellos hombres jóvenes que precisamente no provienen -agregaba- de la clase trabajadora, puesto que llevan apellidos pertenecientes tal vez a la pequeña o mediana burguesía hacia arriba, y que atentan contra las instituciones del país -y seguía diciendo el Presidente del bloque Justicialista- “el día de mañana, cuando caiga abatido por las balas asesinas alguno de los integrantes de esta Cámara, no quisiera ver lágrimas en los ojos de quienes no le dan al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para reprimir este tipo de acciones. No tratemos de manotear las manijas del cajón del muerto y no hagamos discursos estentóreos y dramáticos lamentando la muerte de un diputado o de un senador nacional”. Terminaba diciendo, entre otras cosas, que la República estaba en guerra. Y además planteaba que no podía ser que todos los días personeros de la izquierda estuvieran asesinando a ciudadanos argentinos. Pedía definiciones claras, pedía terminar con el miedo, pedía que se votase esa ley enviada por el Ejecutivo. Aseguraba categóricamente que había miedo de votar aquella ley, y entonces decía que si había algo mejor que esa ley, que lo digan. “¡No queremos guitarreadas".
No sé qué les pasará a los demás, pero a mí me pasó que cuando leía algunos discursos, por momentos, me daba la impresión que en el Congreso había alguna pata de La Triple “A”; pero además sentí que, en ese mismo lugar habría hecho pie también la subversión.
Espero haberme equivocado en la impresión porque, de lo contrario, si esa sensación que tuve tiene algún asidero y si se confirmara, todos aquellos crímenes cometidos, por unos y por otros, habrían involucrado a la gran caja de resonancia de la democracia -que es el Congreso- y, por lo tanto, aquellos hechos impunes quedarían atrapados dentro de esa misteriosa caja de Pandora –el Terrorismo de Estado-; quedándonos como única esperanza un “NUNCA MÁS”, y el arrepentimiento.
La Presidente de la Nación, en su mensaje al Parlamento al enviar el proyecto de ley de reforma al Código Penal, se refería al repudio a la violencia de cualquier origen y a la necesidad de fortalecer la unión nacional. El Poder Ejecutivo reclamaba el tratamiento urgente de ese proyecto; se denunciaba que había grupos realizando una sutil y sostenida campaña de proselitismo y adoctrinamiento.
En esa oportunidad Tróccoli destacaba que efectivamente el país estaba transitando por un momento difícil, decía que era víctima de una complicada estrategia de subversión que, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, en una suerte de coincidencia tácita, se estaba tratando de abatir al sistema constitucional.
Tula Durán dudaba que realmente el proyecto del Ejecutivo fuera un remedio eficaz para la subversión.
Tróccoli argumentaba que aquella iniciativa no tocaba el fondo de la cuestión y que, por el contrario, se entraría en un sendero que podría coartar otras libertades que no tenían nada que ver con las vertientes subversivas.
El proyecto de ley antisubversiva enviado al Parlamento por el P.E.N. ya había sido aprobado por el Senado.
Porto consideraba que era necesario convertirlo en ley para erradicar la acción subversiva que se había propuesto afectar la seguridad interior de la República, crear el caos, subvertir las instituciones políticas, sociales y económicas; señalaba que el código vigente al tiempo del debate, sus figuras delictivas y sus correspondientes penas, eran manifiestamente insuficientes para preservar el orden institucional y la paz social.
Porto recordaba, en el recinto, la toma de comisarías y el asalto a cuarteles de las fuerzas armadas; recordaba los asesinatos con premeditación, con alevosía, con ensañamiento, por placer, para preparar, facilitar o consumar otros delitos; recordaba también las bombas, los secuestros, el pedido de rescates; planteaba con preocupación el imperio de la “ley de la selva” y consideraba que la voluntad general ya no era la obediencia. Algunos ya se preguntaban si la potestad otorgada al poder central se había dado a una autoridad que ya no regía, que aparentemente ya no era obedecida. ¿Qué pasaba con la voluntad general?, ¿tenía, o no tenía vigencia? frente a la voluntad de sectores minoritarios que se burlaban del pueblo y de la ley, de la Constitución, pretendiendo atentar contra las instituciones y acabar con la paz social.
Una y otra vez se calificaba a esa violencia, era “subversión y guerra” y ya muchos se negaban a permanecer cruzados de brazos, sin tomar rápidas medidas, frente a la alevosía, al ensañamiento, al homicidio por precio, a las sevicias graves, a las torturas, a los impulsos de perversidad brutal. Sostenían que no hacer nada frente a todo eso los haría cómplices de los que apuntaban al pecho de la democracia con una metralleta.
En aquel Congreso se aseguraba, cada vez con mayor fuerza, que estábamos frente a verdaderas organizaciones armadas, con mucho dinero, con uniformes, con muchas armas y que estaban atentando contra el orden institucional y contra la paz social. Proponían desde el oficialismo endurecer la legislación en materia penal para empezar, desde sus orígenes, a terminar, de una vez por todas -decían- , con la guerrilla y con la subversión que, según Porto, atentaban contra los derechos del pueblo y contra su soberanía.
Pero, desde la oposición, Day sostenía que el proyecto del Ejecutivo nada tenía que ver con la guerrilla, y desestimaba la idea de resolver el problema poniendo en marcha el aparato represivo o aumentando las penas, dejando a un lado los aspectos previos y preventivos, más eficaces y menos cruentos.
Day decía además que se perseguían las ideas y que eso era sumamente peligroso. Argumentaba que la ley en su afán persecutorio de las ideas, se introducía en la vida privada, por penar a quien fuera sorprendido con elementos de propaganda de las conductas tipificadas, como si en realidad tuviera un explosivo peligroso en su casa.
Day cuestionaba también el hecho de sancionar el Congreso una ley que podría afectar la libertad de prensa, poniéndole injustificados límites. Preocupaba la persecución y el castigo por un delito de pensamiento o ideológico.
El Partido Intransigente advertía que con un clima de zozobra y pesimismo, creado deliberadamente a través de diversas formas, con acción psicológica y con la acción de las fuerzas del terrorismo y del crimen, se iría llevando al pueblo a distanciarse del gobierno, si no se reaccionaba a Tiempo.
A la oposición le preocupaba y mucho que la anunciada represión, en nombre de la ley y la Constitución se hiciera en medio del caos, o sembrando el caos; Portero remarcaba la gravedad que implicaba correr el riesgo de invocar, en determinado momento, que la represión se realizara no contra el pueblo, ni con el pueblo; lo grave sería que se llegase a decir que se realizaba por el pueblo. “Eso sería lo peor que le podría ocurrir a nuestra democracia y a nuestros intereses nacionales”. Había que tener entonces un gobierno que dominase la situación, resultaba imprescindible.
Desde el mismo Congreso se expresaba que el remedio no era únicamente legislativo; se decía que estaba bien dictar y votar leyes de protección, pero no leyes de este tipo. Algunos insistían que el remedio debía ser esencialmente político.
Era fundamental que se intentase enfrentar el avance de la escalada terrorista.
Se proponían medida positivas a ejecutar frente al terror y la violencia y se exigía que no se hicieran desde el gobierno diferencias arbitrarias, imputando como causal válida la adherencia o adscripción a ideologías; que no se estuviera esperando día a día conocer la identidad de la víctima para enjuiciar el crimen, en vez de estar todos juntos buscando y hurgando para encontrar al victimario; y se agregaba que, nunca habría lógica ni justicia en los resultados del atentado. Portero afirmaba que en la Argentina no se inspiraba seguridad al pueblo mediante la represión.
Balestra sostenía que “Los crímenes contra la humanidad , donde exista una degradada perversidad contra el género humano, tampoco encuentran justificativos en tiempos de gobiernos constitucionales o de facto. En definitiva, la violencia es repudiable en cualquiera de sus manifestaciones; y ésta ha de ser una actitud constante, porque de no ser así, corremos el riesgo de que en nombre de supuestas motivaciones políticas o ideológicas, se legitimen determinadas formas de crímenes contra la humanidad, alentando así a la comisión de estos crímenes contra ella en otro tiempo”. También requería que se formase conciencia de que no era válida la táctica o la estrategia política de alentar a los criminales atroces a cometer los más vandálicos crímenes aunque fueran en nombre del sagrado derecho de que el pueblo recuperase el gobierno de sus instituciones, “porque luego, cuando se pida a estos aliados vandálicos paz y orden, responderán con guerra y anarquía por cuanto su vida es el caos, su finalidad es la anarquía , y sus designios inconfesables, la destrucción de todo vestigio de nacionalidad”.
Por aquellas horas ya se conocía la noticia de otro hecho luctuoso, habían asesinado al Dr. Silvio Frondizi , se estaban cumpliendo algunos vaticinios.
Un matutino, de la capital, días atrás había elaborado una macabra estadística que se analizaba en el recinto. El diputado Marino insistía en que aquella ley nos iba a doler a todos; nos iba a doler en nuestra carne y en nuestra sangre, y agregaba “¡Ojalá que no nos duela en nuestros hijos!!!”
Otros legisladores repetían que no se sabía quien mataba y sí se sabía quién moría. Moyano reclamaba el escarmiento público en cabeza de quien fuera responsable auténtico de tanto delito impune; hablaba del estado de sitio en la República, medida que debía propiciar -decía- el Poder Ejecutivo, porque era el que estaba en condiciones de merituar si había llegado o no el momento de la suspensión de las garantías constitucionales.
En aquella reunión del 28 de septiembre del '74, se comentaba que, según declaraciones públicas del Ministro del Interior, éste entendía que no había llegado el tiempo aún de declarar el estado de sitio. Algunos se preguntaban si la Policía Federal y las policías provinciales estaban dotadas de recursos económicos y materiales y si estaban suficientemente respaldadas en su accionar.
Según Jesús Mira estábamos ante dos tipos de terrorismo, individual o de grupos, uno de la ultraizquierda, “que independientemente de los altos fines que preconiza, creemos que sirven para perturbar el proceso de liberación, e independientemente de la buena voluntad que pueden tener algunos jóvenes que equivocadamente participan en los hechos, pensamos que están sirviendo al enemigo que ellos desean combatir”; otro de la ultraderecha, “que asesina, que mata, que secuestra todos los días en las calles de Bs. As., actuando con una impunidad tremenda”. Prueba de ello –decía Mira- es el asesinato que se cometiera contra una conocida figura política argentina, el señor Silvio Frondizi, por parte de la A.A.A., organización que tiene amenazados también a muchos señores diputados. Estos grupos contaban con medios cuantiosos y con una impunidad que es difícil de explicar; sin embargo –señalaba el diputado del P.C.-, contra este terrorismo de derecha muy poco o nada se dice. El proyecto en discusión apuntaría, si se lo analizaba, a los grupos terroristas de ultraizquierda -sostenían algunos diputados-.
Observaba Pedrini que al mismo tiempo que de todos los sectores políticos con representación parlamentaria se repudiaban los hechos del terrorismo, se buscaba triturar y destruir, por todos los medios, el instrumento legal que pedía el Ejecutivo Nacional, para tratar de abatir aquellos hombres jóvenes que precisamente no provienen -agregaba- de la clase trabajadora, puesto que llevan apellidos pertenecientes tal vez a la pequeña o mediana burguesía hacia arriba, y que atentan contra las instituciones del país -y seguía diciendo el Presidente del bloque Justicialista- “el día de mañana, cuando caiga abatido por las balas asesinas alguno de los integrantes de esta Cámara, no quisiera ver lágrimas en los ojos de quienes no le dan al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para reprimir este tipo de acciones. No tratemos de manotear las manijas del cajón del muerto y no hagamos discursos estentóreos y dramáticos lamentando la muerte de un diputado o de un senador nacional”. Terminaba diciendo, entre otras cosas, que la República estaba en guerra. Y además planteaba que no podía ser que todos los días personeros de la izquierda estuvieran asesinando a ciudadanos argentinos. Pedía definiciones claras, pedía terminar con el miedo, pedía que se votase esa ley enviada por el Ejecutivo. Aseguraba categóricamente que había miedo de votar aquella ley, y entonces decía que si había algo mejor que esa ley, que lo digan. “¡No queremos guitarreadas".
No sé qué les pasará a los demás, pero a mí me pasó que cuando leía algunos discursos, por momentos, me daba la impresión que en el Congreso había alguna pata de La Triple “A”; pero además sentí que, en ese mismo lugar habría hecho pie también la subversión.
Espero haberme equivocado en la impresión porque, de lo contrario, si esa sensación que tuve tiene algún asidero y si se confirmara, todos aquellos crímenes cometidos, por unos y por otros, habrían involucrado a la gran caja de resonancia de la democracia -que es el Congreso- y, por lo tanto, aquellos hechos impunes quedarían atrapados dentro de esa misteriosa caja de Pandora –el Terrorismo de Estado-; quedándonos como única esperanza un “NUNCA MÁS”, y el arrepentimiento.
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